Por Juan Manuel Montero
24 Junio 2025
El ex rector Juan Alberto Cerisola podría recibir una pena de seis años de prisión si los jueces del Tribunal Oral Federal acceden al pedido que realizó el Ministerio Público Fiscal en el marco del juicio que durante más de un año se realizó por el destino que la Universidad Nacional de Tucumán les dio a los millonarios fondos que durante años recibió de YMAD.
Luego de cuatro jornadas durante las cuales los fiscales Pablo Camuña, Lucía Doz Costa y Agustín Chit desglosaron todas y cada una de las pruebas que a su entender recolectaron durante el juicio, se pasó al pedido de pena para los acusados: el ex rector Cerisola, Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-
A la hora de realizar el pedido, los fiscales requirieron que Cerisola fuera condenado a 6 años de prisión, Cudmani a cuatro años, Venturino a dos años de prisión y Sacca, también a dos años.
Pero además se requirió que todos devuelvan dinero, con cifras multimillonarias. Para Cerisola el monto alcanza los 19.257.929.176,83 por la renuncia al porcentaje de las utilidades de YMAD; en el caso de Cudmani y de Cerisola (de manera solidaria por los sobreprecios de obras y adicionales), que se devuelvan 16.353.118.719,73; en el caso de Cudmani y de Venturino, por el alquiler del predio lindero a la Facultad de Derecho, la suma de más de 28 millones de pesos, a lo que deben sumarle 668 millones por readecuaciones; y en el caso de Sacca, la suma de 250 millones de pesos.
En su alegato, el fiscal Chit advirtió que “hemos entendido que los funcionarios públicos decidieron modificar ilegalmente las condiciones de recepción de ese dinero y el destino de ese dinero para poder disponerlos de manera discrecional. Y entendemos también que con este enorme caudal de dinero ingresado, que debía cumplir un fin, que era la ciudad universitaria, se decidió realizar inversiones financieras para asegurar que no se deprecie el dinero con el paso del tiempo y principalmente con las condiciones económicas que sufre cíclicamente nuestro país”. “Hemos visto autorizaciones del rector Cerisola para la realización de gastos corrientes como materiales de ferretería, insumos de imprenta, equipos informáticos. O para la compra de un aire acondicionado, cuando ya la autorización la daba cualquier funcionario”, dijo, y agregó: “cualquiera de las personas que podían estar cercanas a los montos, a los recursos, podía meter la mano en el cajón, sacaba para sus necesidades diarias y cotidianas. Cualquiera disponía de la plata de YMAD”.
La causa se relaciona con el manejo de unos $353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT en concepto de utilidades de la minería. La Universidad es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% debía dividirse en un 20% para las otras universidades y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad.
Regla general
Chit, quien tomó en sus manos la parte final del alegato luego de las exposiciones de sus dos colegas, advirtió que “la opacidad y la oscuridad en el registro era la regla general, sobre todo otro concepto, y es lo que permitió básicamente a este grupo de funcionarios públicos disponer de fondos millonarios como si fuera de verdad el peor comercio de barrio”. “Nosotros nos preguntamos, señores jueces, sinceramente, dónde están las consultas y las respuestas del equipo económico, los estudios técnicos del equipo económico, la asesoría del equipo económico informando las tasas, las constancias, las comunicaciones, las constancias de las reuniones, porque hubo una obscena discrecionalidad”, continuó. Y resaltó: “La verdad es perogrullo cuando uno se pregunta quién es el beneficio final de todas estas inversiones y maniobras. ¿Quién de verdad genera el lucro, el beneficio económico? Los bancos que reciben estas millonarias inversiones sin licitación, sin autorización y control de la Tesorería General de la Nación. Este es el verdadero beneficiario, la entidad bancaria. Quizá en una correcta investigación hubiésemos llegado a una conclusión mayor sobre quiénes son todos los beneficiarios de estas operatorias y maniobra discrecional de uso de fondos públicos”. Chit remarcó en ese sentido que “el contador Sacca nos dijo en su primera intervención que la administración de la UNT no es una carnicería del barrio. Esto es lo contrario, funciona como un un relojito, nos dijo. Vimos perfectamente cómo el rector firmaba las notas, en base a sus propias autorizaciones, ordena una nueva resolución, suscribe ordenando un plazo fijo, sin la firma de un actuario, ni la formalidad de un acto administrativo, una simple nota, incluso algunas a mano. No se acompaña ninguna nota incluso sobre la consulta que se le puede haber hecho al banco en relación con las tasas, los plazos, las ganancias. Y esto, por supuesto, creemos que es una falta de respeto a los carniceros, ¿no? Porque ni una carnicería tiene ese nivel de informalidad, y la que tiene la quiebran”.
Con respecto a la situación de Sacca, Chit explicó: “el perjuicio por el reingreso de los intereses, tal como fue imputado por el fiscal de instrucción no ha sido acreditado. Por eso se elimina (esa acusación), pero eso no elimina el incumplimiento de las leyes nacionales de ejecución de órdenes abusando de su función”, por lo que se le terminó pidiendo una pena menor que las solicitadas para Cerisola y Cudmani.
Frases de Agustín Chit
“Ante la recepción de este caudal millonario que recibió la Universidad Nacional de Tucumán debió haberse llamado a licitación pública para elegir la entidad financiera que iba a realizar los plazos fijos, previa autorización, por supuesto, de la Tesorería General de la Nación. Nada de eso se hizo”.
“La modalidad mediante la cual se decidieron realizar los plazos fijos evidencia nuevamente este estado absoluto de desprecio por la educación registral y los principios de regularidad financiera, de legalidad, de economicidad, de eficacia, de eficiencia, en la aplicación de los recursos públicos previsto en la ley de administración financiera”.
“(Ronald) Parada Parejas (empleado de la UNT, quien fue auditor contable e integró la Unidad de Negocios de la Universidad cuando se diseñó el plan de obras) nos mintió en la audiencia, porque en realidad lo que intentaba justificar era su propio accionar ilegal en todas estas maniobras de manejo discrecional de fondos. Pueden verse sus definiciones, su asesoría, y sobre todo el direccionamiento para que sea una financiera específica la que reciba la constitución de los tres fideicomisos. Y está su firma, por supuesto. Había funcionarios públicos beneficiando a entidades financieras y bancos”.
Hoy: alegato del representante de la querella, Esperguín
Hoy, desde las 9.30, será el turno del alegato del representante de la querella, Patricio Esperguín, y luego lo harán las defensas representadas por las defensas representadas por Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen (Cerisola), Alfredo Falú (Cudmani), Víctor Taleb (Sacca) y Pamela Tenreyro (Venturino). Finalmente (sin fecha estipulada), los jueces subrogantes del TOF, Jorge Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, comunicarán la sentencia.
Qué se pidió para cada uno
Juan Alberto Cerisola: Seis años de prisión por ser autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes del funcionario público y coautor del delito de fraude de la Administración Pública, inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como funcionario público y la restitución de 19.257,929.176,83 pesos, por la renuncia a las utilidades de YMAD más 4.910.846.462,38 pesos en forma subsidiaria con Olga Cudmani por sobreprecios en obras más adicionales. Además, que se le dicte prisión preventiva.
Olga Cudmani: Cuatro años de prisión como autora penalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes del funcionario público y coautora del delito de fraude de la administración pública, inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como funcionaria pública y la restitución de 4.910.846.462,38 pesoso en forma subsidiaria con Juan Alberto Cerisola por sobreprecios en obras más adicionales, de 697.480.220,96 pesos en forma subsidiaria con Osvaldo Venturino por el alquiler del predio lindero a la obra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y por la readecuación económica financieras en la misma obra. Además, que se le dicte prisión preventiva.
Osvaldo Venturino: Dos años de prisión como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes del funcionario público y coautor del delito de fraude a la administración pública, inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como funcionario público y a la restitución de $ 697.480.220,96 en forma subsidiaria con Olga Cudmani por el alquiler del predio lindero a la obra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y por la readecuación económica financieras en la misma obra.
Luis Sacca: Dos años de prisión como autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, inhabilitación absoluta por 10 años para desempeñarse como funcionario público, además la restitución de 250 millones de pesos.
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