A la espera de una sentencia judicial

El juicio sumarísimo contra el jefe del BCRA.

22 Enero 2010
BUENOS AIRES.- El debate en el Congreso respecto del caso del Banco Central es una parte de la cuestión. La otra se tramita en los tribunales. En efecto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se encuentra en condiciones de resolver los presentaciones del Estado Nacional contra las resoluciones que suspendieron la remoción del titular del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, y la asignación de reservas de la entidad al Fondo del Bicentenario.

"Autos para resolver", dispuso la Sala "de feria" del tribunal, lo que en términos procesales significa que puede dictar sentencia en las apelaciones presentadas a las medidas cautelares ordenadas por la jueza María José Sarmiento.

Las camaristas Marta Herrera y Clara Do Pico previamente decidieron habilitar el receso de enero para abordar sin demoras el tratamiento de los planteos.

Para "habilitar" la feria judicial las camaristas concluyeron que los recursos contra las medidas cautelares reunían los requisitos de urgencia y tratamiento impostergable, mientras que para pasar los incidentes a la etapa de sentencia, evaluaron que con los elementos con los que ya cuenta, pueden definir la controversia.

El proveído que incluyó el "autos para resolver" fue dictado horas después que el tribunal recibiera los incidentes remitidos por el juez Ernesto Marinelli, reemplazante de Sarmiento durante la segunda quincena de la feria de enero.

Transformaciones
Marinelli sigue con el trámite de las causas "principales" sobre las "cuestiones de fondo", la promovida por Redrado contra su remoción y la de legisladores del PRO y la Unión Cívica Radical contra el decreto 2010/09, de utilización de las reservas del BCRA para el pago de deuda pública.

Todos los casos, que habían comenzado como "acción de amparo", fueron transformados en procesos "de conocimiento", con plazos más extendidos y amplitud probatoria.

La demanda de Redrado tramita como "juicio sumarísimo" y las de los legisladores como proceso ordinario. (Télam)

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