Garré: "el Gobierno sostiene la no criminalización de la protesta social"

BUENOS AIRES.- La ministra de Seguridad, Nilda Garré, aseguró hoy que "el gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad", y remarcó que se trata de la administración que "con más firmeza" luchó contra la "impunidad", por la "no criminalización de la protesta social" y "los límites a la acción policial".

"Desde la gestión del presidente Néstor Kirchner, es la administración que con más firmeza condujo su acción contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial", aseveró la funcionaria a través de un comunicado, donde se informó que la ministra repasó junto al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior (CSI), Miguel Angel Bermejo, el estado de cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones.

Tras consignar que "a la fecha, 19 de las 24 jurisdicciones del país ya adhirieron a los Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas`", Garré afirmó que "el gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad".

"El camino para seguir avanzando es el consenso en todo el país y colaboración del Gobierno nacional que ha instruido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner", aseveró la funcionaria en el comunicado difundido esta mañana a la prensa.

Allí, consignó que los distritos que aún no formalizaron su adhesión a las pautas de actuación de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas son la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Corrientes.

Según detalló, esos criterios, presentados en la primera reunión plenaria del Consejo de Seguridad Interior, el 20 de marzo del año pasado, promueven que la actuación de las fuerzas de seguridad garanticen "el respeto y la protección de los derechos de los participantes".

"Este protocolo implica la profundización de una práctica iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner, consistente en garantizar una resolución de conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación", señala el comunicado.

Además, detalla que, entre otros preceptos, el protocolo incluye "la prohibición de portar armas de fuego para el personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes, así como la restricción respecto a la utilización de postas de goma exclusivamente con fines defensivos, en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad, o de manifestantes, o terceras personas".

Por otro lado, establece "la obligatoriedad, para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad intervinientes en operativos, de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes".

También, indica que deben adoptarse "todos los resguardos y controles necesarios para asegurar el respeto, en todas las etapas del operativo, de lo establecido por la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, el Decreto Reglamentario PEN 950/2002 y sus modificatorias".

"El Ministerio de Seguridad lleva un seguimiento permanente de las condiciones en que cada provincia aplica el protocolo vigente y, además, ha ofrecido mejorar la formación y capacitación de los cuerpos que se emplean en el tratamiento de manifestaciones públicas", consigna el comunicado difundido por la cartera encabezada por Garré. (Télam)