BUENOS AIRES.- La Justicia en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a una medida cautelar gestionada por el Ministerio de Planificación Federal y designó un interventor judicial veedor e informante con facultades de acceso a la totalidad de la actividad de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. La designación del interventor veedor dispuesta por el juez Esteban Furnari recayó en el contador José Luis Perrone, quien asumirá tareas en los próximos días. Asimismo, el magistrado dispuso no innovar respecto de la integración del actual directorio de ARSA y Austral, y de las facultades que detenta el actual gerente general de la compañía, Julio Alak, representante del Estado nacional, accionista minoritario de Aerolíneas.
El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se hizo presente en la sede central de la empresa, donde se reunió con Alak y el representante de los empleados en el directorio, a quienes notificó de la decisión judicial. En la oportunidad, en el lugar no se encontraba ningún director representante del accionista mayoritario Interinvest, controlado por el grupo español Marsans.
Jaime dijo al periodismo que la medida fue decidida ante la situación planteada el martes último, cuando (en asamblea de accionistas) se pretendió quitar toda facultad al actual gerente general nombrando un adjunto (Jorge Molina) con igualdad de facultades. “Era como una administración paralela, que podría afectar la operatividad de las compañías”, señaló.
Jaime relató que en esa asamblea se impidió al Estado capitalizar los montos que vino desembolsando en la sociedad, que cuantificó en $ 770 millones, desde junio a la fecha.
“La empresa está en situación de disolución y el Estado propuso capitalizarla para evitarla”, refirió el secretario de Transporte, que remarcó que la medida cautelar dictada por la Justicia es previa al proceso judicial.
El funcionario puntualizó que la semana próxima se insistirá en la necesidad de que el Estado capitalice sus aportes en Aerolíneas y que, mientras tanto, están totalmente garantizados los servicios de ambas compañías.
Por su parte, el Gobierno español confía en que se llegue a una solución negociada después que la Justicia argentina ordenó la intervención de Aerolíneas y Austral, en manos del grupo español Marsans. “Ambos gobiernos (español y argentino) están ya en contacto para acordar una salida al conflicto”, dijeron fuentes del ministerio español de Asuntos Exteriores. “El Gobierno español está a la espera de conocer el contenido y el alcance de la medida judicial, solicitada por el gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner”, agregó el vocero ministerial.
A pesar de la voluntad de diálogo que expresó el Ejecutivo español, el grupo Marsans espera llegar a un acuerdo con el Gobierno argentino para la venta de las empresas, pero cree que hay pocas posibilidades y que terminará acudiendo al tribunal de arbitraje del Banco Mundial. “Esperamos que haya un acuerdo antes de tener que acudir al Ciadi”, dijo Vicente Muñoz, director financiero de Marsans. El directivo insistió en querer lograr un acuerdo: “un mal acuerdo es mejor que un buen pleito, pero si no lo hay acudiremos a la Justicia argentina, en la que no confío, y a la internacional en la que sí confío”. (DyN-NA)
