Un ciclo económico expansivo y medio recesivo. Eso es lo que duró la vigencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Nació como una necesidad de atender la demanda de ingresos de una población argentina que cayó en la desgracia posconvertibilidad. Sí, en tiempos en que Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde transitaban por la política de la mano. Ese plan llegó a tener, en 2003, cerca de dos millones de beneficiarios en el país (de ese total 80.000 residían en Tucumán), una población electoralmente cautiva, que cobraba todos los meses $ 150. Ese programa asistencial subsidió más a la población femenina (71% del padrón) y relativamente joven: casi la mitad de los beneficiarios tiene menos de 35 años (14% menores de 25 años y 33% entre 25 y 34 años), concluyó un informe del Ministerio de Trabajo de la Nación. El nivel educativo de los beneficiarios era bajo: el 20% tiene nivel primario incompleto y el 37% completó ese nivel. El 25% tiene estudios secundarios incompletos y el 11% lo finalizó. Finalmente, un grupo reducido de beneficiarios (7%) avanzó en estudios terciarios o universitarios. Como dato significativo se destaca que en las provincias de Santa Fe y Tucumán cerca del 65% de los beneficiarios tiene sólo hasta primario completo, resumía el diagnóstico del área que encabeza el ministro Carlos Tomada.
En Tucumán y en el interior de Buenos Aires la implementación del Programa redujo casi 30 puntos la indigencia, según la evaluación oficial. Claro que eso fue antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fuera intervenido políticamente.
El plan Jefes de Hogar hoy sólo tiene unos 19.600 beneficiarios, de los cuales 1.358 son tucumanos; 395 de ellos residen en la capital.
Una parte de este fenómeno se explica con la inclusión social de una parte de los beneficiarios mediante la generación de otros planes asistenciales. En Tucumán se calcula que hay no menos de 250.000 personas que reciben algún subsidio estatal. Otra parte se sustenta en la pérdida del financiamiento por parte de los organismos multilaterales de crédito que sostenían estos planes. ¿Qué sucedió? El ciclo expansivo de la economía del período 2004-2007 no fue lo suficientemente distributivo para mejorar la situación socioeconómica de la población, más allá de que el Indec releve un nivel de pobreza del 13% en la Argentina.
Y entonces surgió la Asignación Universal por Hijo. El sistema, en la práctica, permite a muchas familias obtener un ingreso que, con el anterior programa, difícilmente les hubiera asegurado parte de los ingresos que requieren para no caer en la indigencia.
Sin embargo, en todos los programas vigentes subsiste una situación que se repite desde hace siete años: ningún beneficiario está dispuesto a perder el subsidio si es que se le presenta la oportunidad de lograr un empleo formal. Ese sigue siendo una cuestión de fondo que hasta ahora el Gobierno no solucionó.
La consecuencia de esa situación es el incremento de la informalidad laboral. En Tucumán, el 40% de los asalariados no goza de la cobertura de una obra social ni puede aspirar a jubilarse por la sencilla razón de que sus empleadores no realizan los aportes. Mientras las consultoras privadas disputan técnicamente si el régimen puede llegar a bajar o no considerablemente la pobreza, la asignación universal va camino a consolidarse, al menos, hasta 2011. Tanto es así que los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación ya hablan de incrementarla de $ 180 a $ 300 mensuales. En el fondo, el Gobierno también está reconociendo una inflación galopante, mucho más dinámica que el 3,5% medido por el Indec durante el primer trimestre del año.
En Tucumán y en el interior de Buenos Aires la implementación del Programa redujo casi 30 puntos la indigencia, según la evaluación oficial. Claro que eso fue antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fuera intervenido políticamente.
El plan Jefes de Hogar hoy sólo tiene unos 19.600 beneficiarios, de los cuales 1.358 son tucumanos; 395 de ellos residen en la capital.
Una parte de este fenómeno se explica con la inclusión social de una parte de los beneficiarios mediante la generación de otros planes asistenciales. En Tucumán se calcula que hay no menos de 250.000 personas que reciben algún subsidio estatal. Otra parte se sustenta en la pérdida del financiamiento por parte de los organismos multilaterales de crédito que sostenían estos planes. ¿Qué sucedió? El ciclo expansivo de la economía del período 2004-2007 no fue lo suficientemente distributivo para mejorar la situación socioeconómica de la población, más allá de que el Indec releve un nivel de pobreza del 13% en la Argentina.
Y entonces surgió la Asignación Universal por Hijo. El sistema, en la práctica, permite a muchas familias obtener un ingreso que, con el anterior programa, difícilmente les hubiera asegurado parte de los ingresos que requieren para no caer en la indigencia.
Sin embargo, en todos los programas vigentes subsiste una situación que se repite desde hace siete años: ningún beneficiario está dispuesto a perder el subsidio si es que se le presenta la oportunidad de lograr un empleo formal. Ese sigue siendo una cuestión de fondo que hasta ahora el Gobierno no solucionó.
La consecuencia de esa situación es el incremento de la informalidad laboral. En Tucumán, el 40% de los asalariados no goza de la cobertura de una obra social ni puede aspirar a jubilarse por la sencilla razón de que sus empleadores no realizan los aportes. Mientras las consultoras privadas disputan técnicamente si el régimen puede llegar a bajar o no considerablemente la pobreza, la asignación universal va camino a consolidarse, al menos, hasta 2011. Tanto es así que los funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación ya hablan de incrementarla de $ 180 a $ 300 mensuales. En el fondo, el Gobierno también está reconociendo una inflación galopante, mucho más dinámica que el 3,5% medido por el Indec durante el primer trimestre del año.
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