Urge restaurar la confianza en el Indec

La severa respuesta presidencial a las calificadoras de riesgo que han bajado el puntaje del país a extremos semejantes a los de 2002 no ha impedido que se mantengan las insistentes versiones sobre la intervención al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A estas se suman opiniones de integrantes del oficialismo que reconocen la irrealidad de los informes del organismo sobre el costo de la vida. La diferencia de esos datos, especialmente del índice de precios al consumidor (IPC), con los de numerosas provincias que manejan sus propios organismos de medición es tan considerable que basta por sí sola para demostrar que la inflación real triplica la del Indec, en la que se basa el Gobierno nacional para sus periódicos informes económicos.
   Sin embargo, toda reforma de los métodos del organismo nacional, e inclusive su reconstrucción, tras las irregularidades cometidas desde su intervención en febrero de 2006, no podrán concretarse de una sola vez, pues requieren etapas progresivas para evitar consecuencias muy graves, que harían peor el remedio que la enfermedad. Vale señalar en ese orden que el motivo esencial de la intervención del organismo fue evitar el crecimiento excesivo del endeudamiento público.
   Sucede que alrededor del 42 % de esa deuda se indexa a partir del IPC, por lo que cuando crece la inflación lo hacen los intereses de los títulos regulados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER). Un punto de inflación, según las más recientes estimaciones, implica alrededor de U$S 570 millones más de deuda externa. En consecuencia, haber intervenido el Indec le ha permitido al Gobierno ahorrar unos U$S  20.000 millones. Pero a la larga, esa situación provocó el cierre del financiamiento voluntario, tanto para el sector público como para el privado. Por consiguiente, el vínculo entre deuda e inflación plantea un severo problema a la hora de intentar un sinceramiento del índice de precios.
   Desarticular totalmente el disfraz estadístico daría lugar a una especulación financiera por medio de la cual los bonos subirían alrededor del 30 % en una sola jornada; ello hace que no pocos economistas estimen que la inflación ocultada colocaría al país ante un nuevo default. El problema de la inflación escondida mediante procedimientos ahora inocultables plantea la necesidad de una estrategia frente a los intereses que reclamarían los poseedores de bonos; es decir, se requiere hallar un gradualismo que sea aceptado públicamente, lo que elípticamente definió el jefe del Gabinete, Sergio Massa, como una junta de notables que restaure la confianza pública.
   Difícilmente sea esto posible si aparece la conflictiva sombra del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, al que la Presidenta defendió públicamente porque se lo “satanizaba”. Se trata de quien fue el jefe operativo del proceso destructor del Indec, cuyo personal técnico es un recurso humano altamente calificado y gran parte del cual debe retornar a sus funciones como uno de los primeros pasos para que el organismo recupere su credibilidad. Moreno comenzó rompiendo el secreto estadístico cuando obligó a que se le entregara la nómina de los 8.000 comercios donde los encuestadores relevaban periódicamente sus precios. Esa ruptura generó un proceso de caída en dominó que terminó en la crisis de confianza interna y externa que afecta al país y a la que el Gobierno debe enfrentar como reconocimiento de un error, en lugar de tratar de eludirla provocando los graves pronósticos de las encuestadoras de riesgo que, acaso excesivos, serán veraces si a corto plazo no se enfrenta la realidad.