El bono que vivió hasta el siglo XXI

El bono que vivió hasta el siglo XXI

Con Riera se sancionó la ley que autorizó la emisión de $ a 10 millones en julio de 1985. Sourrouille cambió las reglas. Cruces entre peronistas y radicales. Alfonsín

En 1985 volvieron a circular bonos públicos en Tucumán para aliviar la situación fiscal del gobierno de Fernando Riera. Sus antecesores Juan Bautista Bascary en 1917, y Lázaro Barbieri, en 1964, apelaron a remedios similares.

La historia que empezó con Riera, terminó en julio de 2003, durante el gobierno de Julio Miranda, cuando se rescataron 169 millones de pesos.

La emisión original había sido de 10 millones de australes. Una danza de millones que corrió pareja con los altibajos de la economía argentina y de las gestiones de Domato, Aráoz (interventor federal), Ortega, Bussi y Miranda.

Cambio de ministro
El verano del 85 transcurrió en medio de agudas tensiones políticas y financieras. Febrero, en ese sentido, marcó un quiebre de intenso impacto.

En esa época, Juan Vital Sourrouille había reemplazado en el Ministerio de Economía a Bernardo Grinspun. La situación económica no había hecho más que agravarse, con una inflación creciente. La actividad industrial caía y la desocupación subía. El clima social se encrespaba en el país y en Tucumán.

Algunas provincias, con sus presupuestos desbordados, optaron por la emisión de bonos, lo que ponía de relieve la situación monetaria

(Claudio Bellini y Juan Carlos Korol, Historia económica de la Argentina en el siglo XX, Buenos Aires, Siglo XXI; Buenos Aires, 2012). Tucumán sería una de ellas.

Las opciones
El ministro de Economía, Vicente Navarro, adelantó el 14 de febrero que el gobierno oscilaba entre la colocación de bonos de deuda y la toma de un empréstito.

Admitió que la experiencia del bono salteño, parecía más interesante, aunque era objetada por el FMI. Ocurre que el gobierno de Roberto Romero había usado ese medio para pagar el sueldo a los estatales, dejando de lado su objetivo oficial: la atención de la deuda de los proveedores.

Los compromisos impagos de Tucumán ascendían casi a 1.500 millones de pesos. Hacia el otoño, el cuadro empeoraba.

Resultan insuficientes los recursos que se reciben desde la Nación en relación con los gastos, reveló Navarro el 25 de abril.

Los ingenios quieren pagar pero no pueden hacerlo; el Banco Provincia no puede brindarles créditos, advertía.

Navarro achacaba las dificultades que afrontaba el banco estatal a la reforma financiera que estrechó su margen de maniobra.

Las provincias están entrando en un tobogán muy peligroso: no sé si por imposición del FMI o por restricciones de la política monetaria, se sinceró. La presión sindical hizo que Navarro presentara su renuncia, porque no podía saldar diferencias salariales. Dejó el cargo el 21 de julio.

La opción final
Para enfrentar la crisis, Raúl Alfonsín lanzó en junio el Plan Austral, que incluyó el reemplazo del peso argentino por el austral, la baja del gasto público y el control de la inflación.

Riera, a todo esto había optado por el bono, cuyo proyecto de ley empezó a debatirse en la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, en junio.

La situación financiera de la provincia empeora cada vez másy las tasas de inflación consumen el presupuesto , dijo Navarro. Va a haber desfinanciamiento, presionó el 10 de julio.

Al recinto
La disputa entre peronistas y radicales se desarrolló en la Legislatura. El PJ se impuso.

En Diputados, el proyecto que autorizaba imprimir 10 millones de australes en bonos; se aprobó por 23 votos a 14. La UCR argumentó que se trataba de un empréstito, por lo que debía contar con 27 votos positivos, según la Constitución de 1907. Se basó en un dictamen del Tribunal de Cuentas pedido por la Cámara. El justicialismo rechazó el planteo radical, ya que sostenía que bastaba una mayoría simple de votos. Es el resultado de la empleomanía, dijo el opositor Armando Neri Santillán, al cuestionar el desequilibrio presupuestario que justificaba el bono. Su correligionario Alfredo Terraf habló de un ataque al plan económico de Alfonsín.

Es una solución excepcional para una situación que no es simple, aseveró Eduardo Castro (PJ). Jesús María Martínez, titular de la Cámara, abogó por la constitucionalidad de la ley.

En el Senado, la discusión se desplegó por cauces similares. La UCR alegó que era un empréstito, pero el PJ descartó la opinión opositora, al sancionar la ley por 10 votos a 6, en la sesión del 24 de julio,

Hugo Lazarte (PJ) fustigó a Barbieri por haber emitido bonos por decreto. El radical Ramón Isauro Martínez le replicó que el ex gobernador rescató esos títulos. La ley 5.728 habilitó la primera emisión de bonos.

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