"El Poder Judicial está bajo amenaza"

Roberto Gargarella (Buenos Aires, 1964) habla pestes sobre el paquete de reformas judiciales que el kirchnerismo denominó "democratización de la Justicia". Al discípulo del maestro Carlos Nino no le alcanzan los adjetivos para descalificar a las "criaturas legales" que acaba de parir el Congreso de la Nación: sin titubear dice que estas normas son antidemocráticas, verticalistas, impopulares, impolíticas, inmorales e inconstitucionales. En el bombardeo, fustiga la actitud complaciente de Justicia Legítima, el grupo encabezado por Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, y descarga una advertencia estremecedora: "el Poder Judicial está bajo amenaza".

Gargarella no reprime su opinión hipercrítica. No importa si se dirige a alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán; a la prensa; a colegas o a ciudadanos corrientes. A todos ellos aseguró este miércoles -una y otra vez- que, en aras de acumular "poder de amenaza", el Gobierno nacional desperdició una oportunidad histórica para hacer los cambios que la Justicia tanto precisaba.

Y lo explica así: "tal y como observó (el procesalista) Alberto Binder, modificaciones de esta índole confieren poder de amenaza al gobernante. Ocurrió con la Ley Antiterrorista: el oficialismo aseguró que no la iba a aplicar, pero su sola existencia ya genera temor más allá de la barbaridad de hacer una norma con la intención de no usarla. Ese miedo es lo que se busca. Lo mismo pasa con la reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación (CM): aun cuando ningún juez vaya a ser destituido, la perspectiva de una remoción fácil es suficiente para atemorizar. Al poder político le basta con mover un expediente para perturbar al juez que tiene un caso de corrupción".

-¿Qué es "democratizar" la Justicia?

-Democracia es cercanía entre el pueblo y sus representantes. Existiendo tantas reformas a mano para ayudar a los pobres a acceder a los Tribunales, el oficialismo optó por añadir obstáculos y trabas, como la restricción de las cautelares y la creación de nuevas cámaras de Casación. Para un trabajador, esto último implicará tres o cuatro años más de pleito. Uno siente, por un lado, una gran pena por la pérdida de oportunidad para hacer modificaciones importantes y, por el otro, preocupación por el tipo de cambios impuestos, sobre todo si se piensa el Derecho desde la perspectiva de los que viven en peores condiciones.

-¿Cuál es, entonces, el objetivo concreto de esta reforma?

-El motor principal fue obviamente la pelea del Gobierno con el grupo Clarín. Por eso es una lástima porque si un día el presidente de esa empresa presenta un hábeas corpus, ¿el Gobierno también va a arrasar con esa institución? Lo más preocupante es que algunas de las reformas son golpes adicionales a sectores desfavorecidos como el de los jubilados. En la lucha de los derechos sociales, las cautelares han cumplido un papel extraordinario, ¿por qué debilitarlas? La ampliación del acceso a la Justicia aconsejaba acortar los plazos de los juicios y proteger las medidas precautorias, pero aquí se hizo al revés. Esto es un ejemplo casi caricaturesco de lo que en una democracia no se debe aceptar: modificar las reglas de juego para beneficiar al jugador dominante.

-El oficialismo se rebeló contra la idea de la Justicia como un poder contramayoritario...

-Yo escribí una tesis doctoral sobre este tema. Las críticas que se hacen al carácter contramayoritario de la Justicia no se salvan "partidizándola" o haciendo que esta quede sometida al poder político: se salvan estrechando los vínculos entre jueces y ciudadanos, cosa que no sucederá en este caso. Se dice que el Poder Judicial es contramayoritario porque sus miembros no son elegidos ni removidos directamente por el pueblo. La parte interesante de esto es que para las mayorías ya tenemos dos herramientas institucionales: los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ellos salen del pueblo y, por eso, se asume que la mayoría ya está protegida. Pero como a la democracia también le interesan las minorías, la pregunta es cómo hacemos para protegerlas y, en consecuencia, se pensó en un órgano que no dependa de las mayorías. Claro, a veces los Tribunales no hacen esto y, entonces, quedan como un poder que no depende del voto popular y que tampoco cobija a los grupos minoritarios. Pero hay muchas cosas que pueden intentarse para ir en la dirección deseada...

-¿Qué ocurrirá con este paquete de leyes judiciales?

-No tengo dudas de que todo lo que se ha hecho es inconstitucional, pero, como el Poder Judicial está bajo amenaza, no está tan claro que los jueces se vayan a animar a tocar la nave mayor de la reforma, que es la enmienda al CM. La reforma judicial provocó un gran malestar dentro de la academia, las ONG y la magistratura, incluso en los sectores afines al oficialismo que prefirieron llamarse al silencio.

-¿La manifestación del 18A expresa que el enojo llegó al ciudadano común?

-La gente, y sobre todo, los grupos más desaventajados, no está pensando todos los días en la Justicia ni mucho menos. Pero hay reservas morales para resistir lo que se percibe como un abuso. Aquí se está produciendo algo similar a lo que pasó cuando (el ex presidente Carlos) Menem buscó la tercera reelección. La población no está pendiente de la Constitución, pero sí siente bronca frente a excesos como esta reforma. No quiero ser un analista de lo social, pero mi impresión es que existe un enojo extendido. Si preguntamos a los sectores populares seguramente encontraremos que estos no quieren que la Justicia sea como es, pero tampoco entregarla al poder político. Aquí hay un ataque del Gobierno y un Poder Judicial que debe ser reformado: lástima que no se haya dado respuesta a esa necesidad.

ACADÉMICO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Roberto Gargarella es un abogado y sociólogo formado en las universidades de Buenos Aires (UBA), Chicago (EEUU) y Oxford (Reino Unido). Ejerce la docencia en la Di Tella y la UBA, y es profesor invitado de escuelas de Derecho estadounidenses y europeas. Becario Fulbright y Guggenheim, publicó entre otros ensayos "Nos los representantes" (1995), "Crisis del sistema representativo" (1996), "La justicia frente al gobierno" (1996) y "Teoría y crítica del Derecho Constitucional" (2008).