Los bromistas telefónicos podrán ir 30 días presos - LA GACETA Tucumán

Los bromistas telefónicos podrán ir 30 días presos

El alperovichismo impuso un proyecto de ley que prevé sanciones a quienes realicen llamadas en falso a los números de emergencia. Opositores criticaron que se "parche" el Código de Contravenciones Policiales, declarado inconstitucional por la Corte de la Nación

05 Jul 2013
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CRÍTICO. El díscolo Vargas Aignasse dialoga Roque Álvarez (de espaldas).

Quienes llaman por teléfono a los servicios de emergencia del Estado para hacer bromas, desde ahora, deberán pensarlo dos veces. Ayer, el bloque alperovichista de la Legislatura sancionó una ley que contempla severas sanciones (multa, suspensión de la línea telefónica y hasta 30 días de arresto) para quienes se dediquen a estos "juegos".

"Desde el área de Salud nos transmitieron su preocupación porque se pierden vidas, según nos dijeron, por estas bromas. Fui en persona a constatar si era cierto, y me di con que la mayoría de los bromistas eran niños. Y el 80% de las comunicaciones son falsas denuncias", expuso Guillermo Gassenbauer, autor del proyecto e hijo del ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer. El alperovichista, además, remarcó que la norma servirá para que los padres refuercen la vigilancia sobre sus hijos.

En la oposición, en tanto, cuestionaron que la medida se implemente mediante la modificación de la ley provincial Nº 5.140, conocida como Código de Contravenciones Policiales (CCP). El 5 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió que el proceso previsto por el CCP "no está en condiciones de garantizar el estándar constitucional mínimo".

El oficialismo refutó estos cuestionamientos asegurando que se debe priorizar el hecho de "salvar vidas". "Hoy debemos hacer lo que está a nuestro alcance. Lo más importante de esto es generar conciencia a través de una norma punitiva", apuntó Gregorio García Biagosch (PJ).

Las críticas opositoras se basaron en el dictado de inconstitucionalidad del CCP. "Esto se debe tratar en cada caso, y sólo si una persona siente afectados sus derechos", remarcó Gassenbauer.

La radical Silvia Elías de Pérez, autora de un dictamen de minoría que proponía rechazar los cambios, remarcó que se resistía a "parchar" la ley Nº 5.140. "Insto a la Comisión de Seguridad y Justicia a impulsar una discusión hasta que le podamos regalar a Tucumán un Código de Contravenciones Policiales como se merece", afirmó. Su correligionario, Federico Romano Norri, agregó: "es hora de que esta Legislatura tome este tema como la seriedad que corresponde". El demócrata cristiano José Páez tampoco aceptó los cambios. "Esta ley (la 5.140) es un cadáver insepulto", manifestó. Y Ariel García (UCR) recordó que esa normativa "es un decreto-ley de la dictadura".

Prevención

El debate sobre la constitucionalidad del proyecto elevado por Gassenbauer (h) derivó en una discusión sobre las políticas de seguridad del Gobierno provincial. Aunque varios alperovichistas trataron de desvincular ambos temas, fue un integrante del bloque oficialista Tucumán Crece quien puso la mira en la prevención de ilícitos. "Hoy somos todos potenciales víctimas, y eso es un problema grande", indicó Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión de Seguridad y Justicia. Si bien confesó que el fallo de la CSJN pone de manifiesto que el CCP "es una ley mala", el ex diputado nacional defendió la sanción de la propuesta porque "puede permitir salvar vidas". "El saldo termina siendo positivo", rescató. Pero siguió lanzando indirectas a las políticas "antidelito" del PE. "Se debe terminar con este paradigma de seguridad. No puede ser que los policías sigan trabajando 24 horas, exigiendo al máximo su físico, y descansen las siguientes 48", indicó. Y pidió que se cree un registro público sobre quiénes realizan servicios adicionales. "En algún momento tenemos que atacar la causa del delito. A mí la gente en la calle no me pide leyes, me pide alarmas", destacó el díscolo.

Gassenbauer trató de separar las aguas, que para entonces ya estaban entreveradas. "Esto no tiene nada que ver con la política de seguridad", remarcó el hijo del ministro de esa área. E insistió en que se busca prevenir el uso en falso de los servicios de emergencias como el 107, Bomberos, la Policía y, próximamente, el 911. "Se busca que quienes insistan en esta conducta tengan una sanción pecuniaria, de suspensión de la línea o de hasta 30 días de arresto", indicó. Luego, recordó que también participó en la elaboración de un proyecto para modificar el CCP. "Es algo que debemos solucionar", admitió.

En el recinto

Tucumán ya podrá operar con el CEDIN
.- El debate sobre la aplicación en Tucumán por los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) ocupó buena parte de la sesión de ayer. Los parlamentarios adhirieron a la normativa nacional mediante la que se prevé que los particulares y empresas puedan blanquear dólares no declarados mediante certificados del Estado. La oposición criticó que la operatoria permita blanquear dinero de dudosa procedencia, como el narcotráfico o la trata de personas, pero los legisladores oficialistas hicieron hincapié en que la medida procura reactivar la economía y el mercado inmobiliario.

"Una simple aspirina", coincidieron los opositores.- La línea de crédito por $ 10 millones para que productores cañeros puedan financiar la cosecha y solventar los costos del flete fue avalada tanto por oficialistas como por opositores. Sin embargo, estos últimos sintetizaron que la ayuda será "una simple aspirina" para la enfermedad por la que atraviesa el sector azucarero, a raíz de la caída en el precio del producto.

Nuevos nombres para dos escuelas de Tafí Viejo.- En la sesión extraordinaria de ayer también hubo tiempo para que dos escuelas de Tafí Viejo tengan una nueva denominación. Así, el establecimiento ubicado en el barrio Policial III de Los Pocitos se llamará "Escuela del Bicentenario de la Patria"; en tanto, la escuela Técnica Nº 2 de Tafí Viejo, situada en el barrio Lomas de Tafí pasará a llamarse "Lomas de Tafí-Rector Horacio Raúl Descole".

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