Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Los vuelos narcos en el NOA volvieron a hacerse presentes en la agenda de seguridad de la región. Lo novedoso de este caso es que fue una diputada nacional de La Libertad Avanza la que presentó un proyecto para que las avionetas que transportan droga sean derribadas en esta parte del país. Eliana Bruno y Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, al fundamentar la iniciativa, dejaron en claro que Tucumán pasó a ser una zona roja para el narcotráfico.

“Este proyecto obedece a una cuestión de sentido común. Con sólo seguir las noticias, nos damos cuenta de que los grandes cargamentos ya no se secuestran en la frontera, sino de Tucumán hacia el sur, porque los controles en ambas provincias son burlados con ingresos por vía aérea”, sostuvo Zigarán, un funcionario que desde hace bastante tiempo viene pidiendo a la Nación que intensifique la lucha contra el tráfico de estupefacientes en el NOA.

El interventor de la localidad fronteriza con Bolivia no es un experto en la materia, pero conoce muy bien los movimientos de una de las principales puertas de ingreso de cocaína al país. En lo que va del año, según la información dada a conocer por las autoridades, se concretaron cinco procedimientos en los que se secuestraron, en cada caso, más de 200 kilos de ese estupefaciente. En idéntico período de 2025, fueron nueve los operativos de esas características.

La hipótesis de Zigarán también se sustenta en los informes estadísticos. En tierras tucumanas se hicieron dos de los cinco procedimientos más importantes de secuestro de cocaína. Uno de ellos, en el que se decomisaron 240 kilos de “merca”, fue concretado en los caminos montañosos de Trancas y el otro, en el que se incautaron 470 kilos, en Simoca. Otro operativo se concretó en Santiago del Estero y los dos restantes, en Santa Fe.

“Tenemos que sincerar el discurso y dejar de atiborrar las cárceles de mulas, de pasadores que llevan medio kilo de cocaína mientras los grandes popes del narcotráfico trafican cientos de kilos por día”, sostuvo Zigarán en una nota publicada por El Tribuno. “No digo que los primeros no hayan cometido delito, pero esa mujer que se llena el vientre de cápsulas poniendo en riesgo su vida comete semejante locura porque está desesperada y las bandas le pagan $100.000 para que cometa ese acto casi suicida. Pero a los verdaderos dueños del negocio nadie los toca”, añadió.

A la actividad que realizan las personas a las que mencionó el interventor salteño, los investigadores la llaman “chiquitaje”, es decir, aquellos casos en los que se secuestran menos de 50 kilos de cocaína. Hasta el viernes, se habían informado unos 108 procedimientos, de los cuales en 93 no se superó esa cantidad de droga decomisada.

Teorías y algo más

En el proyecto que ya está en manos de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, no hay mucho más que aquello de lo que se viene hablando desde hace más de un año. “En las últimas décadas, las organizaciones narcocriminales han sofisticado sus métodos logísticos. El uso de la vía aérea clandestina -habitualmente mediante aeronaves de pequeño porte, vuelos a baja altura, apagado de transpondedores y uso de pistas clandestinas no declaradas- se ha consolidado como la ruta preferida para el ingreso de sustancias ilícitas al territorio nacional o para su utilización como zona de tránsito hacia mercados internacionales. Hasta el momento, los marcos normativos vigentes han resultado insuficientes o restrictivos”, se puede leer en los fundamentos.

“Las medidas de intercepción pasiva (como el mero seguimiento o la orden de aterrizaje forzoso) suelen ser burladas con facilidad por pilotos que operan al margen de la ley, sabiendo que, en última instancia, las fuerzas de seguridad carecen de la autoridad legal para aplicar el uso de la fuerza letal como último recurso. Esta asimetría deja al Estado en una posición de extrema vulnerabilidad frente al crimen organizado, que cuenta con ingentes recursos económicos y tecnológicos”, fundamentó Bruno, que es oriunda de Orán.

En mayo, en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior del NOA, los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz (Salta), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Carlos Sadir (Jujuy) le pidieron a Monteoliva que analizara esta cuestión. La ministra trató de llevarles tranquilidad advirtiéndoles que la Nación se estaba ocupando del tema. La realidad indica que, a cuatro meses de la reunión, no hubo cambios, por lo que los narcos siguen siendo los dueños de los cielos.

¿Alcanza con una ley?

Una ley para controlar los vuelos narcos es necesaria, pero con eso no alcanza. Falta mucho camino por recorrer. La decisión política que tomó Tucumán pareciera estar siendo imitada por otras provincias. El Operativo Lapacho, un plan con el que se reforzaron los controles en los límites provinciales, está siendo imitado por Salta -la semana pasada se realizó un operativo conjunto entre ambas jurisdicciones- y Santiago del Estero. Catamarca y Jujuy, por el momento, no se mostraron entusiasmados con desplegar una estrategia similar. Está claro que, si el esfuerzo no es en bloque, a los narcos les resultará muy sencillo encontrar caminos que les permitan eludir la barrera que intente colocar una provincia.

El NOA no sólo no cuenta con una división especializada que luche contra el delito en las cinco provincias al mismo tiempo, sino que los casos de corrupción han generado el peor de los fantasmas en estos procesos: la desconfianza. Las fuerzas hacen su trabajo en cada jurisdicción, sin compartir información. En Tucumán, por ejemplo, hace más de seis años que no se concreta la desarticulación de una organización narco. Esta situación se presenta -nada menos- cuando nuestra tierra aparece en todas las hipótesis como el nuevo centro de acopio y distribución de estupefacientes.

Los expertos coincidieron en que la Nación no termina de hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. También señalaron que todos los esfuerzos que hagan las provincias serán insuficientes si las autoridades nacionales no se ponen al frente, coordinando las acciones y aportando recursos económicos y tecnológicos, no sólo para concretar el secuestro de drogas, sino también para desarticular las organizaciones que siguen creciendo.