Votarán, pero ningún candidato se acercó a ellos

Las paredes están limpias de afiches y de pintadas, aunque la falta de luz y el paso del tiempo dan un tono grisáceo al esmalte verde agua con el que se les dio color. Tampoco hay pasacalles que den aún más sombra a los oscuros pasillos. Ni siquiera hay promotoras que interrumpan el tránsito peatonal para repartir votos. Es, quizás, el único rincón de la provincia al que no llegó la parafernalia proselitista, a pesar de que el padrón de electores está a un paso de igualar al de la comuna de Anca Juli.
Las galerías del penal de Villa Urquiza son frías, pero basta con dar unos cuantos pasos para sentirse más sofocado que durante una caminata de sábado por la mañana en las peatonales céntricas. La indiferencia de la multitud en las calles contrasta con el ahogo que produce a unos cuantos el encierro. Preguntas, aseveraciones, ironías y comparaciones. Cualquier palabra vale si el interlocutor es alguien que acaba de pasar por esos cuatro muros. Es, quizás, el anfiteatro en el que todo dirigente político desearía hablar. Sin embargo, ese público ávido por dialogar, por recibir información y hasta sólo por escuchar fue el único que olvidaron los más de 7.000 candidatos que hoy buscarán acceder a un cargo público.

Principio de inocencia
Por decisión de la Cámara Electoral Nacional, a partir de esta elección podrán votar las personas detenidas, acusadas de haber cometido un delito, pero que no tengan sentencia firme. La medida se justifica en que, sobre ellos, rige el principio de inocencia.
En Tucumán son 277 los internos procesados que están en condiciones de sufragar en cualquiera de las unidades penitenciarias; mientras que hay 288 habitantes empadronados en Anca Juli; la localidad de alta montaña es el distrito con menor cantidad de votantes. Sólo el penal de Villa Urquiza reúne a 230 detenidos que hoy podrán emitir su voto como cualquier otro ciudadano. La experiencia, según pudo constatar LA GACETA, despertó el interés de muchos internos, pero estos ni siquiera pudieron conocer las propuestas de los postulantes. “Ninguno se acercó; está claro que es un voto que no les interesa”, sostiene con resignación Felipe Daniel Carabajal, un docente de 51 años que desde hace 20 meses permanece alojado en la Unidad 2 de procesados de la cárcel.
Jacinto Fernando Manzur es padre de cuatro hijos y desde hace tres años y 10 meses está detenido sin condena. “No tenía para pagar la caución de $ 15.000 que me pusieron”, explica en referencia a que las leyes otorgan el beneficio de la libertad a quienes hayan transcurrido más de dos años presos sin haber recibido una sentencia. “Me hubiese gustado que alguno venga, para que les expliquemos cuáles son nuestros problemas; también somos ciudadanos”, reniega el hombre de 39 años.
La palabra ciudadano se repite a lo largo del diálogo. Carabajal y Manzur aseguran comprender el olvido de la sociedad (“es inevitable”, coinciden) pero no el de los gobernantes. “Sólo con mayor educación se pueden combatir los flagelos que producen la marginación y la pobreza”, advierte Carabajal, haciendo gala de su pasado como docente y de su presente como alfabetizador dentro del penal. “Apenas entré un chico de 22 años me pidió que le leyera una carta de la novia. Le contesté que era algo privado, que yo no podía abrirla. Y me respondió que no sabía ni leer ni escribir”, refuerza.
Carabajal es santiagueño y Manzur, tucumano, pero a ambos los une un pasado como vecinos de San Cayetano. Allí ocurrieron los hechos -sin relación entre sí- por los cuales están detenidos. Cuando se les pregunta por los datos que conocen de la realidad afirman que sólo reciben información de sus familiares. Por eso, ante una consulta por la orientación del voto, reconocen que la influencia de sus afectos será la que determine el sentido del sufragio.
“Ni siquiera de eso se dieron cuenta (en alusión a los candidatos). Aquí podemos ser pocos, pero todos tenemos familiares afuera; ¿sabe lo bien que hubiese caído en nosotros si alguien venía y nos escuchaba?”, dice Manzur. “Hay un efecto multiplicador que no tuvieron en cuenta”, insiste Carabajal.

Derechos cívicos
La interrupción del mozo de la dirección del penal podría haber pasado inadvertida durante la charla si no hubiese sido por Carabajal. “Más bien que sí; yo diría que tomemos café”, repara con entusiasmo. Después la conversación continúa respecto de la sensación que les produce la posibilidad de votar.
“Es importante. Nos hace ver que, a pesar de estar aquí, también tenemos derechos cívicos”, reflexiona Carabajal mientras pregunta con amabilidad por la cantidad de cucharadas de azúcar a poner en cada pocillo. “No porque estemos privados de la libertad no tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes”, añade Manzur, a esa altura ya más cómodo con el diálogo.
Ambos confiesan que saben poco acerca de las propuestas y de los candidatos: sólo identifican a dos o tres de los trece postulantes a gobernador. Pero ironizan con la falta de recambio dirigencial que hay en Tucumán. “Son los mismos de siempre”, dice en tono jocoso Manzur. Carabajal, en tanto, reclama a las autoridades que organicen foros informativos para los presos. “Uno sólo tiene acceso a la TV y a la radio; así no puede estar informado. Pero sí, están los mismos”, corrobora el hombre.
Se les advierte que también podrán sufragar en la elección presidencial del 28 de octubre, pero el rostro distendido da lugar a otro más adusto. “Ojalá que para esa fecha ya no estemos acá”, responde Carabajal antes de despedirse.

Si bien la Constitución Nacional prevé que el voto es obligatorio, en el caso de los detenidos sin condena sólo será optativo. para evitar presiones internas en el penal.
La disposición, que se experimentará por primera vez, regirá por decisión de la Cámara Electoral Nacional y se repetirá en la elección presidencial de octubre. La disposición fue adoptada en respeto del principio de inocencia y de los derechos políticos de los presos, los que sólo son suspendidos cuando reciben una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada.
La JEP montó tres mesas especiales para atender a un padrón de 277 ciudadanos. De ellos, 230 se encuentran alojados en el penal de Villa Urquiza, 18 en la cárcel de mujeres de Banda del Río Salí y 29 en la unidad de Concepción. Si bien el número de personas procesadas en Tucumán supera los 600, para poder votar es necesario figurar en el padrón oficial de electores y tener el Documento Nacional de Identidad disponible.
Muchos de los detenidos a espera de juicio y condena no están documentados o los DNI están en poder de sus familiares (si son presentados en la cárcel, deben ser retenidos por las autoridades del penal). La JEP desistió de instalar dos urnas que estaban previstas en comisarías (una en la capital, de la Mujer, y la otra en Concepción), ya que los alojados allí no figuran en el padrón o carecen de DNI.
Las autoridades de mesa que controlarán los comicios serán policías especialmente adiestrados. Se los eligió para cumplir con esta misión para evitar la presencia de civiles en los lugares de detención. Sin embargo, está autorizada la presencia de los fiscales de cada expresión política que quieran concurrir. Para poder elegir en privacidad, tal como dispone el Código Electoral, se habilitará un cuarto oscuro con boletas de todos los partidos. El escrutinio se realizará en el mismo penal en donde se vote.
El director de Institutos Penales, Ernesto Salas, consideró que la disposición tiene un alto valor simbólico. “Por primera vez, los procesados son reconocidos con plenitud de derechos. Para ellos rige el principio de inocencia”, expresó.
“Cumplimos con esta disposición, decidida a la luz de los modernos conceptos del Derecho Penal, que dispone que no se puede privar de facultades a los ciudadanos si antes no tienen ninguna sentencia que les haya prohibido votar”, señaló Alfredo Carlos Dato. El titular de la JEP reconoció que, operativamente, se genera cierta dificultad, porque hay que llevar los votos de todas las secciones electorales, ya que los detenidos pueden estar empadronados en un lugar distinto a donde están alojados.