Resumen para apurados
- El Juzgado Federal 2 de Tucumán procesó a ocho personas por desviar armas del mercado legal para contrabandearlas a Chile, tras detectar la maniobra en un control de ruta.
- La red usaba prestanombres ante la Anmac y la complicidad de una armería para registrar armas legalmente antes de enviarlas a Chile en ómnibus con transportistas extranjeros.
- El caso de Tucumán está vinculado a una megacausa en Mendoza con 34 imputados, lo que expone una amplia red criminal de tráfico transnacional de armas hacia el mercado chileno.
El Juzgado Federal N° 2 de San Miguel de Tucumán dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de ocho personas implicadas en una compleja red criminal dedicada al desvío de armas de fuego desde el circuito legal hacia el mercado clandestino, con el objetivo final de abastecer un esquema de contrabando internacional con destino a Chile. La medida dictada por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, que incluye la prohibición de salida del país, presentaciones semanales ante el tribunal y embargos de entre 8 y 12 millones de pesos, alcanza a tres empleados de una armería local, dos prestanombres, un proveedor y dos intermediarios logísticos.
A todos ellos se les atribuye en esta instancia el delito de entrega de armas de fuego a quien no acreditare la condición de legítimo usuario, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, liderada por el fiscal Agustín Chit.
Control de rutina
El 19 de diciembre de 2023 personal de la Gendarmería Nacional interceptó un ómnibus de larga distancia durante un control de rutina en la localidad de La Invernada. Allí se detuvo a dos ciudadanos chilenos que transportaban, ocultas entre sus pertenencias, ocho pistolas de calibres 9 milímetros, .40 y .45, además de cargadores y divisas extranjeras. A partir de las pericias efectuadas sobre los dispositivos móviles de los transportistas y del cruce de datos informativos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), el Ministerio Público Fiscal logró desentrañar que el armamento había sido formalmente adquirido en Tucumán apenas escasos días antes de su incautación.
El modus operandi consistía fundamentalmente en la captación de ciudadanos habilitados legalmente ante la Anmac para que prestaran su identidad y registraran las armas a su nombre. Una vez que el trámite burocrático y legal quedaba asentado, el material bélico se desviaba de inmediato de su destino legal y pasaba a manos de la organización oculta. En esta estructura resultó fundamental la connivencia y aporte técnico de tres dependientes de un establecimiento comercial del rubro armería de San Miguel de Tucumán, , quienes, valiéndose de sus conocimientos especializados y acceso a documentación oficial, agilizaban las transferencias espurias e incluso insertaban firmas apócrifas; una de las armas secuestradas, de hecho, figuraba inscripta a nombre de un ciudadano fallecido en el año 2020.
Escuchas telefónicas
Las evidencias que sustentan el procesamiento se integran por un voluminoso registro de escuchas telefónicas y transcripciones de mensajes de la aplicación WhatsApp, donde se constatan las coordinaciones logísticas y las transacciones financieras fuera del local comercial por “políticas de la empresa”, además de discusiones en moneda extranjera dirigidas a “rescatar fierros”. El andamiaje delictivo requería de la participación coordinada de dos intermediarios de vínculo familiar -padre e hijo-, encargados de recibir las armas de manos del proveedor para luego pactar las entregas directas a los transportistas extranjeros en las inmediaciones de la terminal de ómnibus tucumana.
Se ejecutaron múltiples allanamientos en la capital tucumana y en la comuna de Los Ralos, los cuales arrojaron como resultado el secuestro de más de veinte armas de fuego de diverso tipo -incluyendo revólveres, rifles, carabinas y escopetas- junto con accesorios como miras telescópicas, supresores de sonido, cartucheras, credenciales y dinero en efectivo. El juez resolvió dictar la falta de mérito parcial respecto al delito de acopio de armas de fuego para los imputados, supeditando dicha calificación penal al resultado de peritajes técnicos pendientes sobre las terminales móviles y a un examen definitivo sobre si el parque de armas incautado alcanza los umbrales de tipicidad exigidos.
La causa tiene conexión con la que se tramita ante la justicia federal de la provincia de Mendoza. En esa jurisdicción, la Unidad Fiscal Mendoza solicitó recientemente la elevación a juicio de treinta y cuatro personas acusadas de conformar una corporación criminal dedicada al tráfico transnacional de armamento y municiones hacia el territorio chileno, operando principalmente a través del paso fronterizo internacional Cristo Redentor.
