24 Junio 2010 Seguir en 
Un seguimiento trimestral sobre el gasto público y una actualización -cada 60 días- sobre la evolución del presupuesto, los ingresos y hasta la tasa de crecimiento del empleo público. Esas exigencias están contempladas en el convenio bilateral que firmó ayer el gobernador José Alperovich en la Casa Rosada. Con la suspensión de la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal -que limita el endeudamiento y el gasto público- hasta fines de 2011, el Ministerio de Economía de la Nación quiere evitar desbordes financieros entre las provincias beneficiarias del Plan de Desendeudamiento.
Los apartados del convenio, además, permitirán a la Nación saber el grado de solvencia fiscal que tiene cada distrito y las posibilidades de que se redistribuyan las partidas discrecionales hacia los distritos más castigados por su historia financiera. Dentro de este esquema, el Palacio de Hacienda de la Nación también exige a los gobernadores un detallado informe acerca de las alícuotas vigentes, por cada actividad económica, para el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos.
Como contrapartida, los gobernadores que ayer pasaron por la Casa Rosada plantearon al Ejecutivo nacional una serie de previsiones administrativas y legales, en caso de que algunos planteos judiciales le sean desafavorables.
En el caso puntual de Tucumán, hay dos cuestiones que quedaron plasmadas en los papeles. Ellas son:
La posibilidad de una refinanciación de la millonaria deuda que se generaría en caso de que la Provincia pierda la demanda en su contra promovida por la Compañía Aguas del Aconquija, por el servicio de agua y cloacas.
Un acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la interpretación de un decreto vinculado con los aportes que debe hacer el Estado por sus empleados. En este aspecto, se inscribe un plan de adecuación presupuestaria para convertir en remunerativos algunos ítems de la boleta estatal.
Los apartados del convenio, además, permitirán a la Nación saber el grado de solvencia fiscal que tiene cada distrito y las posibilidades de que se redistribuyan las partidas discrecionales hacia los distritos más castigados por su historia financiera. Dentro de este esquema, el Palacio de Hacienda de la Nación también exige a los gobernadores un detallado informe acerca de las alícuotas vigentes, por cada actividad económica, para el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos.
Como contrapartida, los gobernadores que ayer pasaron por la Casa Rosada plantearon al Ejecutivo nacional una serie de previsiones administrativas y legales, en caso de que algunos planteos judiciales le sean desafavorables.
En el caso puntual de Tucumán, hay dos cuestiones que quedaron plasmadas en los papeles. Ellas son:
La posibilidad de una refinanciación de la millonaria deuda que se generaría en caso de que la Provincia pierda la demanda en su contra promovida por la Compañía Aguas del Aconquija, por el servicio de agua y cloacas.
Un acuerdo con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la interpretación de un decreto vinculado con los aportes que debe hacer el Estado por sus empleados. En este aspecto, se inscribe un plan de adecuación presupuestaria para convertir en remunerativos algunos ítems de la boleta estatal.
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