Se asomó por la ventana de la planta alta de su casa y quedó aterrorizada. En la vivienda vecina, que está abandonada, vio decenas de cacharros repletos de agua de lluvia estancada. Carmina Lima, que vive en barrio Modelo, se quedó inquieta. Pese a que ya hizo una intensiva limpieza en su patio para combatir el dengue, ahora sostiene que su trabajo fue en vano.
"Hice una denuncia en la Municipalidad para que limpien; me dijeron que como es una propiedad privada no pueden entrar. Pero resulta que se trata de un lugar peligroso, ideal para el mosquito del dengue. Los vecinos estamos espantados", expresó la mujer.
Muchos terrenos baldíos, casas abandonadas y aquellos vecinos que no quieren deshacerse de los cacharros se han convertido en un problema en la lucha de los municipios para prevenir la propagación del mosquito Aedes Aegypti, que transmite el dengue. Resolver este inconveniente ha generado polémica en algunas ciudades.
Otras provincias, como Catamarca, determinaron por medio de un decreto que los vecinos que se nieguen a colaborar u obstaculicen las tareas de prevención podrán ser arrestados y procesados. En Corrientes decidieron recurrir a la Justicia para ingresar a los sitios que representan un riesgo para la epidemia de dengue.
Censo
En Yerba Buena, por más que las autoridades pusieron un camión recolector para los cacharros, muchos habitantes no quisieron desprenderse de viejos electrodomésticos y otros recipientes que, al entrar en contacto con el agua de lluvia, pueden transformarse en criaderos de Aedes. Ante la negativa de los vecinos, las autoridades decidieron anotar sus direcciones. Luego de realizar un censo, entregarán la lista al Ministerio de Salud y a la Policía para que procedan a limpiar los sitios peligrosos, detalló el secretario de Gobierno, Héctor Aguirre.
Los operativos de descacharramiento son los más importantes en las tareas de prevención del dengue, según las autoridades. Pero si en una cuadra hay un vecino que no colabora perjudica a todo el barrio, aseguran.
"Hay un bien común, que es un bien superior. No se puede mantener una zona que es un peligro de contagio de la enfermedad. Los gobiernos locales tienen poder de policía sobre aquellos sitios que son un peligro para la salud pública. También pueden recurrir a la Justicia para entrar a los sitios que puedan ser focos de transmisión del dengue", expresó el ministro de Salud, Pablo Yedlin.
Decreto especial
En Alberdi, por decreto, la Municipalidad declaró el estado de emergencia de la ciudad y llamó a todos los sectores a colaborar en los planes contra el dengue. La misma norma faculta a las autoridades municipales a requerir la colaboración policial para las tareas de prevención, como el descacharrado, y ante cualquier situación que atente contra la salud pública, detallaron. Los mayores problemas, según informaron, los tienen con aquellos vecinos que no quieren desprenderse de las gomas. Ya fueron muchos los casos en los que tuvo que intervenir la Policía.
En la capital, si bien todavía no tuvieron resistencia de los vecinos en las tareas de fumigación o descacharramiento, en diferentes reparticiones recibieron denuncias porque en muchos barrios hay sitios abandonados. Se calcula que en toda la ciudad hay unos 600 lugares sin mantención, muchos de los cuales podrían representar un riesgo para la epidemia de dengue. Además, a la vera de la autopista, hay vecinos que juntan cientos de gomas en desuso porque las comercializan.
Las autoridades municipales están analizando cómo actuar ante estos casos sin que se trate de una violación de domicilio. Una de las alternativas que analizan es recurrir a la Justicia. Antes realizarán pruebas en los 31 barrios donde se reportaron casos de dengue para determinar en qué zonas hay mosquitos Aedes Aegypti. Con ovitrampas harán un relevamiento de cuáles son las zonas de riesgo. Luego censarán los sitios que no se pueden limpiar y, finalmente, decidirán si piden medidas judiciales para ingresar.
Los dueños de predios abandonados en Tafí Viejo ya fueron notificados por esa Municipalidad para que los limpien. Después de un tiempo prudencial, las autoridades anunciaron que ingresarán por medio de la fuerza pública, sacarán los cacharros e higienizarán los sitios. Las tareas, luego, las deberán abonar con los impuestos los propietarios de los terrenos, explicó Carmen Cerpa, secretaria de Obras y Servicios Públicos.
