Por Gustavo Rodríguez
20 Junio 2025
El hurto existió y la acusada fue procesada por ese delito. Pero aún queda saber qué hizo con el celular que le robó al gobernador Osvaldo Jaldo durante un acto político que se desarrolló en La Cocha. El fiscal Héctor Fabián Assad dejó en claro que no descarta que haya existido una maniobra para obtener información del móvil del titular del Poder Ejecutivo. Esa fue la principal razón por la que se le dictó la prisión preventiva por 30 días a la mujer que protagonizó el insólito episodio.
El jueves por la tarde, según la acusación que planteó ayer la auxiliar Emilse Guevara, Liliana Carrizo (34 años) le extrajo el celular al dirigente tranqueño en el momento en que se tomaba una foto con él. Explicó además que con la ayuda de un fotógrafo y de una empleada de la comuna de Los Pizarro, se logró identificar a la autora. Destacó que al confirmar que ella tenía el celular, fue aprehendida en flagrancia. Por último, indicó que debía ser acusada de hurto simple. Los planteos no fueron discutidos por el defensor oficial, Pablo Cannata.
Sí lo hizo Paula Morales, designada por Jaldo como querellante. “Se debe agravar la imputación porque quedó claro que estaba preparada para cometer ese ilícito. Además, todavía no está claro cuál fue el fin de ese robo”, fundamentó. El juez Cristian Velázquez rechazó el pedido al considerar que era una calificación provisoria y que con el transcurso del proceso se podría modificar.
La otra cara
Pero esas palabras dejaron al descubierto que la investigación que se está desarrollando va mucho más allá que la de un hurto. Eso surgió cuando Guevara anunció que pediría que se le dictara la prisión preventiva por 30 días. “Nos queda determinar qué hizo con el celular durante los más de 50 minutos que lo tuvo en su poder. No podemos dejar de mencionar que en ese móvil debe haber información muy importante sobre cuestiones de Estado que pueden afectar a las instituciones y hasta a la seguridad pública”, señaló.
“Tenemos que garantizar el proceso porque quedan muchas medidas por realizar”, argumentó. Dijo que están analizando las cámaras de seguridad para determinar con quién estuvo después de haber hurtado el celular; entrevistar a personas con el objeto de determinar si estuvo en contacto con terceros después de haber cometido el ilícito; y analizar los tres pendrives, el celular y la computadora de “Conectar Igualdad” que se secuestraron en el allanamiento que hicieron los policías el jueves por la noche en el domicilio de la acusada. “Creemos que si se le otorga la libertad podría entorpecer la investigación y hasta fugarse por lo que hizo”, añadió la auxiliar, que siguió las instrucciones de Assad.
“No podemos descartar que haya una banda detrás de este hecho. Una organización que podría haber enviado a la acusada a hurtar el celular del gobernador Jaldo para extraer información sensible que puede afectar la seguridad pública y las instituciones tucumanas”, aseguró la querellante Morales. “De confirmarse esta versión, estaríamos ante un caso de gravedad institucional sin precedentes en la historia de la provincia. Por eso se debe investigar hasta las últimas consecuencias”, finalizó.
El defensor Cannata tampoco se opuso, pero sí solicitó que su asistida cumpla con la medida con la modalidad de arresto domiciliario. “Queremos que todo se desarrolle lo más rápido posible para tranquilidad de ella y del gobernador Jaldo”, indicó. Carrizo prefirió no declarar.
El juez Velázquez aceptó todos los planteos de las acusadoras. Concedió la preventiva y dispuso que la cumpla en la alcaldía de Delfín Gallo. Al mismo tiempo, en una medida que no es común, por pedido de la fiscalía, con el apoyo de las otras partes, se autorizó que se comience a analizar los contenidos de los dispositivos secuestrados.
"Confío en las instituciones", dijo Jaldo
“Nunca me había pasado una situación así. Caminamos entre la gente, compartimos, y claro que eso implica una exposición. Todo en manos de la Justicia. Serán ellos quienes determinen qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados. Tengo plena confianza en las instituciones”, expresó Jaldo. En cuanto a su seguridad personal, fue enfático: “No pienso reforzar mi seguridad. Creo firmemente que esto fue un hecho aislado. Tucumán tiene gente buena, respetuosa. Seguiremos recorriendo cada rincón de la provincia, como lo hemos hecho desde el primer día de gestión”. A su vez, añadió: “Hoy más que nunca, quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos estar cerca de la gente, no solo desde redes sociales. Nada ni nadie nos va a impedir seguir trabajando por los tucumanos”.
¿Habrá cambios?: cómo es la seguridad del gobernador
Fuentes del área de seguridad confirmaron que hay ocho custodios designados para seguir los pasos de Osvaldo Jaldo cada vez que abandona la Casa de Gobierno, a los que se suman los policías de las jurisdicciones donde realiza las visitas. Tal como lo indican los protocolos, lo acompañan en dos camionetas adquiridas para tal fin. Sin embargo, Jaldo muchas veces les pide que no sean celosos en su tarea porque le gusta mantener contacto con la gente. “El gobernador es una persona muy expuesta. Está en contacto permanente con la gente, no le niega una foto a nadie, camina entre la gente. Eso lo vivimos a diario”, remarcó el jefe de Policía, Joaquín Girvau. “Vamos a tener mayores cuidados, pero él no va a cambiar su forma de relacionarse con la ciudadanía”, añadió.
Los otros episodios
En marzo: a través de un audio, Miguel “Miguelón” Figueroa habría pretendido intimidar al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez de Ejecución Gonzalo Ortega y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo. El supuesto narco y condenado por tres homicidios y su última pareja fueron procesados.
En abril: tomó estado público que la influencer y cantante Santiagueña Valentina Olguín utilizó los datos fiscales de Osvaldo Jaldo para importar ropa desde Miami. El gobernador hizo la denuncia, y la Justicia Federal la procesó por contrabando simulado. Hizo lo mismo con otros cuatro funcionarios.
Lo más popular
