El Siprosa sancionará a los empleados que hagan paro

A pocas semanas del reinicio de la discusión salarial con los empleados públicos, el estado público que tomó una resolución del ministro de Salud, Pablo Yedlin, amenaza con complicar las negociaciones oficiales.

En la resolución Nº 06, que consta de sólo dos artículos, el funcionario declaró "como servicio esencial a toda prestación y/o actividad que sea desarrollada por el personal del Siprosa, tendientes a alcanzar un sistema igualitario, de promoción, reparación y rehabilitación de la salud física y mental de la población". El artículo 2 formuló la advertencia oficial: "toda acción u omisión impulsadas por los agentes del Siprosa que tienda a entorpecer o interrumpir los servicios esenciales es causal de sanción disciplinaria".

La nueva disposición, según lo reconoció el propio Gobierno, tiende a evitar que profesionales y empleados de la salud vuelvan a llevar adelante medidas de fuerza con las características de las de 2009. Como se recordará, trabajadores autoconvocados de toda la provincia sostuvieron un plan de lucha de abril a noviembre, en reclamo de mejoras salariales y laborales. Finalmente, el conflicto se cerró con la firma de un acta acuerdo.

Durante la protesta, Yedlin reiteró en varias ocasiones que la medida de fuerza de los médicos era ilegal. Precisamente, conceptos similares se vierten en la resolución, fechada el 13 de enero. Por ejemplo, el funcionario citó los preceptos de la Constitución provincial, que en su artículo 146 plantea que el Estado reconoce la salud como derecho fundamental de la persona. "Todas las personas tienen derecho a recibir atención médica en los hospitales y establecimientos públicos de salud", se explica en la resolución.

Asimismo, el texto sostiene que los medicamentos son considerados como un bien social básico, siendo obligación del Estado arbitrar los mecanismos que garanticen su accesibilidad para todos los habitantes. En ese sentido, el Gobierno refuerza su posición en el contenido de la Ley 7.466. "La salud es un derecho básico e inalienable del hombre. El Estado provincial garantizará el ejercicio pleno de ese derecho, brindando asistencia médica integral a todos los habitantes", reza el artículo segundo de la norma de creación del Siprosa.

Luego, en la resolución se enumeran las obligaciones y las prohibiciones que competen a los empleados del Siprosa, según la Ley 5.908. Entre ellas, se mencionan las de "obedecer las órdenes del superior jerárquico" o las de "actuar directa o indirectamente contra los intereses del Estado". Con esos antecedentes, el ministro de Salud concluyó que la normativa vigente le delegaba atribuciones para aplicar sanciones disciplinarias a los directores de área programática, a los directores generales, a los directores de hospitales y a los responsables de áreas operativas.

"Por resolución Nº 169 de 2009 se delegaron facultades a los funcionarios antes nominados para disponer el inicio de sumarios administrativos", añadió Yedlin en los considerandos del nuevo instrumento.

Enojo en las bases

La medida firmada por Yedlin no cayó bien entre los referentes de los trabajadores autoconvocados. "Esto enrarece el clima en los días previos al inicio de las paritarias", advirtió Adriana Bueno (Concepción).

La profesional fue contundente: "esto, lisa y llanamente, significa que se cercenan todos los derechos constitucionales de trabajar, peticionar, hacer reuniones, de protección del trabajo profesional, y demás. Se vulneran derechos, garantías y libertades expuestas por la Constitución". Luego, advirtió que el tema será debatido en asamblea. "Si se lo considera, recurriremos a la Justicia. Somos esenciales en las obligaciones, no así en la debida y justa escala salarial que nos merecemos", cerró.