Causa YMAD: “La administración del dinero embriagó hasta la perdición a las autoridades universitarias”

La figura del contador Luis Fernando Sacca, para quien el Ministerio Público había pedido dos años de prisión e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, fue parte central del alegato del querellante Patricio Esperguín, que representa los intereses de la Universidad Nacional de Tucumán, quien solicitó una pena más alta al acusarlo, además de por incumplimiento de los deberes de funcionario público, como habían hecho los fiscales, por fraude a la Administración Pública, por lo que pidió una pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esperguín fue el segundo en dar su alegato en el marco del juicio que se le sigue a ex funcionarios universitarios, entre los que está el ex rector Juan Alberto Cerisola, por los destinos que se les dieron a las partidas que la Universidad recibió de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD),

La “fiebre del oro”

Ante los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal Jorge Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, el querellante aseguró que “todos vimos en este juicio una gigantesca malversación de fondos que no se investigó”. “Los fondos que tenían una afectación legal fueron utilizados para cualquier cosa. Lo cierto es que en el juicio quedó demostrado que el ex rector Cerisola tenía conocimiento de que los fondos allegados de la empresa YMAD en función del texto de la ley 14.771 eran exclusivamente para construir una ciudad universitaria conforme planos aprobados, así lo dice la ley”. “En consecuencia, ha quedado demostrado en el juicio que se violaron las disposiciones de una ley de orden público y esta conducta fue reconocida a lo largo de todo este juicio. Se dispusieron fondos públicos para una cosa diferente a la que ordena la ley 14.771”, afirmó. Y luego afirmó: “en la causa existe una imputación central que engloba a los cuatro imputados La administración fraudulenta que prevé pena de prisión para el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera su cargo en manejo en la administración o el cuidado de bienes y sus intereses pecuniarios ajenos y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño violando sus deberes, perjudicarle los intereses confiados u obligar abusivamente al titular de estos. Esto es lo que ocurrió señores jueces”. Según Esperguín, “Cerisola privó a la Universidad Nacional de Tucumán de su derecho a la Ciudad Universitaria que prevé la ley 14.771. El daño a la universidad ya está hecho. Y por eso estamos en este juicio, en el que esperamos que este tribunal haga justicia y condene a todos los imputados”. “La historia de la fiebre del oro, metáfora que utilizo porque realmente refleja lo sucedido en la universidad en aquel tiempo, comenzó en los albores de la gestión de Juan Cerisola, en 2006, cuando sucedió a Mario Marigliano, en la era de los rectores contadores”, dijo. Y agregó: “Acá considero imprescindible hacer un paréntesis en la dirección pues Juan Cerisola y Luis Sacca, ambos imputados en autos y actores centrales de la administración fraudulenta investigada en la causa, son profesionales de las ciencias económicas. De los profesionales que forman nuestra universidad que conforman el colectivo de los mejores preparados para realizar cálculos matemáticos análisis de riesgo, proyecciones financieras, funciones y progresiones estadísticas. Los contadores son los profesionales del dinero, sin ingenuidades. Lamentablemente nuestra universidad sufrió el daño de esos profesionales afectados por la fiebre del oro”. El querellante advirtió que “la administración del dinero embriagó hasta la perdición a estas autoridades universitarias, los imputados, quienes iniciaron un derrotero continuo de apartamiento de las leyes cuya estricta observancia y cumplimiento les incumbía, haciéndolo con el dolo directo del fraude. Se dio entonces un sistema orientado y con un fin, obtener que el dinero que venía de YMAD no tuviera ya esa afectación legal a la ciudad universitaria conforme planos aprobados, sino que fuera de libre disponibilidad, que se pudiera gastar en cualquier cosa”. “Hubo un increíble mecanismo de fraude que se planificó y ejecutó en el gobierno de los contadores imputados”, afirmó, y agregó: “Cerisola ya sabía que el dinero iba a empezar a llegar en cantidad. Entonces, decidió cambiar aquella Ciudad Universitaria soñada de la ley 14.771 por lo que llamaron en su grupo de conducción la Ciudad Universitaria del siglo XXI y en el año 2007 se empezó a concretar otro gran instrumento del fraude con la creación de la Unidad Ejecutora de Programas de Obras, UEPO, que integraban el contador público nacional Ronald Parada Parejas, el asesor económico financiero del contador Luis Sacca, el mismo que ustedes vieron acá mintiéndole al tribunal descaradamente; Olga Cudmani, directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias. y el arquitecto Juan Maya, por entonces yerno de Cerisola. En esa comisión o unidad ejecutora empezó la ingeniería para defraudar a la universidad. Todo el apuro y la emergencia eran para obtener la libre disponibilidad de los recursos”.

“Lucro indebido”

En el marco de su alocución, Esperguín se preguntó: “¿para qué se montó todo ese aparato ilegal?”. Y contestó: “la respuesta es obvia: para aprovecharse de esos fondos justamente y procurar un lucro indebido en beneficio propio o en beneficio de terceros. Nadie construye semejante aparato para nada, menos los profesionales del dinero. Todo ese andamiaje fraudulento se creó para realizar actos de corrupción”. Para el representante de la querella está probada la administración fraudulenta en perjuicio de la Universidad. “Fue un perjuicio económico concreto que le ocasionaron Sacca y Cerisola a la Universidad. Sacca forma parte esencial de la administración fraudulenta que padeció la Universidad. Era el hombre de confianza del rector y en él se había delegado uno de los aspectos esenciales del fraude, que era la elección del destino de las colocaciones financieras”, afirmó. Y concluyó: “En todas las obras se pagaron sobreprecios fabulosos”, tras lo cual puso como ejemplo lo sucedido con la Facultad de Derecho. “Es el edificio más hermoso de toda la universidad, pero es un monumento a la corrupción”.

Alegan las defensas: primero, la representante de Venturino

Las audiencias continuarán el próximo lunes, cuando comiencen los alegatos de la defensa. Según su supo, en primer lugar lo hará Pamela Tenreyro, representante de Osvaldo Venturino, y luego será el turno de Víctor Taleb, quien defiende a Luis Sacca. Posteriormente (ya el martes, seguramente), tomará la  palabra Alfredo Falú, abogado de Olga Cudmani, y luego lo harán Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, que defienden a Juan Alberto Cerisola. Estos alegatos llevarán todas las audiencias de la próxima semana.

Pedidos de Esperguín

Para Luis Sacca: cuatro años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para Olga Cudmani: cuatro años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para Osvaldo Venturino: dos años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para Juan Alberto Cerisola: seis años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Frases

“En medio de malas condiciones edilicias, producto de los sucesivos recortes presupuestarios, se investiga, se enseña y se forman profesionales, desde hace muchos años, profesionales de calidad de nuestra Universidad. Sin embargo, con ese argumento precario y poco original de la emergencia edilicia, se empezó a instrumentar el fraude”.

“El 2 de enero del 2008, fecha clave, en pleno receso administrativo y a espaldas del Honorable Consejo Superior de la Universidad, que es el máximo órgano de gobierno de la universidad, el ex rector Cerisola unilateralmente y sin competencia para ello, declara concluida la Ciudad Universitaria y el 7 de abril de 2008 se dictan las tres resoluciones consecutivas números 365, 366 y 367 por las que se construye el andamiaje reglamentario del fraude, apartándose de leyes nacionales y de orden público”.