Por Juan Manuel Montero
06 Julio 2025
El fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, quien dictaminó que Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF, actualmente en manos del Estado, a los fondos demandantes liderados por Burford Capital, encendió alarmas rojas en el Gobierno y derivó en una nueva ola de enfrentamientos entre Javier Milei con, sobre todo, el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de lo que se considera un “daño irreparable” para la principal empresa energética nacional. La decisión se enmarca en la multimillonaria causa judicial derivada de la expropiación de YPF en 2012.
Los demandantes, entre ellos los herederos del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, (ex accionistas minoritarios de YPF), argumentan que la Argentina violó el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública por la totalidad de las acciones al momento de la reestatización. En septiembre de 2023, Preska ya había condenado al país a pagar más de U$S16.000 millones. Las consecuencias para Argentina son graves. La orden de entrega de acciones busca satisfacer, al menos parcialmente, esa deuda. El gobierno argentino ha decidido apelar la sentencia, solicitando la suspensión del fallo y argumentando que la medida es “jurídicamente inaplicable” y que la ley argentina prohibe la transferencia de acciones de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso.
En el marco de este proceso, Bernardo Saravia Frías, quien fuera Procurador del Tesoro de la Nación Argentina y Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, expresó su enorme preocupación por la situación actual de Argentina frente a la sentencia judicial.
En diálogo con LA GACETA, Saravia Frías remarcó que el fallo “es un cachetazo para los argentinos”, pero, agregó, “es tiempo de mirar hacia adelante, es tiempo de resolver el problema. Ya vendrá el tiempo de hacer la autopsia y buscar responsabilidades. Hoy hay que poner el foco de atención en resolver el problema y evitar que caiga toda esta responsabilidad en la espalda de los argentinos, porque no es ni más ni menos que eso lo que está ocurriendo”.
Saravia Frías enfatizó que, si se considera que el reclamo tiene origen en el 30% de las acciones de las familias que iniciaron el litigio, terminar entregando el 51% de las acciones y aún así no saldar la totalidad de la deuda es motivo de grandes preocupaciones. “La estatización de YPF, con la que puedo estar de acuerdo ideológicamente, estuvo mal hecha”, afirmó. Subrayó que no se expropió correctamente el 51% de la compañía y que no se declaró de utilidad pública solo esa parte del capital social, “sabiendo que los estatutos exigían una ‘tender offer’ al resto de los accionistas”. Además, criticó las declaraciones políticas que en su momento se hicieron, “diciendo que se iba a violar el estatuto”, lo que contribuyó a que el proceso “nació mal y evidentemente hay que evitar que termine mal”.
Saravia Frías vinculó el presente judicial con un derrotero histórico de incumplimientos de Argentina. Mencionó el “triste default” de 2001, los “default patéticos” de 2004 y 2006, y la “reticencia a cumplir y honrar la palabra de la Argentina en el exterior”. Explicó que este juzgado, encabezado por la jueza Loretta Preska, es el mismo que tenía el juez Thomas Griesa, y que Preska es discípula de Griesa, lo que significa que “tiene en su cabeza toda la historia de incumplimientos de Argentina”. Según Saravia Frías, esta jueza hereda esa historia y tiene una “visión ya de hartazgo y cansancio con Argentina”. Recordó que el embargo de la Fragata Libertad, bajo Griesa, fue una respuesta a la “contumacia de los incumplimientos de nuestro país”.
El ex Procurador afirmó que las consecuencias de estas acciones, como los defaults de Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y la reestructuración de deuda que “destrozó la economía argentina”, así como los “defaults de (Axel) Kicillof”, siempre se pagan. “La lógica de los gobiernos justicialistas ha sido la de no cumplir. Hacen una suerte de patear los problemas para adelante con declaraciones de índole político creyendo que no se pagan las consecuencias, pero las consecuencias se pagan, es lo único que no se puede evitar. Uno puede hacer lo que quiera pero las consecuencias siempre están ahí”, afirmó.
Pese a esto, Saravia Frías afirmó que “esto está lejos de ser cosa juzgada” y que “siempre hay esperanza”. Para ello, instó a “activar toda la astucia, toda la inteligencia y todas las herramientas jurídicas a disposición, que son muchas y varias en dos niveles: En Estados Unidos y en Argentina”. “Hay que apelar rápidamente en Estados Unidos y solicitar un “stay” (medida no innovar) para suspender la ejecución de la sentencia, aprovechar la gran transformación en la justicia americana, especialmente en la Corte Suprema, que muestra prontitud para resolver casos de tintes políticos y poner el caso en la agenda política estadounidense, dada la alineación geopolítica que tiene la Argentina hoy, con el objetivo de que pueda llegar a la Corte de Justicia de Estados Unidos”. Al mismo tiempo, dijo, en Argentina debe promoverse “una acción política a nivel del Congreso de la Nación ya que ya hay diputados y senadores buscando consolidar unanimidad de firmas para un proyecto de declaración rechazando esta sentencia”. Argumentó que debe haber “un repudio de la sentencia ya que es una injerencia en asuntos internos de otro país, algo que la jueza americana tiene prohibido por ley”. Y agregó que, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debería presentarse una “acción declarativa de certeza para que prohiba la transferencia de las acciones y de esa manera se genere un conflicto, un conflicto que blinde a las autoridades argentinas, blinde al Estado argentino para no transferir esa acción”.
Saravia Frías concluyó que la esperanza en que esto se resuelva debe estar “bien fundada en toda la astucia y la inteligencia para usar las herramientas procesales y políticas que hay a disposición”. Si bien cree que el petróleo es estratégico y que hay que “defender YPF”, aclaró que no cree en la expropiación y mucho menos en una expropiación mal hecha, diferenciando entre la importancia de la autonomía hidrocarburífera y el método de expropiación.
Repercusiones del fallo sobre YPF
- La diputada Campagnoli responsabilizó al kirchnerismo por el ingreso irregular del grupo Petersen y criticó al juez Ariel Lijo
La diputada nacional María Marcela Campagnoli (Coalición Cívica-ARI) cuestionó duramente la sentencia judicial emitida en Estados Unidos por la expropiación de YPF y responsabilizó al kirchnerismo por lo que considera una “estafa procesal” vinculada al ingreso del grupo Petersen/Eskenazi a la petrolera, sin haber invertido un solo peso.
La legisladora explicó que si bien el fallo de la jueza Loretta Preska puede ser apelado, también es ejecutable, lo que pone en riesgo bienes argentinos. Sin embargo, remarcó que la propia legislación local establece un freno: “El artículo 10 de la ley de expropiación exige una ley del Congreso con dos tercios de los votos para disponer de las acciones de YPF. La jueza está avanzando sobre una competencia que no le corresponde”, advirtió.
En otras líneas, Campagnoli criticó la inacción de la justicia argentina y apuntó directamente al juez Ariel Lijo, a quien acusó de “cajonear” la denuncia que Elisa Carrió y otros legisladores presentaron en 2007 por estas irregularidades: “Nunca llamó a indagatoria a nadie. Si esa causa se hubiera investigado, hoy la Argentina no estaría condenada a pagar u$s 16.500 millones”, dijo.
- El presidente de YPF señaló que la decisión judicial no afectará los precios de la nafta
El presidente de YPF, Horacio Marín, rompió el silencio tras el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska en el juicio por la expropiación de la petrolera y aseguró que la decisión judicial “no afecta a la empresa”, sino “a la República Argentina”. “El juicio no compromete nuestras operaciones ni impacta en el precio de la nafta”, subrayó.
“La nafta depende del precio internacional del petróleo, del tipo de cambio, de los biocombustibles y de los impuestos. No tiene nada que ver con la sentencia”, explicó Marín, despejando rumores sobre un posible aumento inmediato en los surtidores. En ese sentido, también adelantó que la compañía continuará con su política de precios diferenciados por horarios, conocida como la “uberización” de las estaciones de servicio: “Ofrecemos descuentos de noche y ya logramos un 25% más de consumo en esa franja”. Por último, el presidente de YPF también se refirió al futuro de Vaca Muerta, al que calificó como “el gran motor energético del país”, y proyectó exportaciones por u$s 30.000 millones anuales para 2030. “El juicio no afecta este camino. Estamos cerrando el financiamiento del nuevo oleoducto, una obra de u$s 3.000 millones que es clave para transportar nuestros recursos”, afirmó.
- Advierten que otros acreedores podrían sumarse al reclamo tras el fallo por las acciones de YPF
Tras el fallo que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital, Sebastián Maril, director de LATAM Advisors, advirtió que si el Gobierno sigue sin negociar “la Argentina puede tener serios problemas”. Según explicó el especialista, se activó un fenómeno similar al ocurrido con los holdouts en la era Griesa: “Cuando Argentina recibió el fallo en contra por adeudar en default, después aparecieron otros fondos que también querían cobrar. Se llamaban los famosos Me Too, yo también”.
Luego, detalló que ahora, “como hay fallo favorable para entregar las acciones como forma de pago a estos fondos, otros acreedores que Argentina tampoco les está pagando, se suman al tren y cobran mediante el embargo de las acciones de YPF”. Sobre el origen de estos nuevos reclamos, precisó: “Son los famosos holdouts de la época del juez Griesa, de Paul Singer, que todavía no han cobrado y bueno, no les queda otra que presionar para cobrar”. Por otro lado, Maril alertó sobre el costo de postergar soluciones: “Nos cuesta reputación ante los mercados internacionales y los inversores, genera cierta incertidumbre si realmente Argentina pagará estos juicios o seguir pateando la pelota hasta que un próximo gobierno decida hacerlo”.
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