06 Octubre 2008 Seguir en 
La comisión de Salud de la Legislatura provincial escuchará mañana el pedido del legislador Raúl Hadla para que ese cuerpo deliberativo analice el proyecto de "Ley de Muerte Digna", presentado por él mismo. "El objetivo es que se respete la calidad de vida y la dignidad de los enfermos", explicó el parlamentario.
"La iniciativa se refiere a enfermedades terminales. En muchos casos, los pacientes sufren más de lo que deberían porque se ven impedidos de tomar una decisión. Son numerosos los profesionales y los sanatorios que defienden a las personas y a la profesión, pero hay otros que realizan una comercialización con la vida humana", reflexionó.
"Yo sufrí este tema en carne propia, cuando mi suegra afrontó un cáncer. En sus últimas tres semanas de vida, la metieron en una sala de terapia intensiva y la sometieron a innumerables tratamientos. ¿Para qué si su cuerpo ya no resistía ni los remedios?", se preguntó.
Los artículos principales
El proyecto -que fue presentado en la mesa de entrada en la Cámara el viernes último- indica en su artículo segundo que todo aquel que padezca una enfermedad irreversible o incurable y que se encuentre en estadio terminal o que haya sufrido un accidente que lo coloque en igual situación tiene derecho a rechazar los procedimientos quirúrgicos cuando sean extraordinarios o desproporcionados.
De la misma manera, toda persona y en cualquier momento (ya sea al ingresar al establecimiento asistencial o durante la etapa de tratamiento) puede manifestar su voluntad de que no se implementen o se retiren las medidas de soporte vital que puedan conducir a una prolongación innecesaria de la agonía.
Cuando se tratare de alguien incapaz o que no esté consciente o en pleno uso de sus facultades mentales los parientes o un representante legal tienen el derecho a manifestar su voluntad. "Si tenemos derecho a una vida digna, ¿por qué no también a una muerte digna?", se preguntó, finalmente, el parlamentario. LA GACETA ©
"La iniciativa se refiere a enfermedades terminales. En muchos casos, los pacientes sufren más de lo que deberían porque se ven impedidos de tomar una decisión. Son numerosos los profesionales y los sanatorios que defienden a las personas y a la profesión, pero hay otros que realizan una comercialización con la vida humana", reflexionó.
"Yo sufrí este tema en carne propia, cuando mi suegra afrontó un cáncer. En sus últimas tres semanas de vida, la metieron en una sala de terapia intensiva y la sometieron a innumerables tratamientos. ¿Para qué si su cuerpo ya no resistía ni los remedios?", se preguntó.
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El proyecto -que fue presentado en la mesa de entrada en la Cámara el viernes último- indica en su artículo segundo que todo aquel que padezca una enfermedad irreversible o incurable y que se encuentre en estadio terminal o que haya sufrido un accidente que lo coloque en igual situación tiene derecho a rechazar los procedimientos quirúrgicos cuando sean extraordinarios o desproporcionados.
De la misma manera, toda persona y en cualquier momento (ya sea al ingresar al establecimiento asistencial o durante la etapa de tratamiento) puede manifestar su voluntad de que no se implementen o se retiren las medidas de soporte vital que puedan conducir a una prolongación innecesaria de la agonía.
Cuando se tratare de alguien incapaz o que no esté consciente o en pleno uso de sus facultades mentales los parientes o un representante legal tienen el derecho a manifestar su voluntad. "Si tenemos derecho a una vida digna, ¿por qué no también a una muerte digna?", se preguntó, finalmente, el parlamentario. LA GACETA ©
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