Detrás de la cortina

Indudablemente, la asignación universal por hijo ha bajado -casi hasta la desaparición- el nivel de indigencia en la Argentina. Por eso los especialistas señalan que el plan instrumentado por la gestión Kirchner ha servido como barrera de contención social para un 10% a 15% de la población argentina que no puede acceder a otros ingresos, sino a través de un subsidio estatal. De la misma manera, las ayudas oficiales han sacado a miles de familias de la pobreza. Y los ha colocado en un rango de la pirámide social equivalente a clase media baja. Pero la principal crítica que los especialistas hacen respecto de la mecánica asistencialista gubernamental es la falta de control acerca de la contraprestación que, en algunos planes, son tan necesarios para medir la productividad de la ayuda.

La Argentina, modelo 2011, se parece mucho al escenario de países desarrollados. Claro es, visto esto desde la óptica del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ese organismo que prontamente dirá que sólo el 8,3% de la población urbana del país (equivale a dos millones y medio de personas) no ha alcanzado los ingresos suficientes para dejar de ser pobre, esto es una superior a $ 1.331 mensuales. Y eso es lo que adelantó ayer la presidenta Cristina Fernández al anunciar la suba de la asignación universal por hijo y de las asignaciones familiares.

La Argentina del Indec también reveló, hace muy poco, que el desempleo en los 31 aglomerados urbanos está prácticamente dominado, en torno de un 7% del total de los habitantes ocupados. Todo esto, de acuerdo con las mediciones oficiales, en un territorio cuya economía está creciendo por encima del 8% y en el que hay más de 6,5 millones de trabajadores registrados por sus empleadores y otros tres millones que, seguramente, están aún en negro.

Es la Argentina donde el 47% del ingreso total familiar (estimado por el propio Indec en 46.700 millones) se concentra en la población más acaudalada, esas familias que pueden administrar entre $ 7.000 y 12.700 mensuales -y tal vez más dinero- para cubrir sus gastos y que representan casi el 23% del total de habitantes urbanos. Y también en el que casi el 16% debe vivir con menos de $ 1.270, es decir, un ingreso por debajo del valor de la Canasta Básica Total. Sí, esa que marca el límite de ingresos para no ser considerado pobre. Si se toma en cuenta los anuncios presidenciales, en menos de un año, la pobreza bajó casi a la mitad de la existente en 2010.

Los datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos del tercer trimestre de 2010, difundidos recientemente por el organismo estadístico, muestran en el caso puntual de Tucumán que la distribución del ingreso sigue siendo una materia pendiente de la gestión del gobernador José Alperovich. La otra es el 41% de empleo no registrado que persiste en el distrito y que cuesta demasiado reducirlo. O bien los controles oficiales no son suficientes o son persistentes las malas conductas empresariales para tomar empleados sin darles cobertura alguna. El hábito no hace al monje.

La distribución del ingreso no es muy diferente en Tucumán a la de la media nacional. Sobre un total de ingresos de $ 1.235 millones, el 10% de la población más rica del aglomerado urbano se queda con el 29,7% de la riqueza. Y es la que tiene un ingreso medio de $ 11.102, de acuerdo con el trabajo del Indec.

Más aún, el 30% de la población menos favorecida por la escala de ingresos (entre una media mensual de $ 674 y $ 1.618) concentra tan sólo el 9% del total de esa riqueza. En alguna etapa de esta Argentina en crecimiento se necesitará de empleos productivos, para que el subsidio no sea tan sólo una cortina que tape temporalmente los problemas sociales.