Operación Olímpica
Operación Puerto, se sabe, es el nombre de la que muchos consideran la mayor redada policial en la historia del doping. Sucedió en 2006 en Madrid y ahora, siete años después, deriva en un juicio de dimensiones inéditas que inició hace ya un mes en la capital española. Pero en 2006, cuando estalló el escándalo, dopar a deportistas no era delito según la ley española. Por eso, el juicio de estos días, aunque desnude como pocas veces un poderoso sistema de doping, sólo apunta contra un médico (Eufemiano Fuentes) y cuatro asistentes. Y, peor aún, apenas los acusa de delitos contra la salud pública. Un delito que contempla penas de hasta dos años de prisión.

Al año siguiente de estallado el escándalo, el gobierno español impulsó una ley antidoping. Lo hizo para que, después de dos fracasos seguidos, la tercera sea la vencida y el Comité Olímpico Internacional (COI) vote por fin a Madrid como sede de los Juegos de Verano del año 2020. La creación de la ley y el juicio de Operación Puerto, confían en España, eliminarán desconfianzas anteriores y darán el triunfo olímpico a Madrid cuando el COI vote en setiembre próximo en Buenos Aires. ¿Desconfianzas anteriores? Sí. Primero fueron porque los ciclistas españoles comenzaron a ganar como nunca en el Tour de Francia y en otras pruebas de renombre a partir de los '90, de la mano de la aparición de la EPO (eritropoyetina), la droga que revolucionó al deporte. La sospecha, justo o no, se extendió al tenis. El propio Rafael Nadal, burlado hace sólo meses por unos muñecos de músculos hipertrofiados en un programa satírico de Francia, salió a decir en estos días que desea que se conozcan los nombres de todos los deportistas implicados en Operación Puerto. Sabe que su nombre alguna vez fue puesto bajo sospecha y que muchos lo siguen mirando. A él le preguntan siempre del tema, no a Roger Federer. Y del tenis se pasó al fútbol. Saltó ya el nombre de un primer club supuestamente implicado (Real Sociedad). Se sospecha de clubes más pesados.

El juicio de Operación Puerto, según parece, terminará muy probablemente con condenas para Fuentes y sus ayudantes. Una buena mayoría de ciclistas ha sido funcional a la ley de la omertá, la ley del silencio mafioso. "No recuerdo", repitieron como loros en las últimas semanas ante el tribunal. Pero la jueza Julia Santamaría escuchó también testimonios lapidarios respecto del frágil sistema de transfusiones de sangre que practicaba Fuentes a sus clientes, para que así tuvieran músculos más potentes y resistentes que el resto. La manipulación precaria y clandestina de por lo menos 200 bolsas con sangre de deportistas debería constituir claramente un delito contra la salud pública. Pero eso hoy, a siete años de los hechos y con penas tan menores que puedan aplicarse, parece importar poco. Lo que más importa ahora es saber a qué deportistas pertenecían las bolsas de sangre secuestradas en el laboratorio de Fuentes.

"¿Quiere los nombres? Puedo identificar a cada una de ellas", dijo a la jueza el propio Fuentes apenas comenzado el juicio. "No es necesario", respondió la jueza. Cuentan que buena parte de los periodistas presentes en la sala se llevó las manos a la cabeza. "No es el doping lo que se juzga aquí y, por eso, se hace doblemente necesario respetar la privacidad de los deportistas", fue el argumento oficial. Las palabras de la jueza fueron interpretadas como un búmeran para las aspiraciones del deporte español de limpiar las sospechas de que sus autoridades encubren el doping. "La farsa continúa", criticó el diario francés L'Equipe al día siguiente. "No quieren llegar al fondo", agregó Le Monde. The Telegraph escribió: "parece como si se quisiera preservar a la elite del deporte español". Y el italiano La Gazzetta dello Sport acusó a la justicia de "jugar al catenaccio".

Persistente, la Agencia Mundial Antidoping (AMA) aguarda que, cuando finalice el proceso, la jueza Santamaría acepte su petición de entregar todas las bolsas de sangre para que, finalizada la actuación de la justicia ordinaria, comience a intervenir la justicia deportiva. Así fue el caso del ciclista Lance Armstrong, que ganó inicialmente un juicio civil, pero fue condenado luego por los tribunales del deporte. El Tour de Francia difundió esta semana un video promocional de su próxima edición. Directamente borró a Armstrong de todos los registros.

La Guardia Civil secuestró del laboratorio de Fuentes 99 bolsas de plasma y 74 de sangre. Se mantienen congeladas en el laboratorio antidoping de Barcelona. También fueron secuestradas dos listas, una con 17 y la otra con 32 ciclistas. Los nombres que aparecen escritos, en rigor, son apodos que usó Fuentes para identificar a sus clientes. Números, nombres de sus perros, siglas… jamás el nombre verdadero. No obstante, muchos de ellos ya fueron filtrados a través de investigaciones judiciales en otros países, sentencias deportivas o informes de la prensa. Jan Ullrich, Tyler Hamilton, Santiago Botero, Iván Basso, Roberto Heras, Alejandro Valverde son apenas algunos de los grandes campeones que, ya es oficial, fueron clientes del médico español. La AMA quiere las bolsas de sangre para así hacer pruebas de ADN que permitan descubrir los nombres que aún permanecen anónimos. Porque no se trata solo de ciclistas. El propio Fuentes confesó que entre sus clientes tuvo también a tenistas, atletas y futbolistas.

El ciclismo, que se siente un chivo expiatorio, es el principal interesado en que se conozca todo. Quiere dejar de ser mencionado como el único deporte cómplice del doping. El proceso que finalmente pueda permitir a la AMA o a las Federaciones deportivas tener esas bolsas podría demorar hasta un año y medio. Se cree que los hábiles abogados que ya lograron que el juicio de Operación Puerto comenzara después de siete años harán otra vez todo lo posible para estirar la causa hasta el infinito. Peor aún, el propio juicio iniciado hace un mes en Madrid sufre hoy situaciones de precariedad extrema, desde problemas insólitos con traductores que no dominan el lenguaje técnico de los médicos, hasta una jueza obligada a llevar ella misma, a falta de personal, la constancia escrita de algunos testimonios. La jueza Santamaría pidió refuerzos consciente de que la prensa internacional tiene una lupa puesta en el proceso, pero no tuvo éxito. Debe arreglarse con el personal de siempre. Ni siquiera se pagan las horas extras.

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