05 Agosto 2008 Seguir en 
Los problemas de violencia familiar fueron estudiados en conjunto por jueces de primera instancia y miembros de los máximos tribunales Santiago del Estero, Tucumán y Salta, durante un plenario celebrado el viernes y sábado en el Hotel Termas, de Rosario de la Frontera, en Salta.
La convocatoria fue realizada por la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del Noroeste Argentino. Estuvo previstas como una reunión reservada sólo a magistrados del fuero de Familia. El encuentro comenzó con un informe por jurisdicción (a cargo de un juez designado especialmente por cada distrito) sobre los aciertos y las debilidades que observan respecto de las leyes aplicables. Luego debatieron en comisión en las que se fomentó el intercambio de experiencias, ideas y proyectos que aportaron los asistentes.
En un relevamiento realizado en 2007 por el Colegio de Abogados, se determinó que el fuero de Familia y Sucesiones era el que más complicaciones, demoras y cuestionamientos tenía en los tribunales tucumanos.
Se trató de la primera iniciativa de reuniones plenarias de este tipo, mediante la cual la Junta que preside la salteña María Cristina Garros Martínez procura articular propuestas comunes y superadoras en el plano interprovincial. Asimismo, la Junta de Cortes del NOA aprovechó la oportunidad para efectuar una reunión propia, en la que analizaron los distintos proyectos en mediación y resiliencia (es la capacidad de una persona o grupo para superar positivamente situaciones críticas o traumáticas) y las futuras actividades por encarar como cuerpo, pese a la ausencia de representantes de Jujuy y de Catamarca (estaban de feria).
Conclusiones
Los 17 magistrados que deliberaron acerca de la problemática social que constituye la violencia familiar coincidieron en remarcar la necesidad de que se implementen políticas públicas en forma coordinada entre los tres poderes del Estado tendientes a la protección integral de las víctimas de esos hechos.
En las conclusiones, los jueces remarcaron que la tarea de prevención debe ser encarada con personal especializado, a través de los distintos estamentos del Poder Ejecutivo, en las áreas de educación, salud y acción social. Para un eficaz trabajo, se sugiere la creación o integración de equipos interdisciplinarios (integrados por psicólogos, asistentes sociales, médicos y abogados), encargados de la contención, asistencia integral de las afectados y orientación sobre el modo de afrontar y solucionar la problemática.
Respecto del accionar de la Justicia, se planteó que la atención jurisdiccional del conflicto de violencia familiar tiene que estar a cargo de un juez proactivo, comprometido con la problemática social y dispuesto a ejercitar su imperio con decisión y firmeza a los fines del efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en amparo de las víctimas.
“Los juzgados con competencia en protección de víctimas de violencia familiar deberán adoptar métodos modernos de gestión. Los tribunales superiores de Justicia gestionarán la integración de los equipos interdisciplinarios necesarios (conformados por médicos, psicológicos, asistentes sociales, antropólogos y otros profesionales que fueren pertinente incorporar), para el cumplimiento de la función encomendada”, sostuvieron.
Los jueces consideraron necesario contar con personal policial especialmente capacitado en violencia familiar. A su vez, la víctima deberá disponer de asesoramiento jurídico. Además, entendieron que la mediación en conflictos por violencia familiar (en tanto los casos no constituyan delito) podrá ser realizada en centros de mediación, en forma previa a la judicialización.
Para el cumplimiento y seguimiento de las medidas dispuestas en el proceso de violencia familiar, los jueces afirmaron que deberían contar con la asistencia de los equipos del PE. También señalaron que resulta conveniente la elaboración de estadísticas para evaluar los resultados de las políticas y acciones adoptadas, y convocaron a los jueces de Familia de Jujuy y de Catamarca a que se adhieran al documento emitido.
Del encuentro participaron los miembros de la Corte de Salta, Garros Martínez y Guillermo Catalano; del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo Llugdar; y de Tucumán, Claudia Beatriz Sbdar y Antonio Estofán.
Los jueces de primera instancia que concurrieron fueron los salteños Víctor Raúl Soria, Marta Maturana de Haddad, Adriana Martorell de Milia, Daniel Juan Canavoso, María Vargas, Cristina del Valle Barberá y Leonardo Araníbar; la santiagueña Nilda Teresita del Valle Tamer; y los tucumanos Sylvia Josefina García Zavalía, Carlos Torino, Sara Nilda Valverde y María Elisa Villafañe.
La convocatoria fue realizada por la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del Noroeste Argentino. Estuvo previstas como una reunión reservada sólo a magistrados del fuero de Familia. El encuentro comenzó con un informe por jurisdicción (a cargo de un juez designado especialmente por cada distrito) sobre los aciertos y las debilidades que observan respecto de las leyes aplicables. Luego debatieron en comisión en las que se fomentó el intercambio de experiencias, ideas y proyectos que aportaron los asistentes.
En un relevamiento realizado en 2007 por el Colegio de Abogados, se determinó que el fuero de Familia y Sucesiones era el que más complicaciones, demoras y cuestionamientos tenía en los tribunales tucumanos.
Se trató de la primera iniciativa de reuniones plenarias de este tipo, mediante la cual la Junta que preside la salteña María Cristina Garros Martínez procura articular propuestas comunes y superadoras en el plano interprovincial. Asimismo, la Junta de Cortes del NOA aprovechó la oportunidad para efectuar una reunión propia, en la que analizaron los distintos proyectos en mediación y resiliencia (es la capacidad de una persona o grupo para superar positivamente situaciones críticas o traumáticas) y las futuras actividades por encarar como cuerpo, pese a la ausencia de representantes de Jujuy y de Catamarca (estaban de feria).
Conclusiones
Los 17 magistrados que deliberaron acerca de la problemática social que constituye la violencia familiar coincidieron en remarcar la necesidad de que se implementen políticas públicas en forma coordinada entre los tres poderes del Estado tendientes a la protección integral de las víctimas de esos hechos.
En las conclusiones, los jueces remarcaron que la tarea de prevención debe ser encarada con personal especializado, a través de los distintos estamentos del Poder Ejecutivo, en las áreas de educación, salud y acción social. Para un eficaz trabajo, se sugiere la creación o integración de equipos interdisciplinarios (integrados por psicólogos, asistentes sociales, médicos y abogados), encargados de la contención, asistencia integral de las afectados y orientación sobre el modo de afrontar y solucionar la problemática.
Respecto del accionar de la Justicia, se planteó que la atención jurisdiccional del conflicto de violencia familiar tiene que estar a cargo de un juez proactivo, comprometido con la problemática social y dispuesto a ejercitar su imperio con decisión y firmeza a los fines del efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en amparo de las víctimas.
“Los juzgados con competencia en protección de víctimas de violencia familiar deberán adoptar métodos modernos de gestión. Los tribunales superiores de Justicia gestionarán la integración de los equipos interdisciplinarios necesarios (conformados por médicos, psicológicos, asistentes sociales, antropólogos y otros profesionales que fueren pertinente incorporar), para el cumplimiento de la función encomendada”, sostuvieron.
Los jueces consideraron necesario contar con personal policial especialmente capacitado en violencia familiar. A su vez, la víctima deberá disponer de asesoramiento jurídico. Además, entendieron que la mediación en conflictos por violencia familiar (en tanto los casos no constituyan delito) podrá ser realizada en centros de mediación, en forma previa a la judicialización.
Para el cumplimiento y seguimiento de las medidas dispuestas en el proceso de violencia familiar, los jueces afirmaron que deberían contar con la asistencia de los equipos del PE. También señalaron que resulta conveniente la elaboración de estadísticas para evaluar los resultados de las políticas y acciones adoptadas, y convocaron a los jueces de Familia de Jujuy y de Catamarca a que se adhieran al documento emitido.
Del encuentro participaron los miembros de la Corte de Salta, Garros Martínez y Guillermo Catalano; del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo Llugdar; y de Tucumán, Claudia Beatriz Sbdar y Antonio Estofán.
Los jueces de primera instancia que concurrieron fueron los salteños Víctor Raúl Soria, Marta Maturana de Haddad, Adriana Martorell de Milia, Daniel Juan Canavoso, María Vargas, Cristina del Valle Barberá y Leonardo Araníbar; la santiagueña Nilda Teresita del Valle Tamer; y los tucumanos Sylvia Josefina García Zavalía, Carlos Torino, Sara Nilda Valverde y María Elisa Villafañe.







