Choferes exigen el blanqueo y se niegan a ser arrendatarios

Choferes exigen el blanqueo y se niegan a ser arrendatarios

Ediles alperovichistas, sin el aval del amayismo, promueven modificaciones al Sutrappa. "Los peones tenemos un convenio colectivo. Somos trabajadores en relación de dependencia", sostuvo el dirigente Carlos Pizarro

EN NEGRO. Desde el sindicato afirman que sólo el 15% de los choferes de la capital están registrados. LA GACETA / FOTO DE ANALíA JARAMILLO (ARCHIVO)  EN NEGRO. Desde el sindicato afirman que sólo el 15% de los choferes de la capital están registrados. LA GACETA / FOTO DE ANALíA JARAMILLO (ARCHIVO)
16 Marzo 2013
El proyecto de reforma integral del sistema de taxis en la capital que impulsa el alperovichismo fue cuestionado por los choferes de taxis. Pero, principalmente, criticaron el punto del borrador que prevé crear la figura del arrendatario.

"De ninguna manera vamos a permitir que se implemente esta figura que va en desmedro del trabajador. A nosotros, los choferes, nos rige el convenio colectivo de trabajo que regula nuestra actividad. Nos oponemos rotundamente a que prospere este proyecto", expresó a LA GACETA el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Tucumán (SPTT), Carlos Pizarro.

A comienzos de esta semana, el concejal alperovichista Esteban Dumit anunció cambios de fondo en la ordenanza Nº 3.713 mediante la que se creó -en 2009- el Sistema de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa). El edil adelantó que se busca derogar la figura del monotributo que fue creada en 2008 para los choferes y reemplazarla por la figura del arrendatario. También propuso disminuir la cantidad de taxis que circulan por la capital, ampliando el número de habitantes por cada taxi. La idea es que solamente circulen 5.000 autos.

La propuesta alperovichista fue criticada por los concejales amayistas, quienes cuestionaron que Dumit "se haya cortado solo" y no consensuado los cambios con todo el bloque de PJ.

"Nosotros, como sindicato, le enviamos una nota a Dumit mediante la que expresamos nuestro total desacuerdo a la implementación del monotributo. En 2008 perjudicaron a los peones de taxis con esa ordenanza y ahora quieren que seamos arrendatarios. No están respetando nuestro convenio colectivo de trabajo. Nosotros somos trabajadores en relación de dependencia, debemos percibir un sueldo en blanco y nos tienen que hacer todos los aportes de ley correspondientes", fundamentó Pizarro. El sindicalista anunció que el próximo miércoles concurrirán a la comisión de Transporte del Concejo Deliberante para plantear su rechazo a la iniciativa alperovichista.

Según Pizarro, el 15% de los choferes de taxi que prestan su servicio en la capital trabajan en el relación de dependencia y cuentan con obra social. Según cálculos extraoficiales que realizó el sindicato, ascenderían a 10.000 los peones de taxi que se encontrarían en actividad.

"En estos momentos estamos realizando un relevamiento junto con la Secretaría de Trabajo de la provincia. Hasta el momento realizamos 400 inspecciones y arrojaron el dato de que sólo el 15% o 20% de los trabajadores está en blanco", señaló.

El dirigente sostiene que la figura del arrendatario no está contemplada por la legislación vigente y atenta contra el convenio colectivo que rige la actividad. "Distinto sería que se cree la figura del mandatario o de la administradora. Este es una figura de arriendo de vehículos. Una empresa recibe autos de alquiler, los explota y contrata a los choferes que deben estar en relación de dependencia", planteó Pizarro, al tiempo que agregó: "mientras tanto, nosotros nos encontramos en alerta y movilización. Espero que este proyecto no prospere".

Piden sanciones

La Asociación de Conductores de Taxis de Tucumán (Acott) elevó un pedido al Concejo para que, por medio de una ordenanza, se sancione a los funcionarios responsables del Sutrappa cuando estos no hagan cumplir las normas aprobadas por el cuerpo deliberativo municipal. El representante de este sector, Julio Rodríguez, confirmó que paralelamente presentó otra iniciativa que prevé la creación de una "comisión de seguimiento", la que estaría integrada por ediles, funcionarios, usuarios, gremialistas y por un miembro de la Defensoría del Pueblo.

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