09 Junio 2012
La primera semana de plenarios de comisiones en Diputados para debatir los proyectos que buscan modificar la ley de estupefacientes dejó una conclusión: hay un amplio consenso para que se desincrimine a quienes tienen drogas para consumo personal. Al menos eso se escuchó luego la exposición del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, la fiscal Mónica Cuñarro y otros expertos como Alberto Calabrese, titular de la Dirección Nacional de Adicciones.
"La política criminal (respecto de las drogas) es absurda", consideró Zaffaroni. El juez firmó en 2009 junto al resto de los integrantes del Tribunal Supremo el "fallo Arriola", que absolvió a un consumidor de marihuana al declarar inconstitucional uno de los artículos de la actual ley porque castiga la acción privada de los hombres. "El efecto de prohibición al consumidor no ha tenido eficacia a nivel preventivo. Estamos mal usando recursos y facilitando canales de abuso e intromisión personal de la Policía", remarcó Zaffaroni. Ignacio O'Donnell, funcionario de la Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), dijo: "creemos que el tratamiento de adicciones debe tratarse desde la salud y no por el sistema penal. La penalización del consumo no logró atacar el narcotráfico, ha fomentado la corrupción y la injusticia, en especial en poblaciones excluidas". El funcionario pidió una nueva norma que prevea un aumento en las penas para los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico y sobre el desvío de precursores químicos.
Cuñarro, que coordinó el Comité Científico Asesor en materia de drogas, aseguró que la política aplicada hasta ahora fue "absolutamente ineficiente" en la lucha contra el tráfico y en los temas de asistencia a la salud de los adictos. "No hay que estigmatizar a nadie por ser un adicto de lo que sea. Además, es imprescindible un plan de prevención y camas para atender a los adictos. En los '90 el Estado se corrió y al pibe adicto no lo quiere nadie", dijo.
Calabrese consideró que el adicto no es un enemigo. "Tenemos problemas de drogas en una sociedad de consumo que nos obliga a consumir de todo", sintetizó.
"La política criminal (respecto de las drogas) es absurda", consideró Zaffaroni. El juez firmó en 2009 junto al resto de los integrantes del Tribunal Supremo el "fallo Arriola", que absolvió a un consumidor de marihuana al declarar inconstitucional uno de los artículos de la actual ley porque castiga la acción privada de los hombres. "El efecto de prohibición al consumidor no ha tenido eficacia a nivel preventivo. Estamos mal usando recursos y facilitando canales de abuso e intromisión personal de la Policía", remarcó Zaffaroni. Ignacio O'Donnell, funcionario de la Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), dijo: "creemos que el tratamiento de adicciones debe tratarse desde la salud y no por el sistema penal. La penalización del consumo no logró atacar el narcotráfico, ha fomentado la corrupción y la injusticia, en especial en poblaciones excluidas". El funcionario pidió una nueva norma que prevea un aumento en las penas para los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico y sobre el desvío de precursores químicos.
Cuñarro, que coordinó el Comité Científico Asesor en materia de drogas, aseguró que la política aplicada hasta ahora fue "absolutamente ineficiente" en la lucha contra el tráfico y en los temas de asistencia a la salud de los adictos. "No hay que estigmatizar a nadie por ser un adicto de lo que sea. Además, es imprescindible un plan de prevención y camas para atender a los adictos. En los '90 el Estado se corrió y al pibe adicto no lo quiere nadie", dijo.
Calabrese consideró que el adicto no es un enemigo. "Tenemos problemas de drogas en una sociedad de consumo que nos obliga a consumir de todo", sintetizó.
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