LA PAZ, Bolivia.- Tarija, el departamento donde está el 85 % de las reservas de gas natural de Bolivia, cumple hoy 15 días con sus carreteras bloqueadas y sus actividades públicas y privadas paralizadas. El conflicto se amplió a Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, regiones opositoras al gobierno de Evo Morales.
Las autoridades de esos departamentos piden la devolución de un impuesto a hidrocarburos que es usado por el Poder Ejecutivo para pagar una renta a mayores de 60 años. Además, esas regiones se oponen a la aprobación de la nueva Constitución, como pretende Morales, que postergó del 7 de diciembre de este año al 25 de enero de 2009 la fecha del referendo aprobatorio del texto.
Para el Gobierno no existe posibilidad de modificar el proyecto de Carta Magna, aprobado por su partido y sus aliados en Oruro. "La única probabilidad que existe es concertar con la oposición aspectos secundarios y de reglamentación de la autonomía", admitió Evo.
La declaración del mandatario causó malestar entre los funcionarios de Beni y Santa Cruz, que anunciaron la continuidad de la resistencia civil para evitar la aprobación de la iniciativa, a la que consideran ilegal y divisionista. Tras esta decisión, Tarija, las ciudades del Chaco boliviano y Bermejo han quedado totalmente aisladas.
"Uno de los sectores más afectados es el transporte de diésel, que tiene decenas de unidades varadas y que provoca desabastecimiento en la región agroproductora de Santa Cruz", relataron las fuentes.
"La determinación de los tarijeños es clara: vamos a radicalizar las medidas de presión hasta forzar al Gobierno a restituir los ingresos del impuesto a los hidrocarburos, que fueron confiscados ilegal e inconstitucionalmente. No permitiremos el paso de ningún vehículo que vaya hacia Potosí, Oruro o La Paz", declaró la vicepresidenta del Comité Cívico de Villa Montes, Patricia Galarza.
Comandados por EEUU
Por su parte, Morales aseguró que algunos de los grupos violentos que protestan contra él superaron el control de los dirigentes cívicos y responden directamente a Estados Unidos. "Tengo información de que algunas autoridades, especialmente de Santa Cruz, trabajan con la Embajada estadounidense y organizan esta violencia. Esos grupos están por encima de las prefecturas e incluso de los comités cívicos", aseguró.
"Son delincuentes financiados por funcionarios que defienden un modelo económico que sólo trajo pobreza, sometimiento y marginación al pueblo boliviano. Es lamentable que esos grupos de choque, por el sólo hecho de no compartir ideas o ser del occidente del país, actúen impunemente", sostuvo.
Por ello, Morales opinó que es tarea de los fiscales actuar de oficio e iniciar los procesos legales correspondientes contra esas personas. En ese contexto, señaló que no es creíble el argumento de que el bloqueo de rutas sea por reivindicaciones regionales. "Esas acciones son netamente políticas: están orientadas con otros fines, como agredir y maltratar", aseveró. (DPA-Télam)
