El fallo también alcanza al ex presidente Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior, Albano Harguindeguy, aunque tiene menor incidencia sobre ellos porque ya se encuentran cumpliendo arresto domiciliario por la comisión de delitos de lesa humanidad.
De esta manera, los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Freiler ratificaron la medida dictada en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide, quien había decretado la nulidad de los indultos firmados en su momento por el presidente Carlos Menem al considerar que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Una vez que el expediente sea remitido nuevamente a primera instancia, Oyarbide podrá eventualmente ordenar la detención de Martínez de Hoz, quien niega vinculación con el hecho.
En esta causa se investiga el secuestro extorsivo de los empresarios Federico Gutheim y su hijo Miguel, ocurrido el 5 de noviembre de 1976 por negarse a realizar una operación comercial de su empresa algodonera con sus pares de Hong Kong.
Los empresarios fueron liberados en abril de 1977 a raíz de otro decreto presidencial.
Cattani aseguró que la detención de los empresarios "se revistió de una falsa legalidad", ya que "fueron obligados a mantener diversas reuniones relacionadas con la actividad económica, a las que fueron conducidos bajo estricta custodia policial y luego reintegrados a la cárcel". "No se puede perdonar actos que impliquen la concesión de facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgar sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna", agregó. Para los camaristas "no se pueden albergar dudas que son delitos de lesa humanidad los cometidos por los jerarcas del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, motivo por el cual, además, son imprescriptibles". En ese sentido, Freiler sostuvo que el particular contexto político en el que tuvieron lugar las privaciones de la libertad (de los Gutheim) "en el marco del accionar montado por el aparato de represión que instauró la última dictadura", le permite "afirmar que los delitos atribuidos a los imputados resultan subsumibles en la categoría de crimen de lesa humanidad".
La medida judicial recibió voces de apoyo
Hubo pronunciamientos sobre la medida contra José Martínez de Hoz.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, celebró el dictamen judicial. "Está muy bien, porque además de estas causas abiertas por el secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, Martínez de Hoz es responsable del gran genocidio económico de la Argentina como primer gestor de esta deuda externa que no contrajo el pueblo", aseveró. Cortiñas agregó: "también habría que juzgar a Guillermo Walter Klein (titular de la Secretaría de Coordinación y Programas del Ministerio de Economía en los años duros), quien tenía la lista de los que debían desaparecer para poder llevar adelante su plan económico".
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que los delitos económicos de la dictadura militar "también son crímenes de lesa humanidad", al respaldar el fallo judicial. Además, señaló que el ex ministro de la dictadura "tiene que ser juzgado para saber cuál ha sido su responsabilidad" y agregó que el plan económico que instrumentó la última dictadura militar "condenó a un pueblo a la muerte y la destrucción".
El abogado Rodolfo Yanzón, de la Liga Argentina por los DDHH, celebró el fallo y exhortó a "avanzar sobre quienes se desempeñaron en ese área relacionada con el plan de exterminio". (DyN-Télam-NA)
