04 Abril 2013
RELACIÓN CONFLICTIVA. Choferes bregan por el blanqueo de sus salarios. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Quiso dar los primeros pasos pero murió en el intento, apenas cruzó las puertas del Concejo Deliberante capitalino. La figura del arrendatario para establecer la relación laboral entre los propietarios de taxis y los choferes fue desechada de plano por los propios concejales alperovichistas.
La iniciativa había sido presentada, el año pasado por la Asociación de Conductores de Taxis de Tucumán (Acott) y semanas atrás fue reflotada, casualmente, por el edil alperovichista, titular del bloque del PJ y presidente de la comisión de Transporte, Esteban Dumit. La posibilidad de crear la figura del arrendatario fue resistida desde un primer momento por el Sindicato de Peones de Taxis, cuyos dirigentes bregan desde hace tiempo por el blanqueo de sus trabajadores.
Ayer, al ser consultados por LA GACETA, los alperovichistas Ramón Santiago Cano, Ignacio Golobisky, Javier Morof, Ernesto Nagle y José Ramos señalaron que lo más conveniente para el ejercicio de la actividad sería la implementación de la "mandataria" como figura legal. No obstante, los ediles aclararon que el Concejo Deliberante no tiene potestad para legislar en materia laboral.
La mandataria funciona como una empresa que se encarga de alquilar taxis para su explotación. Esta misma firma es la que se hace cargo de contratar a los choferes y abonarles su salario, de acuerdo al convenio colectivo de la actividad. Según asegura el titular de Sindicato de Peones de Taxis, Carlos Pizarro, la "mandataria" alcanzó "buenos resultados" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a partir de 2008, cuando se firmó el convenio colectivo de trabajo que rige para los choferes de taxis.
Si bien la idea es compartida por casi todos los ediles, el proyecto fue rechazado por el radical José Luis Avignone y por el bussista Claudio Viña. "Estoy en contra tanto del arrendatario como de la mandataria. El chofer debe ser empleado del dueño del taxi", sostuvo Avignone. En tanto, Viña opinó: "no se puede, en una ordenanza que tiene que definir cómo debe prestarse un servicio público, andar predicando sobre cómo debe ser la relación laboral. No podemos legislar en materia laboral". "La figura del arrendatario genera aún más incertidumbre al trabajador, que sin tener capital, tendrá que hacerse cargo de un vehículo con todos los riesgos que eso implica", agregó Viña.
La iniciativa había sido presentada, el año pasado por la Asociación de Conductores de Taxis de Tucumán (Acott) y semanas atrás fue reflotada, casualmente, por el edil alperovichista, titular del bloque del PJ y presidente de la comisión de Transporte, Esteban Dumit. La posibilidad de crear la figura del arrendatario fue resistida desde un primer momento por el Sindicato de Peones de Taxis, cuyos dirigentes bregan desde hace tiempo por el blanqueo de sus trabajadores.
Ayer, al ser consultados por LA GACETA, los alperovichistas Ramón Santiago Cano, Ignacio Golobisky, Javier Morof, Ernesto Nagle y José Ramos señalaron que lo más conveniente para el ejercicio de la actividad sería la implementación de la "mandataria" como figura legal. No obstante, los ediles aclararon que el Concejo Deliberante no tiene potestad para legislar en materia laboral.
La mandataria funciona como una empresa que se encarga de alquilar taxis para su explotación. Esta misma firma es la que se hace cargo de contratar a los choferes y abonarles su salario, de acuerdo al convenio colectivo de la actividad. Según asegura el titular de Sindicato de Peones de Taxis, Carlos Pizarro, la "mandataria" alcanzó "buenos resultados" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a partir de 2008, cuando se firmó el convenio colectivo de trabajo que rige para los choferes de taxis.
Si bien la idea es compartida por casi todos los ediles, el proyecto fue rechazado por el radical José Luis Avignone y por el bussista Claudio Viña. "Estoy en contra tanto del arrendatario como de la mandataria. El chofer debe ser empleado del dueño del taxi", sostuvo Avignone. En tanto, Viña opinó: "no se puede, en una ordenanza que tiene que definir cómo debe prestarse un servicio público, andar predicando sobre cómo debe ser la relación laboral. No podemos legislar en materia laboral". "La figura del arrendatario genera aún más incertidumbre al trabajador, que sin tener capital, tendrá que hacerse cargo de un vehículo con todos los riesgos que eso implica", agregó Viña.
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