Concejales radicales denuncian que Morelli compra voluntades con viviendas estatales

Según los ediles, el municipio busca desalojar a una persona para entregar esa casa a otra

03 Abril 2013
Los concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) en Concepción, Carlos Olarte, Eduardo Carrizo y Alfredo Estéfano denunciaron que el intendente de "La Perla del Sur", Osvaldo Morelli, destina dinero público a la compra de voluntades. Más precisamente, los ediles hablaron de la utilización de casas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).

"Una vecina nos dijo que la Municipalidad la estaba desalojando. Nos mostró la cédula de desalojo, solicitada por el intendente, con el patrocinio del abogado del municipio Fernando Manzano. Nos mostró también una carta documento que le envió el Ipvdu, por la que le informan que el inmueble corresponde a la Municipalidad de Concepción y que le fue asignado a otra persona, mediante acta emitida en mayo de 2011 por el municipio", señaló Olarte.

A criterio de los concejales radicales, esta situación demuestra que el Ipvdu entrega a organismos que solicitan la edificación de barrios un porcentaje de las viviendas a realizar, para que estos resuelvan a quién las ceden. Olarte, Carrizo y Estéfano no cuestionan esta operatoria, para los casos de entidades sin fines de lucro cuyos dirigentes se esforzaron para adquirir los terrenos, ya que podrían perderlos si fueran a sorteo. "Pero en el caso de una Municipalidad esto se llama compra de voluntades con dinero público", indicaron.

El trío denunciante agregó que la anomalía ya era conocida entre los concepcionenses, pero que nadie contaba con una prueba fehaciente. "Estos documentos (la cédula de desalojo y la carta documento) demuestran que en las municipalidades se montan sistemas de adjudicación de viviendas paralelos sin control, a cambio de votos para perpetuarse en el poder", manifestó el concejal Olarte. Los ediles opositores, además, cuestionan que Morelli se haya arrogado la atribución de disponer de esa vivienda, debido a que, según afirmaron, todo acto de enajenamiento, alquiler u otra disposición de un bien municipal debe contar con el aval del Concejo Deliberante. "¿Cuál es el criterio de disposición y quién lo ejecuta y decide? Como se demuestra en este caso, en vez de solucionar un problema de vivienda crean un conflicto de pobres contra pobres", protestaron. Y consideraron que si los municipios pueden disponer de un porcentaje de viviendas, resultaría necesario un mecanismo -publicitado y avalado por el Concejo Deliberante- para determinar criterios de distribución de esas casas.

De hecho, pidieron que tal mecanismo comience a regir para las viviendas que se edificarán este año en esa ciudad. "El Gobierno anunció la construcción, para este año, de 250 viviendas en Concepción. Queremos saber cuál es el cupo que le cederá el Ipvdu al municipio, por ser organismo solicitante de esas casas. Dado el mal manejo del cupo cedido al municipio, que se manifiesta en la necesidad de gastar en juicios y en desalojar familias necesitadas de vivienda, no podemos confiar en la forma en que se viene procediendo hasta ahora", puntualizaron los ediles.

Adelantaron que pedirán al Ipvdu que informe la cantidad y la ubicación de las viviendas cedidas a la Municipalidad. "El hecho de que se demuestre la compra de votos, especulando con la necesidad de la gente, ya es condenable. Pero hacerlo con dinero público, extorsionando a gente necesitada de una vivienda -algo que hoy es considerado un derecho- resulta un hecho grave que investigaremos hasta las últimas consecuencias", prometió Olarte.

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