Bulimia institucional y anorexia financiera

La Universidad de los años 90 fue la Universidad del Estado “evaluador” y de la confrontación de intereses. La educación superior del siglo XXI pide una ley que se ciña al momento; una ley en cuya letra se respire el espíritu de la concertación. Palabras más, palabras menos, así definió ayer el ex secretario de Políticas Universitarias de la Nación Juan Carlos Pugliese su idea de una próxima ley de Educación Superior.
Pugliese participó en Tucumán del lanzamiento del Centro de Estudios sobre Universidad y Educación Superior, que nació a impulso de la Secretaría General de la UNT, y en ese marco le advirtió a la comunidad universitaria que si no debate y diseña propuestas propias en vista de una nueva ley para el sector, el Gobierno nacional terminará imponiendo en el Congreso una norma de factura propia. El ex funcionario señaló ayer que, a diferencia de los años 90, cuando el Parlamento sancionó la norma vigente a espaldas de la comunidad universitaria, esta vez el Poder Ejecutivo “se autolimitó” en la discusión y les envió a los rectores de las universidades públicas y a los de las privadas un documento para que lo sometieran a debate. La discusión parlamentaria no será inmediata, ya que el ministro de Educación, Daniel Filmus, está enfrascado en la interna porteña, que se dirime en junio. Pero el kirchnerismo ya anticipó su idea de “cerrar” el paquete de leyes que incluyó la de Educación Técnica, la de Financiamiento Educativo y la nueva Ley Nacional Educativa.
Por coincidencias de agenda, también está sesionando en Tucumán el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Sus integrantes también opinaron que, aunque los tiempos políticos no son los mejores, la universidad argentina actual no es la misma que la de los años 90. Aquella fue una década de crecimiento de la oferta educativa privada (y del nacimiento de universidades nacionales “a medida” de determinados caudillos o líneas políticas) y de desfinanciamiento de las instituciones públicas de educación superior. Pugliese fue gráfico: “en los años 90 -dijo- se duplicaron las instituciones, pero no el presupuesto para las universidades, lo que ha provocado bulimia institucional y anorexia financiera”. La UNT, como muchas otras, destina más del 90 % de su presupuesto a salarios, cuando por ley debería respetarse el porcentaje de un 85% para sueldos y un 15 % para gastos de funcionamiento. Entre los puntos más salientes del diagnóstico desarrollado por el ex funcionario, hay algunos que, aunque no son novedad, siguen preocupando. Por ejemplo, señaló que aunque hay un 27,7% de cobertura universitaria, el nivel de graduación es baja. Y que si se analiza el perfil de los egresados de la Universidad de Buenos Aires en el período 2002/2004, 2/3 corresponden a hogares con educación terciaria: la universidad argentina ya no es el ámbito generador de movilidad social que supo ser.
En lo instrumental, una nueva normativa permitiría, por ejemplo, la jerarquización de la oferta educativa terciaria -lo que ayudaría a descomprimir la masividad de ciertas carreras tradicionales- y la regulación de la educación a distancia. El debate está arrancando, y la comunidad universitaria tiene dos opciones: o se involucra o le imponen una ley. Los privados, se estima, darán pelea (la idea de universidad del kirchnerismo no es la del menemismo) y presionarán para consolidar lo que lograron en la década del 90. Para la universidad pública, que sólo se moviliza últimamente por reclamos salariales, el desafío es mayor.