28 Septiembre 2008 Seguir en 
Los plazos de decisión se agotan en la comisión de Juicio Político de la Legislatura, acerca del pedido de destitución contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia, René Mario Goane. El cuerpo que conduce el alperovichista Sisto Terán se reunirá al mediodía del miércoles, último día disponible para aceptar o rechazar el planteo de Gumersindo Parajón contra el magistrado. La primera opción transita caminos firmes; hasta el momento, todo indica que se le girará el expediente para que ejerza su defensa por unanimidad, aunque basta la simple mayoría.
Ese día, los legisladores resolverán también si unifican el trámite de Parajón con la denuncia efectuada por Luis Sueldo contra Goane. Si bien coinciden en cuestionar al juez supremo por su actividad pública en el proceso militar (fue funcionario y vocal de la Corte), la segunda denuncia incluye como cuestionamiento el cobro de sueldo y jubilación por el magistrado. En caso de optar por procesos separados, la comisión podrá pronunciarse sobre la presentación de Sueldo hasta el martes 7 de octubre.
A partir del día siguiente al que es notificado de una denuncia en su contra, el cuestionado tiene un máximo de 15 días hábiles para ejercer su defensa. Luego, la comisión delibera por hasta 20 días hábiles para resolver si decide acusarlo formalmente o si acepta el descargo. La acusación prospera en caso de que los 2/3 de los legisladores de la comisión así lo voten.
El bloque Tucumán Crece controla este cuerpo con holgura: tiene 11 de los 12 integrantes. El único opositor es José Luis Bussi, quien anticipó que votará por girarle el expediente a Goane pero limitando la imputación al tema de su jubilación. "Quiero darle la oportunidad para que aclare este tema ético. Hay una contradicción entre lo que dijo y lo que notificó la Anses", dijo.
La Constitución de 2006 diferencia entre los órganos que deben resolver la destitución de los miembros del Poder Judicial. Para los vocales de la Corte está reservado el Tribunal de Juicio Político de la Legislatura (el artículo 47 se aplica también con el gobernador y su vice; los ministros del Poder Ejecutivo; los miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo). Para los magistrados y funcionarios de rango inferior (como es el caso del juez en lo Civil y Comercial, Carlos Arraya), debería actúar el Jurado de Enjuiciamiento.
Ambos institutos están vigentes, pese a que fueron cuestionados en la Justicia. La Corte, en su reciente fallo sobre la reforma, no hizo lugar a la objeción del Colegio de Abogados sobre este tema, pero hay causas que aún están pendientes de pronunciamiento en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El último cambio al procedimiento se aprobó por Ley 7.586, del 30 de junio de 2005, antes de la última modificación constitucional.
En funciones
Si prospera el pedido formal de destitución contra Goane, seguirá en su cargo hasta el final del proceso ante el Tribunal de la Legislatura. Expresamente se indica en la Constitución: "durante la tramitación del juicio político, los acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones". En sentido inverso, la Carta Magna de 1991 disponía la suspensión inmediata de todo acusado por la comisión (sólo rige para jueces y funcionarios inferiores).
El Tribunal podrá estar conformado por 37 legisladores (deben jurar el cargo en forma especial, y se excluye a los 12 que integran la comisión de Juicio Político). Para funcionar, se exige un quórum mínimo de 19; entre ellos eligen sus autoridades para cada caso concreto (cuando el cuestionado es el gobernador o su vice, será presidido por el titular de la Corte).
Para que un juez sea declarado culpable se exige la mayoría especial de 2/3 de la totalidad de los miembros del Tribunal (no se computan a quienes no asumieron). En caso del gobernador y del vice, el porcentaje se eleva a 3/4 de los legisladores jueces, diferencia que fue objetada en la Justicia.
El fallo tiene su efecto limitado a la destitución del acusado y su declaración de incapacidad de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia. El condenado queda sujeto a juicio ante los tribunales ordinarios, de haber cometido algún delito.
Ese día, los legisladores resolverán también si unifican el trámite de Parajón con la denuncia efectuada por Luis Sueldo contra Goane. Si bien coinciden en cuestionar al juez supremo por su actividad pública en el proceso militar (fue funcionario y vocal de la Corte), la segunda denuncia incluye como cuestionamiento el cobro de sueldo y jubilación por el magistrado. En caso de optar por procesos separados, la comisión podrá pronunciarse sobre la presentación de Sueldo hasta el martes 7 de octubre.
A partir del día siguiente al que es notificado de una denuncia en su contra, el cuestionado tiene un máximo de 15 días hábiles para ejercer su defensa. Luego, la comisión delibera por hasta 20 días hábiles para resolver si decide acusarlo formalmente o si acepta el descargo. La acusación prospera en caso de que los 2/3 de los legisladores de la comisión así lo voten.
El bloque Tucumán Crece controla este cuerpo con holgura: tiene 11 de los 12 integrantes. El único opositor es José Luis Bussi, quien anticipó que votará por girarle el expediente a Goane pero limitando la imputación al tema de su jubilación. "Quiero darle la oportunidad para que aclare este tema ético. Hay una contradicción entre lo que dijo y lo que notificó la Anses", dijo.
La Constitución de 2006 diferencia entre los órganos que deben resolver la destitución de los miembros del Poder Judicial. Para los vocales de la Corte está reservado el Tribunal de Juicio Político de la Legislatura (el artículo 47 se aplica también con el gobernador y su vice; los ministros del Poder Ejecutivo; los miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo). Para los magistrados y funcionarios de rango inferior (como es el caso del juez en lo Civil y Comercial, Carlos Arraya), debería actúar el Jurado de Enjuiciamiento.
Ambos institutos están vigentes, pese a que fueron cuestionados en la Justicia. La Corte, en su reciente fallo sobre la reforma, no hizo lugar a la objeción del Colegio de Abogados sobre este tema, pero hay causas que aún están pendientes de pronunciamiento en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El último cambio al procedimiento se aprobó por Ley 7.586, del 30 de junio de 2005, antes de la última modificación constitucional.
En funciones
Si prospera el pedido formal de destitución contra Goane, seguirá en su cargo hasta el final del proceso ante el Tribunal de la Legislatura. Expresamente se indica en la Constitución: "durante la tramitación del juicio político, los acusados no podrán ser suspendidos en sus funciones". En sentido inverso, la Carta Magna de 1991 disponía la suspensión inmediata de todo acusado por la comisión (sólo rige para jueces y funcionarios inferiores).
El Tribunal podrá estar conformado por 37 legisladores (deben jurar el cargo en forma especial, y se excluye a los 12 que integran la comisión de Juicio Político). Para funcionar, se exige un quórum mínimo de 19; entre ellos eligen sus autoridades para cada caso concreto (cuando el cuestionado es el gobernador o su vice, será presidido por el titular de la Corte).
Para que un juez sea declarado culpable se exige la mayoría especial de 2/3 de la totalidad de los miembros del Tribunal (no se computan a quienes no asumieron). En caso del gobernador y del vice, el porcentaje se eleva a 3/4 de los legisladores jueces, diferencia que fue objetada en la Justicia.
El fallo tiene su efecto limitado a la destitución del acusado y su declaración de incapacidad de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia. El condenado queda sujeto a juicio ante los tribunales ordinarios, de haber cometido algún delito.
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