28 Agosto 2011
En el último decenio del siglo XX fuimos testigos de la emergencia de conflictos armados, caracterizados por el incremento excesivo de la violencia en donde las víctimas principales fueron civiles (como en los Balcanes).
Hubo frecuentes crisis humanitarias, que provocaron distintas respuestas de la comunidad internacional (desde las tardías y débiles, como en Ruanda, hasta imposiciones de paz, como el bombardeo de la OTAN en Kosovo) y emergió un nuevo concepto de seguridad donde, a la defensa del territorio a los ataques externos, se sumó la defensa de las comunidades y de los individuos de actos internos de violencia.
El concepto de seguridad humana se fue transformando en un complemento cada vez más necesario en la definición del concepto de seguridad internacional. Reflejo de esta nueva concepción fue la Resolución 1.296/00 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que establecía: "los ataques dirigidos deliberadamente contra poblaciones civiles u otras personas protegidas (?) pueden constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales". La asistencia humanitaria se enfrentó al concepto de la intervención humanitaria y se generó un debate en torno a la ilicitud de esta última cuando se desarrollaba fuera del marco de la Carta de la ONU.
La guerra preventiva
Las renovadas y diversas operaciones de paz pos Guerra Fría se vieron eclipsadas luego del 11 de septiembre de 2001, por las operaciones militares lideradas por Estados Unidos sobre la base del nuevo concepto de guerra preventiva, el cual hizo tambalear los postulados fundamentales del sistema de Seguridad Colectiva y el Derecho Internacional.
La fase militar de la "guerra contra el terrorismo" -considerada por EEUU como la primera guerra del siglo XXI- comenzó el 7 de octubre de 2001 con la operación Enduring Freedom, que llevó a la caída del régimen talibán. Continuó con la operación Iraqi Freedom, que desembocó en el colapso del régimen de Saddam Husseim. En ese momento, su Departamento de Estado mencionó al terrorismo con patrocinio estatal de organizaciones terroristas extranjeras, e identificó a siete países como sus patrocinadores: Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria. No obstante, este pronunciamiento no significó ninguna acción militar como la de Irak en ninguno de esos territorios.
En marzo de este año, comenzó la mayor intervención militar desde la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, aunque esta vez con una finalidad y metodología distinta: proteger a la población civil de Libia en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando se lanzó la operación Odisea del Amanecer, EEUU dejó en claro que se estaba cumpliendo con la Resolución 1.973 del Consejo de Seguridad, aprobada el 17 de marzo de 2011, y no con su propia política declarada de combatir al régimen de Muamar Gaddafi, la cual podía continuar de manera unilateral y no necesariamente recurriendo al uso de la fuerza.
Sin despliegue territorial
La resolución autorizó a los Estados miembro "a adoptar todas las medidas necesarias (?) para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque (?) aunque excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio (?)". Muchos asumieron la decisión como una forma de evitar el desgarre sangriento que provocó la ocupación en Irak.
Es decir que, sustentada sobre el Capítulo VII de la Carta de la ONU, contemplamos una nueva intervención militar con fines humanitarios luego de una década. Ahora, después de cinco meses de bombardeos por parte de la OTAN, el régimen de Gaddafi parece llegar a su fin, tras 42 años.
La pregunta obligada es si la era posterior vendrá acompañada de un proceso de consolidación de la paz. Hemos visto que las intervenciones de los últimos años (ya sea por motivos humanitarios u otros), no necesariamente han significado el reemplazo de un régimen de opresión por uno democrático en un contexto pacífico. Afganistán sigue asediado por los ataques talibanes; e Irak se encuentra inmerso en una guerra civil extremadamente sangrienta que parece no tener fin. Mientras aún es incierto el destino del líder libio, la ONG Human Rights Watch ya ha advertido de abusos contra civiles por parte de los rebeldes libios.
La caída del régimen de Gaddafi no fue el objetivo (al menos declarado) de la Resolución 1.973, sino la protección de las personas civiles en Libia. Queda ahora por ver si la decisión se continuará aplicando -en caso de violencia contra civiles- con el control del país en manos de los rebeldes, una amalgama de milicias que no responden a un mando único. Nada hace pensar que estén preparados para conducir al país por un proceso de transición democrática en un contexto de rivalidades tribales y religiosas.
Siria no es Libia
Paralelamente, las grandes potencias miran hacia Siria, donde las matanzas de civiles son tan alarmantes como en Libia, sin atreverse a una intervención humanitaria. Claro que Libia no es Siria, país que tiene una de las Fuerzas Armadas más importantes del mundo, y no tiene petróleo.
Dentro de este contexto cabe preguntarse si, realmente, el interés internacional está puesto en proteger a la población civil libia, porque todo hace presagiar que, al igual que en Irak, cuando Gaddafi desaparezca las muertes de civiles continuarán.
La intervención humanitaria parece estar ligada inexorablemente a los intereses estratégicos de las grandes potencias.
Hubo frecuentes crisis humanitarias, que provocaron distintas respuestas de la comunidad internacional (desde las tardías y débiles, como en Ruanda, hasta imposiciones de paz, como el bombardeo de la OTAN en Kosovo) y emergió un nuevo concepto de seguridad donde, a la defensa del territorio a los ataques externos, se sumó la defensa de las comunidades y de los individuos de actos internos de violencia.
El concepto de seguridad humana se fue transformando en un complemento cada vez más necesario en la definición del concepto de seguridad internacional. Reflejo de esta nueva concepción fue la Resolución 1.296/00 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que establecía: "los ataques dirigidos deliberadamente contra poblaciones civiles u otras personas protegidas (?) pueden constituir una amenaza para la paz y la seguridad internacionales". La asistencia humanitaria se enfrentó al concepto de la intervención humanitaria y se generó un debate en torno a la ilicitud de esta última cuando se desarrollaba fuera del marco de la Carta de la ONU.
La guerra preventiva
Las renovadas y diversas operaciones de paz pos Guerra Fría se vieron eclipsadas luego del 11 de septiembre de 2001, por las operaciones militares lideradas por Estados Unidos sobre la base del nuevo concepto de guerra preventiva, el cual hizo tambalear los postulados fundamentales del sistema de Seguridad Colectiva y el Derecho Internacional.
La fase militar de la "guerra contra el terrorismo" -considerada por EEUU como la primera guerra del siglo XXI- comenzó el 7 de octubre de 2001 con la operación Enduring Freedom, que llevó a la caída del régimen talibán. Continuó con la operación Iraqi Freedom, que desembocó en el colapso del régimen de Saddam Husseim. En ese momento, su Departamento de Estado mencionó al terrorismo con patrocinio estatal de organizaciones terroristas extranjeras, e identificó a siete países como sus patrocinadores: Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria. No obstante, este pronunciamiento no significó ninguna acción militar como la de Irak en ninguno de esos territorios.
En marzo de este año, comenzó la mayor intervención militar desde la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, aunque esta vez con una finalidad y metodología distinta: proteger a la población civil de Libia en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Cuando se lanzó la operación Odisea del Amanecer, EEUU dejó en claro que se estaba cumpliendo con la Resolución 1.973 del Consejo de Seguridad, aprobada el 17 de marzo de 2011, y no con su propia política declarada de combatir al régimen de Muamar Gaddafi, la cual podía continuar de manera unilateral y no necesariamente recurriendo al uso de la fuerza.
Sin despliegue territorial
La resolución autorizó a los Estados miembro "a adoptar todas las medidas necesarias (?) para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque (?) aunque excluyendo el uso de una fuerza de ocupación extranjera de cualquier clase en cualquier parte del territorio libio (?)". Muchos asumieron la decisión como una forma de evitar el desgarre sangriento que provocó la ocupación en Irak.
Es decir que, sustentada sobre el Capítulo VII de la Carta de la ONU, contemplamos una nueva intervención militar con fines humanitarios luego de una década. Ahora, después de cinco meses de bombardeos por parte de la OTAN, el régimen de Gaddafi parece llegar a su fin, tras 42 años.
La pregunta obligada es si la era posterior vendrá acompañada de un proceso de consolidación de la paz. Hemos visto que las intervenciones de los últimos años (ya sea por motivos humanitarios u otros), no necesariamente han significado el reemplazo de un régimen de opresión por uno democrático en un contexto pacífico. Afganistán sigue asediado por los ataques talibanes; e Irak se encuentra inmerso en una guerra civil extremadamente sangrienta que parece no tener fin. Mientras aún es incierto el destino del líder libio, la ONG Human Rights Watch ya ha advertido de abusos contra civiles por parte de los rebeldes libios.
La caída del régimen de Gaddafi no fue el objetivo (al menos declarado) de la Resolución 1.973, sino la protección de las personas civiles en Libia. Queda ahora por ver si la decisión se continuará aplicando -en caso de violencia contra civiles- con el control del país en manos de los rebeldes, una amalgama de milicias que no responden a un mando único. Nada hace pensar que estén preparados para conducir al país por un proceso de transición democrática en un contexto de rivalidades tribales y religiosas.
Siria no es Libia
Paralelamente, las grandes potencias miran hacia Siria, donde las matanzas de civiles son tan alarmantes como en Libia, sin atreverse a una intervención humanitaria. Claro que Libia no es Siria, país que tiene una de las Fuerzas Armadas más importantes del mundo, y no tiene petróleo.
Dentro de este contexto cabe preguntarse si, realmente, el interés internacional está puesto en proteger a la población civil libia, porque todo hace presagiar que, al igual que en Irak, cuando Gaddafi desaparezca las muertes de civiles continuarán.
La intervención humanitaria parece estar ligada inexorablemente a los intereses estratégicos de las grandes potencias.
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