21 Agosto 2007 Seguir en 
La conferencia de Salta se va a diferenciar de la de Santa Fe. En términos organizativos, el año pasado todavía no había demasiada claridad respecto de la propuesta. En cierto modo podía entendérsela más como una actividad de tipo académico; este año está mucho más claro para todos que se trata de una asamblea nacional de jueces en la que, más que ir a escuchar disertaciones magistrales vamos a debatir sobre problemas concretos para encontrar soluciones concretas. Con ese objetivo, hemos tratado de reducir al máximo las disertaciones. Casi diría que sólo hemos conservado las exposiciones del acto de apertura. Queremos privilegiar y potenciar el trabajo de comisión y agregamos la presentación de propuestas elaboradas por las organizaciones convocantes.
Los jueces, en general, están muy motivados, sobre todo los de las provincias. A principios de agosto, la FAM aprobó una posición en una asamblea donde participaron representantes del país. Así, llevamos a la Conferencia una propuesta sobre Justicia simplificada y de proximidad, que es un plan para difundir un sistema de atención especial para los asuntos judiciales menos complejos. Puede ser visto como pariente de la Justicia de menor cuantía. En la propuesta incluimos un proyecto de Código de Procedimiento, el modo de organización, y los convenios interjurisdicccionales con los municipios.
Esta idea se anota dentro del eje temático de la mejora de gestión: sacarles parte de la carga a los tribunales de primera instancia, con procedimientos más sencillos y próximos territorialmente, mejorará el acceso a la Justicia en asuntos que hoy no tienen respuesta. Respecto de la reducción de litigiosidad, impulsamos un plan nacional de mediación en el que proponemos mecanismos y órganos. Alrededor de la mitad del país todavía no tiene la mediación: queremos que haya más donde está y que se instale donde falta.
La Nación debe asumir una función de defensa de las garantías judiciales ayudando el financiamiento como lo hizo en su momento con la educación y la salud. Este es el tiempo de la Justicia. Proponemos la constitución de un fondo estructural para el desarrollo de la Justicia argentina, con aportes del Tesoro Nacional. La intención es que esos recursos impulsen proyectos en las provincias que acrediten propuestas de mejoramiento en el plazo promedio de duración de los conflictos y de mejoramiento y simplificación en el acceso a la Justicia. Ese fondo también buscará mejorar la imparcialidad del juez, potenciar su perfil de mayor neutralidad, quitándole la función de acusación que todavía tiene en algunas jurisdicciones donde debe juzgar e investigar. En ese sentido, impulsamos el Ministerio Público.
Estos objetivos están dentro de las garantías judiciales de los tratados internacionales de Derechos Humanos. El artículo 8.1 del Pacto San José de Costa Rica los establece claramente. Actualmente el ciudadano argentino goza de una Justicia desigual cuya efectividad y eficiencia depende del lugar donde está localizada. Tucumán es una de las provincias que tiene menos inversión en la Justicia, inferior a los $ 40 por habitante, la mitad del promedio nacional de $ 80. En las provincias del sur, por cada habitante se gasta entre $ 200 y $ 300.
La administración del Poder Judicial es una zona gris que todavía no está clara entre la CSJN y el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), y es inaceptable que no pueda tener una gestión autónoma del presupuesto porque necesita elaborar políticas judiciales como uno de los poderes del Estado. Necesita poder disponer de los recursos para proveer a la factibilidad. Es un tema que tiene que resolverse con atención al criterio republicano de la división de poderes. No puede admitirse la administración de los fondos por un órgano externo como es el CM, que incluso tiene una representación de miembros de otros poderes. Puede afectar el diseño constitucional de la división de poderes, aunque no sería tan grave si se mantiene como una estructura de apoyatura contable, organizativa o de ejecución.
Los jueces, en general, están muy motivados, sobre todo los de las provincias. A principios de agosto, la FAM aprobó una posición en una asamblea donde participaron representantes del país. Así, llevamos a la Conferencia una propuesta sobre Justicia simplificada y de proximidad, que es un plan para difundir un sistema de atención especial para los asuntos judiciales menos complejos. Puede ser visto como pariente de la Justicia de menor cuantía. En la propuesta incluimos un proyecto de Código de Procedimiento, el modo de organización, y los convenios interjurisdicccionales con los municipios.
Esta idea se anota dentro del eje temático de la mejora de gestión: sacarles parte de la carga a los tribunales de primera instancia, con procedimientos más sencillos y próximos territorialmente, mejorará el acceso a la Justicia en asuntos que hoy no tienen respuesta. Respecto de la reducción de litigiosidad, impulsamos un plan nacional de mediación en el que proponemos mecanismos y órganos. Alrededor de la mitad del país todavía no tiene la mediación: queremos que haya más donde está y que se instale donde falta.
La Nación debe asumir una función de defensa de las garantías judiciales ayudando el financiamiento como lo hizo en su momento con la educación y la salud. Este es el tiempo de la Justicia. Proponemos la constitución de un fondo estructural para el desarrollo de la Justicia argentina, con aportes del Tesoro Nacional. La intención es que esos recursos impulsen proyectos en las provincias que acrediten propuestas de mejoramiento en el plazo promedio de duración de los conflictos y de mejoramiento y simplificación en el acceso a la Justicia. Ese fondo también buscará mejorar la imparcialidad del juez, potenciar su perfil de mayor neutralidad, quitándole la función de acusación que todavía tiene en algunas jurisdicciones donde debe juzgar e investigar. En ese sentido, impulsamos el Ministerio Público.
Estos objetivos están dentro de las garantías judiciales de los tratados internacionales de Derechos Humanos. El artículo 8.1 del Pacto San José de Costa Rica los establece claramente. Actualmente el ciudadano argentino goza de una Justicia desigual cuya efectividad y eficiencia depende del lugar donde está localizada. Tucumán es una de las provincias que tiene menos inversión en la Justicia, inferior a los $ 40 por habitante, la mitad del promedio nacional de $ 80. En las provincias del sur, por cada habitante se gasta entre $ 200 y $ 300.
La administración del Poder Judicial es una zona gris que todavía no está clara entre la CSJN y el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), y es inaceptable que no pueda tener una gestión autónoma del presupuesto porque necesita elaborar políticas judiciales como uno de los poderes del Estado. Necesita poder disponer de los recursos para proveer a la factibilidad. Es un tema que tiene que resolverse con atención al criterio republicano de la división de poderes. No puede admitirse la administración de los fondos por un órgano externo como es el CM, que incluso tiene una representación de miembros de otros poderes. Puede afectar el diseño constitucional de la división de poderes, aunque no sería tan grave si se mantiene como una estructura de apoyatura contable, organizativa o de ejecución.
Dr. Abel Fleming
Juez de Salta -
Titular de la Federación Argentina de Magistrados (FAM)
Juez de Salta -
Titular de la Federación Argentina de Magistrados (FAM)










