Sutrappa, que los cumplas feliz

Los primeros días de abril de 2006 la plaza Independencia se había transformado en algo muy parecido a un ghetto. La ciudad había sido sitiada por un ejército de remiseros al servicio de los Ale. Las desafiantes hordas hacían valer su prepotencia ante la inminente unificación del sistema de taxis y remises. El por aquel entonces reciente crimen de la joven Paulina Lebbos activó de manera obligada los herrumbrados resortes institucionales y se buscó ponerle fin al atropello de la familia que supo congeniar con el poder de turno. Y el miércoles 12 de abril de ese año, los concejales debieron sesionar a escondidas para evitar las represalias de los Ale y aprobar la ordenanza N° 3.713 que le dio vida al nunca bien ponderado Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa). Una sigla de muchas letras, pero que dio muy pocos resultados con el paso del tiempo. Porque a siete años de su creación fue muy poco lo que cambió. El crimen de la joven estudiante de periodismo sigue impune y la cuestionada repartición continúa sin dar las respuestas esperadas.

En el medio aparecieron un sinnúmero de promesas por parte de funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal y las constantes prórrogas barnizadas con tinte demagógico que los concejales -oficialistas y opositores por igual- fueron concediendo, paulatinamente, a los taxistas que no cumplían con las normas. Así, la repartición que fue creada para ordenar el caótico sistema se convirtió, con el paso de los años, en una oscura cueva donde anidó la corrupción municipal. Las denuncias sobre la venta de licencias truchas -hasta de personas fallecidas- y la falta de control a los autos ilegales se tornaron inmanejables, a tal extremo que dos ex titulares del Sutrappa (Adrián Mansilla y José Abregú) debieron irse por la ventana, sospechados por acción u omisión de los desaguisados producidos en el edificio de la ex terminal de ómnibus. Los resultados están a la vista: de los 8.000 vehículos que fueron inscriptos en 2006, sólo 2.000 cuentan con una licencia definitiva adjudicada por decreto. El resto se desconoce. Porque pese a que el año pasado el municipio encaró un reordenamiento administrativo, actualmente es un misterio la cantidad exacta de permisos que fueron dados de baja y quiénes fueron sus titulares, así como también, el número de taxis que circulan en la ilegalidad. Luego del alejamiento de Abregú de la repartición y de la purga administrativa a siete empleados, el intendente Domingo Amaya prometió cambios sustanciales con la llegada de los abogados Víctor Mascaró y José Augusto Lefebvre al frente del Sutrappa y de la Dirección de Transporte, respectivamente. Pero como si formaran parte de una logia, Mascaró y Lefebvre se manejan en el más profundo hermetismo. Tal es el cerrojo informativo que hasta a los propios concejales les cuesta obtener datos de la repartición.

El otoñal abril que se despabila aparenta traer nuevos vientos de cambio. Los concejales de la capital hicieron un mea culpa y reconocieron que tienen parte de la responsabilidad en el mal funcionamiento del sistema de taxis. Son conscientes de que las constantes prórrogas otorgadas a los dueños de los autos de alquiler abrieron un agujero legal que ahora es difícil cerrar. Es por ello que desde la comisión de Transporte intentarán enmendar los sucesivos errores con una sustancial modificación de la ordenanza Nº 3.713. La reducción significativa de autos que prestarán el servicio, la pelea contra los testaferros y la imposición de multas más severas para las agencias que operen con vehículos truchos son algunos de los cambios que prometen los ediles. En el cumpleaños del Sutrappa, los usuarios piden un solo regalo: que esas promesas se conviertan en hechos. Tan simple como eso.