Una lupa en el salario estatal

Dos años de tranquilidad. Qué más da. No cualquiera puede transitar estos tiempos de turbulencias financieras en el mundo sin grandes contratiempos. Excepto si se llama José Alperovich. El Gobierno nacional le perdonó el pago de la deuda hasta fines de 2013. Y, con esa decisión, la Casa Rosada ha liberado $ 720 millones para ejecutar obras en ese período.

Curiosidades de la numerología. Hasta diciembre de ese año, el Ejecutivo tucumano mantendrá en vigencia esa modificación de hasta el 20% en todos los conceptos remunerativos que integran el haber mensual de los empleados dependientes de los tres poderes del Estado, Organismos descentralizados, Entes Autárquicos y Comunas Rurales. En otras palabras, se trata de una norma que, en su génesis, amparaba a la gestión para abonar esa parte del salario con tickets solidarios. Hoy, el estado de Emergencia Fiscal sigue vigente. Simplemente porque si desaparece aquella normativa (modificada recientemente por la ley 8.464), el Ejecutivo quedaría expuesto al reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la cuestión de los aportes previsionales. Eso significaría un reclamo que le costaría al Estado provincial no menos de $ 100 millones. Y quién sabe qué otras derivaciones legales. De allí la emergencia como paraguas de protección jurídica. Quién sabe hasta cuándo continuaría el carácter no remunerativo de esa porción del salario estatal tucumano.

El fisco federal se ha puesto duro con las provincias. Eso será más visible aún con la decisión presidencial de reclamarles a los gobernadores la nómina total de empleados públicos que poseen. El avance del Gobierno federal sobre los montos extraordinarios de la remuneración en el sector público puede llegar al interior del país. Es cuestión de tiempo.

Cristina Fernández ha dado plazo hasta fines de febrero para informar acerca del total de empleados públicos existente en cada distrito. Saber cuántos son y cuánto ganan los estatales siempre ha sido el gran agujero negro en las provincias. Lo demuestra el hecho de que hace tres años que no se publican oficialmente esos datos en la web del Ministerio de Economía de la Nación. Los funcionarios tucumanos afirman que ese informe es enviado a la Nación y, por eso, cumplen a rajatabla con la disposición presidencial. Sin embargo, hay algunas comunas rurales que ya han tenido una serie de inconvenientes con el fisco nacional. La AFIP ha pedido explicaciones a la Casa de Gobierno tucumana acerca de algunos contratos laborales que no se cumplen debidamente en el interior de la provincia. Después de sus vacaciones en Punta del Este, Alperovich tiene previsto convocar a intendentes y a comisionados rurales. Seguramente les bajará línea acerca de cómo debe ser la conducta a partir de las nuevas disposiciones del Plan de Desendeudamiento. Así como la Nación le impone como condición la transparencia de los datos laborales a las provincias, del mismo modo, el gobernador exigirá a los jefes municipales y comunales la nómina de personal permanente y contratado. En juego estarán los más de $ 1.170 millones que componen el pacto social vinculado sólo con el sueldo.

Cuentan que con esa movida en las provincias, la Presidenta quiere seguir marcando la cancha para las próximas paritarias. Su objetivo es que los incrementos salariales no sean superiores al 20%. De algún modo, con su intervención quirúrgica también ganó cierta tranquilidad frente a los reclamos de la CGT. Sin embargo, la política argentina es tan dinámica que, de un día para el otro, la situación puede modificarse. Los empresarios rezan para que, en esas paritarias, haya humo blanco más que nubarrones. El clima sigue siendo variable.