Causa YMAD: la UNT pagó sobreprecios millonarios, dice la Fiscalía

Causa YMAD: la UNT pagó sobreprecios millonarios, dice la Fiscalía

Tercera jornada del alegato de la acusación en el juicio contra ex funcionarios universitarios por las obras realizadas con fondos mineros.

Juan Alberto Cerisola.

Las ilegalidades atribuidas a los imputados Juan Alberto Cerisola y Olga Cudmani no se limitaron a la fase de ejecución de las obras, sino que se gestaron “desde el origen mismo del proceso”, revelando una “lógica de funcionamiento institucional deliberadamente deformada para facilitar justamente el desvío de fondos públicos”. De esta manera, la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa continuó con el alegato en el juicio que se sigue contra ex funcionarios universitarios por el destino que se dio a los fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).

La acusación, que además representan los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, identificó a la coimputada Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- como una “pieza fundamental y ejecutora de este dispositivo fraudulento”, con una participación “directa y decisiva en la ejecución irregular, desordenada y opaca de cada una de las etapas preparatorias de los procedimientos de selección”. Por su parte, el ex rector Cerisola, a pesar de haberse conferido a sí mismo “todas las herramientas normativas y operativas para eludir justamente los controles”, demostró una “reiteración de irregularidades groseras e injustificables” en los expedientes licitatorios, dijo Doz Costa. En ese sentido, se le imputó haber “pretendido transferir facultades indelegables a un nivel jerárquico inferior mediante instrumentos carentes de forma, motivación y competencia”, una acción que no solo infringe las reglas básicas del derecho administrativo, sino que “compromete responsabilidad penal”.

La audiencia estuvo presidida por los miembros subrogantes del Tribunal Oral Federal, Jorge Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, quienes participaron vía zoom, al igual que los acusados, Luis Sacca y Osvaldo Venturino, y los abogados defensores Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, Alfredo Falú, Víctor Taleb y Pamela Tenreyro. Estuvo presencialmente el querellante Patricio Esperguín.

La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria. Cerisola, que asumió como rector en 2006 y permaneció en ese cargo hasta 2014, mediante tres resoluciones, organizó un plan de obras en distintas dependencias de la UNT, las comenzó a ejecutar con un régimen propio, por fuera de la Ley de Administración Financiera Nº 24.156, y acordó con YMAD, mediante acta del 2 de enero de 2008, declarar concluida la ciudad universitaria, con lo cual ese 40% de regalías que llegaran de la minería se debían repartir la mitad para las otras universidades y otra mitad para la UNT, ya de libre disponibilidad.

Informes periciales

Doz Costa refirió que los informes periciales, en conjunto con los análisis de organismos de control como la AGN y la Sigen, detectaron numerosas anomalías que precedieron a los procedimientos de selección de obras. Entre estas, se destacan - dijo- expedientes sin acto administrativo de inicio, la ausencia de planos o estudios técnicos fundamentales, pliegos incompletos o contradictorios, y una “foliatura caótica que impide reconstruir la secuencia de los actos administrativos”. Las contrataciones de obras se realizaron “sin contar con una planificación técnica seria ni con elementos mínimos e indispensables que exige cumplir cualquier procedimiento licitatorio ajustado a derecho”. Incluso el “plan de obras” elaborado a pedido del rector, fue calificado de “completamente deficiente, carente de sustento técnico y con un nivel de desarrollo insuficiente”. Esta “estructura de poder informal e ilegal” generó un “contexto de opacidad propicio para la comisión de actos de corrupción”. La Fiscalía hizo hincapié en que esta falta de precisión en la etapa de planificación derivó en “superposiciones de tareas, duplicidad en el pago de trabajos” y “modificaciones introspectivas en los proyectos”.

Al respecto, Doz Costa afirmó que un pilar central de la acusación es la existencia de “sobreprecios en las 13 obras contratadas por la UNT”. Esta afirmación, según el alegato, está “ampliamente acreditada” por la pericia del ingeniero Francisco Guzmán y los informes de Gendarmería Nacional. Según esto, se demostró que la UNT pagó “precios sustancialmente superiores a los de mercado, tanto en las obras principales como en los ítems particulares”. A modo de ejemplo, la acusadora advirtió que en la obra 545, correspondiente al Laboratorio Industrial de Ciencias Exactas, la UNT desembolsó casi 4.7 millones de pesos. Sin embargo, la pericia de Guzmán y Gendarmería estimaron su valor en aproximadamente 1,5 millón, lo que representa “sobreprecios por 209.35% y 194.30% respectivamente”, es decir, “se pagó algo así como un poco más en realidad de tres veces el valor estimado”. Este fue el proyecto con el “mayor sobreprecio en promedio”. El daño económico total de estas contrataciones de obras originales asciende a $28.244.791,14 (para esa época), un monto que la Fiscalía describió como “millonario y sin precedentes en la historia de la Universidad Nacional de Tucumán”, y que no incluye obras adicionales, trabajos complementarios ni anticipos financieros.

En cuanto a los anticipos financieros del 30% otorgados en todas las obras, si bien la defensa de Cudmani argumentó que eran una decisión para evitar reclamos y minimizar la inflación, la Fiscalía sostuvo que tal decisión fue “exclusivamente adoptada por Cudmani” sin que exista evidencia documental que la vincule a un órgano superior. El otorgamiento de estos anticipos, independientemente de la finalidad que se les quisiera asignar, “violó los principios básicos de contrataciones de la ley de Obra Pública, incluso el mismo régimen de la UNT”, generando “serios perjuicios patrimoniales y financieros para la UNT”, aseguró Doz Costa. Organizaciones como la UAI, Sigen y Gendarmería ya habían alertado sobre estas anomalías, explicó. Además, la justificación de trabajos adicionales y complementarios por necesidades imprevistas carece de la documentación que respalde su existencia, la imposibilidad de preverlos, o la razonabilidad de sus costos.

Finalmente, afirmó que esta “maniobra defraudatoria, lejos de ser una simple irregularidad administrativa, una omisión involuntaria, quedó probado que esta conducta forma parte de un esquema organizado y estructurado tendiente a la violación sistemática, al deber de cuidado que los imputados tenían respecto al patrimonio universitario”.

El alegato de la fiscalía continuará el lunes, y el martes será el turno de la querella. El miércoles comenzarán a alegar las defensas de los cuatro imputados.

Derecho: la actuación de Venturino

Los cargos contra el ex director de Inversiones y Contrataciones de Osvaldo Venturino, a quien se acusa por su actuación en el caso de la obra 533 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, aún no se habían mencionado en los alegatos, hasta que ayer la fiscal auxiliar Lucía Doz Costa se encargó de hacerlo. Y fue lapidaria. “La acusación realizada conjuntamente contra Olga Cudmani y Osvaldo Venturino no puede verse al margen de toda la descripción que venimos haciendo en relación a las maniobras de Cerisola y de Cudmani a las que ahora se suma Venturino, y de la que también tomaron parte de otros factores que no fueron investigados quienes, en esta parte, teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes e intereses pecuniarios de la UNT, violaron sus deberes y perjudicaron los intereses confiados por la UNT”, dijo. “Recordemos que Osvaldo Venturino era director a cargo de la Dirección de Inversiones y Contrataciones de la UNT, dirección que dependía jerárquicamente de la Dirección General de Construcciones Universitarias que encabezaba Cudmani. Recordemos también que luego de la resolución electoral 367 del 08 que dictó Cerisola, pasaban Cudmani y su gente, entre la que se encontraba Venturino, a depender directamente del rector, salteándose dos bloques de control”, agregó. Según la acusación, en el caso de Derecho, “la diferencia en la obra original es de más de 5 millones, es decir, un sobreprecio equivalente a más del 47,36%, y en relación a los adicionales, más del 33,26%”. Y Doz Costa profundizó: “también hubo dos anticipos financieros, el primero sobre el contrato original de un 30% y el segundo sobre uno de los adicionales de un 20% extra. Tampoco, por supuesto, se ha hallado resolución que autorice el anticipo financiero otorgado por los adicionales de obra”. “Cudmani y Venturino incurrieron en una maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública al incumplir de manera deliberada sus deberes funcionales de tutela y administración en el monto de la ejecución de la obra 533”, finalizó.

Frases

“Cudmani operó como pieza fundamental y ejecutora de este dispositivo fraudulento al que venimos haciendo referencia. La realidad fáctica de los expedientes licitatorios demuestra una reiteración de irregularidades groseras e injustificables”.

“Esta falta de precisión en la etapa de planificación derivó, entre otras cosas, al momento de ejecución, superposiciones de tareas, duplicidad en el pago de trabajos, como así también modificaciones introspectivas en los proyectos, generando, por supuesto, como no puede ser de otro modo, un perjuicio patrimonial directo a la Universidad Nacional de Tucumán”.

“Cerisola, en violación de sus propias resoluciones, pretendió transferir facultades indelegables a un nivel jerárquico inferior mediante instrumentos carentes de forma, motivación y competencia. Ello no solo infringe las reglas básicas del derecho administrativo, sino que compromete responsabilidad penal”.

“Las maniobras ejecutadas a través del otorgamiento de anticipos financieros, están intrínsecamente ligadas a las irregularidades advertidas desde el primer momento en la contratación de obras con fondos de YMAD”

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