"Aún reconozco su capacidad jurídica, pero cuestiono su inmoralidad política"

Relaciones institucionales. El presidente de Pueblo Unido sostuvo que se equivocó al aprobar el pliego de Goane en 1991.

09 Septiembre 2008
Gumersindo Parajón estrechó la mano con el encargado de Mesa de Entradas, Daniel Blanco, y le entregó una carpeta tamaño A4 que contenía 10 hojas de la misma medida escritas a computadora. Abrochadas por separado, en tres carillas justificó su pedido de enjuiciamiento en contra René Goane, mientras que en las restantes siete argumentó su planteo para que la Legislatura intervenga el municipio de Concepción y, por ende, remueva al intendente, Osvaldo Morelli (ver “Solicitud para....”).
Verborrágico como de costumbre, Parajón reconoció como un error político el haber dictaminado en 1991 a favor del pliego del vocal que hoy cuestiona para que ingresara a la Corte. “Asumo esa responsabilidad; fue un error aprobarlo, pero yo avalé sus cualidades jurídicas en ese momento. Aún reconozco su capacidad jurídica, pero cuestiono su inmoralidad política”, sostuvo.
¿Por qué formalizó la presentación ante la Cámara?, se le consultó. “Porque no queda bien... no va con el estilo de Parajón que algún legislador haga suyo mi planteo”, respondió, en referencia a que, la semana pasada, envió sendas notas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y a la comisión parlamentaria de Derechos Humanos, para que, desde esos ámbitos, se impulsen los mecanismos constitucionales para desplazar al magistrado de su cargo.
En su escrito, el ex legislador mencionó que durante la última dictadura militar hubo complicidad de civiles y hasta trajo a colación el reciente fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal en contra de los militares retirados Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. “Los acusaron de ser traidores a la patria. También quedaron puntualizados los delitos por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tortura, homicidio y asociación ilícita, que fueron perpetrados en el marco generalizado y sistemático, desde el aparato estatal contra la población civil”, remarcó en el texto.
En la presentación que deberá evaluar la comisión de Juicio Político, Parajón detalló los cargos que ocupó Goane entre 1976 y 1983: secretario en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la VII Nominación, jefe de Asesoría Letrada y luego director de Asuntos Legales de la capital, director del Registro Civil, titular del Instituto de Previsión y Seguridad Social, presidente de la Caja Popular de Ahorros, fiscal de Estado y vocal de la Corte. “Eso demuestra que el doctor Goane fue un hombre de confianza de esa dictadura sangrienta y supo reciclarse en el proceso democrático”, acotó.
Antes de despedir uno por uno al puñado de empleados legislativos que se percató de su presencia, Parajón retomó su estirpe provocadora y mediática para desafiar a aquellos que lo vincularon con una maniobra del Ejecutivo a los efectos de destituir a Goane. “Me alegro que me hayan criticado; peor sería que me ignoraran. Pero se olvidan que ya tengo el cuero duro”, remató.

Solicitud para la destitución del intendente de Concepción
El futuro del intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, también quedó en manos de la Legislatura. El titular de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, también presentó un pedido de remoción en su contra, “por haber sido colaborador inmediato de la dictadura militar”.
En rigor, para que prospere la pretensión del dirigente opositor, la Cámara debería sancionar una ley de intervención de ese municipio, según lo que dispone la Constitución provincial en su artículo 67, inciso 25 (Atribuciones del Poder Legislativo). Según Parajón, el intendente, aliado del alperovichismo por medio de Participación Cívica, “carece de las aptitudes morales que debe tener todo funcionario para fortificar la democracia”.
Recordó que Morelli fue profesor y autoridad en la ENET Nº 1 de Concepción y secretario de Gobierno entre 1980 y 1982 de ese municipio. En esa ciudad, según la denuncia de Parajón, desaparecieron 14 personas, de los cuales cuatro eran estudiantes de ese establecimiento educativo. Agregó que María Elena Ojeda, hermana de tres desaparecidos, hizo la denuncia correspondiente en el Centro Judicial de Concepción.

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