Medida fiscal que no ataca el problema de fondo

La certeza de que este año la Provincia soportará una fuerte caída en sus ingresos llevó al Poder Ejecutivo tucumano a echar mano a herramientas que pueden garantizar niveles de recaudación que permitan mantener las crecientes erogaciones públicas. Primero, se proyectaron cambios en el Código Tributario con el propósito de acorralar más a los contribuyentes y luego se avanzó sobre un incremento de un punto porcentual en la alícuota de Ingresos Brutos, de 2,5% a 3,5%, para el comercio mayorista y minorista, la construcción y los bancos. Habrá un reajuste de 0,5% en la alícuota que se cobra por el impuesto a la intermediación financiera. Con esto, los bancos deberán tributar un 6%. La iniciativa será tratada mañana en la Legislatura, pese al cúmulo de quejas que generó entre entidades empresarias intermedias y profesionales.

El Gobierno provincial estima que este año se registrará una caída del 5% en las transferencias coparticipables respecto de lo presupuestado en Tucumán, lo que representa entre $ 360 millones y $ 400 millones hasta fines de año. Este monto es el que el gobernador, José Alperovich, calcula que se puede recaudar adicionalmente con el aumento de las alícuotas en Ingresos Brutos. El argumento es que se precisan más recursos para atender servicios, como la seguridad, la educación y la salud.

La iniciativa oficial provocó rechazos generalizados, en parte porque se considera que es una demostración de la incapacidad del Estado provincial de administrar recursos en medio de una crisis y particularmente de ordenar sus gastos. En principio, una mayor presión fiscal vía Ingresos Brutos sería trasladada a los precios, en el caso del comercio, mientras que otros rubros tendrán que asumir el sobrecosto. De esta manera, habría una mayor transferencia de recursos del sector privado al público. El debate apunta a establecer una contraposición entre las necesidades financieras de un Estado provincial acuciado por mantener una estructura de gastos en un escenario de recursos cada vez más escasos, y las consecuencias que una medida "parche" como la suba de la alícuota de Ingresos Brutos podría tener en la economía en general. Si la consigna es que se prevé una caída en los niveles de recaudación, y que se combatirá tal retracción con mayor presión fiscal, la noción es que la solución encarada desde el Estado no tiene visos de medida de fondo.