18 Diciembre 2009 Seguir en 
BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, defendió su decisión de que las Fuerzas de Seguridad no llevaran adelante una orden judicial de desalojo en el gremio de Aeronavegantes y le echó la culpa a la Justicia por haber dilatado, durante tres años, la resolución del conflicto por unas elecciones en el sindicato.
"Yo cumplí e hice cumplir con la Constitución", subrayó el ministro coordinador, durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada para detallar la actuación del Gobierno en este caso, la existencia de fallos judiciales contrapuestos y la intención de evitar enfrentamientos.
La polémica se desencadenó a partir del fallo de la jueza Beatriz Ferdman, del 2 del corriente, que ordenó el auxilio policial para desalojar a la actual conducción gremial y poner en su lugar a la otra lista que, según la magistrada, ganó la elección celebrada tres años atrás. El jefe de Gabinete le ordenó a la Policía no acatar el fallo, lo que generó cuestionamientos contra su figura, incluido un pedido de "moción de censura" por parte de diputados radicales, del cual prefirió no referirse en la conferencia.
Fernández, sin embargo, explicó que esa decisión judicial "era de cumplimiento imposible" ya que había otro fallo del Tribunal 2 de Lanús en contrario y aclaró que "por esta razón decidimos que no podíamos intervenir".
El ministro dijo que el enfrentamiento entre las partes sindicales es muy severo y que si las fuerzas policiales intervenían "se habría generado un conflicto con muchos heridos, e incluso muertos".
Desde la Corte Suprema, la ministra Carmen Argibay ratificó los cuestionamientos que había formulado sobre la actitud de Fernández, y el juez Carlos Fayt recordó que la "desobediencia" de una orden judicial se pena con entre "15 días a un año de prisión".
"Fernández es un piloto de tormentas, tiene que parar todos los golpes y a veces se equivoca", evaluó Fayt en diálogo con la prensa y advirtió que "la Justicia tiene medios para poder solucionar las cosas. El país tiene que salir de la crispación".
Argibay insistió en que "es preocupante que se ignoren las órdenes de los magistrados" y alertó que "si el poder político se arroga la facultad de juzgar, estamos mal". Además, negó que los integrantes del tribunal reciban presiones del Poder Ejecutivo, aunque admitió que desde ese sector "a lo mejor no les gusta algunas cosas" que hacen los jueces de la Corte. (DyN)
"Yo cumplí e hice cumplir con la Constitución", subrayó el ministro coordinador, durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada para detallar la actuación del Gobierno en este caso, la existencia de fallos judiciales contrapuestos y la intención de evitar enfrentamientos.
La polémica se desencadenó a partir del fallo de la jueza Beatriz Ferdman, del 2 del corriente, que ordenó el auxilio policial para desalojar a la actual conducción gremial y poner en su lugar a la otra lista que, según la magistrada, ganó la elección celebrada tres años atrás. El jefe de Gabinete le ordenó a la Policía no acatar el fallo, lo que generó cuestionamientos contra su figura, incluido un pedido de "moción de censura" por parte de diputados radicales, del cual prefirió no referirse en la conferencia.
Fernández, sin embargo, explicó que esa decisión judicial "era de cumplimiento imposible" ya que había otro fallo del Tribunal 2 de Lanús en contrario y aclaró que "por esta razón decidimos que no podíamos intervenir".
El ministro dijo que el enfrentamiento entre las partes sindicales es muy severo y que si las fuerzas policiales intervenían "se habría generado un conflicto con muchos heridos, e incluso muertos".
Desde la Corte Suprema, la ministra Carmen Argibay ratificó los cuestionamientos que había formulado sobre la actitud de Fernández, y el juez Carlos Fayt recordó que la "desobediencia" de una orden judicial se pena con entre "15 días a un año de prisión".
"Fernández es un piloto de tormentas, tiene que parar todos los golpes y a veces se equivoca", evaluó Fayt en diálogo con la prensa y advirtió que "la Justicia tiene medios para poder solucionar las cosas. El país tiene que salir de la crispación".
Argibay insistió en que "es preocupante que se ignoren las órdenes de los magistrados" y alertó que "si el poder político se arroga la facultad de juzgar, estamos mal". Además, negó que los integrantes del tribunal reciban presiones del Poder Ejecutivo, aunque admitió que desde ese sector "a lo mejor no les gusta algunas cosas" que hacen los jueces de la Corte. (DyN)
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