La falta de avances en la Legislatura en torno a alguna iniciativa para cubrir las vacantes que, por jubilaciones, se produjeron en la Justicia queda evidenciada a partir de las opiniones diversas que imperan entre los legisladores de la bancada Tucumán Crece.
El vicepresidente primero de la Legislatura, Regino Amado, reconoció que no hay conversaciones sobre el tema. Rescató la posición del vocal Antonio Gandur en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que bloqueó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda integrar por decreto el Consejo Asesor de la Magistratura, órgano previsto para la selección de los jueces inferiores. Gandur sugirió que Legislatura podía sancionar una ley sobre el particular.
El vicepresidente primero de la Legislatura, Regino Amado, reconoció Amado reconoció: "si bien debería haber un pedido más formal y concreto al respecto, no debemos seguir entre idas y venidas, y en la búsqueda de culpables. Es necesario, prioritario y urgente superar esta coyuntura. Nuestra responsabilidad institucional es encontrar una salida entre todos que destrabe el problema, porque hay casos de larga data. Por ejemplo, en Monteros tenemos aprobada la creación de una segunda Fiscalía de Instrucción, con presupuesto e infraestructura, pero no podemos designar al fiscal".
Otro criterio
Tras admitir que no hay novedades parlamentarias, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Antonio Raed, también se basó en la sentencia de la Corte, pero en vez de referirse al voto de Gandur, defendió parcialmente el criterio minoritario que sostuvo, en disidencia, Alberto Brito.
"No hace falta inventar nada nuevo ni hay vacío legal alguno, sino que por el fallo queda vigente el artículo 113 (de la Constitución de 2006) en su parte habilitada. Por ende, el sistema tradicional anglosajón profesionalista de selección de magistrados (a través del Poder Ejecutivo y con acuerdo legislativo), que fue exitosamente experimentado entre 1907 y 1991 en su forma pura y sin autolimitaciones. No es necesaria ninguna interpretación analógica, porque sólo respetamos la Constitución provincial", justificó. La norma establece: "los jueces de todas las instancias y demás funcionarios del artículo anterior serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, conforme al procedimiento establecido en el artículo 101, inciso 5". Este exige, además, un concurso de oposición y antecedentes, pero en la interpretación de Brito esto también quedó fulminado por la declaración de nulidad relacionada con el CAM.
Raed admitió que toda decisión que sea tomada tendrá un alto voltaje político y podría ser cuestionada en la Justicia, lo que debería evitarse para poder cubrir los 16 cargos judiciales vacantes.
Contra Jiménez y Falú
El peronista Pedro Balceda también instó a actuar, pero tomando con calma la situación y analizándola bien. Se encolumnó tras el gobernador José Alperovich en su posición de que no se divida a la sociedad con criterios extremos, y en que se debe alcanzar una solución definitiva, que pasa por el diálogo entre los poderes del Estado, hoy distanciados.
Balceda fue claro: "llamo a un sinceramiento, porque no puede seguir afectada la institucionalidad de la Provincia. Debemos lograr transparencia para que tanto la Justicia como la política recuperen la credibilidad social".
Sin embargo, lamentó que hayan sido archivados los pedidos de juicio político contra René Mario Goane, y consideró que se perdió la ocasión de aclarar muchas cosas. "La sociedad piensa que hay dos pícaros que se disputan jueces y espacios en la Justicia: el ministro Edmundo Jiménez y Ricardo Falú, que defendió a un cuestionado colaboracionista de todas las dictaduras que hubo, pese a que se presente como el paladín de la Justicia. Son operadores de la misma escuela, pero que tienen distintos intereses políticos y económicos en la fuerte industria del juicio", aseveró.
