
Fue otra jornada que los imputados de la causa por presuntas irregularidades en la administración de los fondos provenientes de YMAD a la Universidad Nacional de Tucumán pretenderán olvidar rápidamente. Es que en la segunda audiencia de alegatos del Ministerio Público, la fiscal auxiliar Lucía Doz Costa puso de manifiesto lo que a su entender fueron una serie de maniobras dolosas que merecen un castigo penal y no dudó en tildar lo sucedido como corrupción institucional. Nuevamente, los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Doz Costa estuvieron solos en la sala de juicio del Tribunal Oral Federal. Tanto los jueces Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, como los imputados, el ex rector Juan Alberto Cerisola, Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones- y los defensores, Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen, Alfredo Falú, Víctor Taleb y Pamela Tenreyro siguieron el relato vía zoom. El único presente fue el representante de la querella, Patricio Esperguín.
“Banderas rojas”
Doz Costa, que había comenzado el lunes su alocución, fue directo al hueso y basó muchos de sus dichos en las conclusiones del perito de la Corte, el ingeniero Francisco Guzmán. “Él ha documentado con precisión técnica decenas de irregularidades formales, administrativas, contractuales y presupuestarias en cada una de las 13 obras analizadas. Él las denominó red flags o banderas rojas. Estos son indicadores que en el lenguaje de la ingeniería forense aplicada a la corrupción, llaman la atención por su recurrencia y gravedad, y que en la experiencia internacional y en sus propias palabras, funcionan como alertas típicas de posibles maniobras de defraudación o corrupción en la obra pública”, afirmó. “Señores jueces, señora jueza, con el debido respeto -dijo-, el Ministerio Público Fiscal debe decirlo con total contundencia: cada una de las irregularidades marcadas en esta pericia como los demás informes técnicos y pericias como informes de los organismos de control marcados en esta causa y obrantes como prueba evidencian maniobras fraudulentas deliberadas orientadas a beneficiar al menos a determinadas empresas contratistas en perjuicio económico real y concreto de la Universidad Nacional de Tucumán”. Y agregó: “no estamos frente a errores administrativos aislados, estamos ante una reiteración sistemática de anomalías que constituyen conductas dolosas, en este caso, conductas dolosas que son además compatibles con la lógica de la corrupción estructural en la obra pública”.
Según aseguró la fiscal, “el régimen creado por Cerisola no fue solo un atajo administrativo, como han intentado justificar las propias defensas. Fue un instrumento estructural para facilitar la defraudación al erario público, soslayando los procedimientos legales que protegen el interés general”.
Otras anomalías
Pero además, la representante de la acusación advirtió que había otras anomalías que no sólo involucraban a los imputados. “Se creó un régimen propio para eludir controles y flexibilizar los principios rectores en toda contratación pública donde el Estado forma parte, pero también se violó este propio régimen dictado a medida”. Y recordó que “Cerisola consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT en ese momento, y ahora, a cargo del doctor Augusto González Navarro. Aquella consulta fue entonces materializada en una nota suscripta por el entonces y actualmente también Secretario General de la UNT, José Hugo Saab, donde se requería -estamos hablando del 2 de marzo del año 2008- dictamen al servicio jurídico sobre la forma y procedimiento que deben adoptarse a los efectos de las contrataciones para efectuar con obras de infraestructura y edilicio llevada a cabo con fondos provenientes de las remesas de YMAD”. “El discurso defensista de Cerisola se da de bruces con los hechos documentados durante este debate. Y es que la fecha en que se hizo la consulta jurídica para la creación de régimen para obras de infraestructura es dos meses después de haber renunciado al 40% de las utilidades de YMAD con el pretexto de que ya se había terminado la Ciudad Universitaria según el convenio del 2 de enero del 2008 y cinco meses luego de la presentación del tercer listado, este famoso listado de obras, sin previsión, inconcluso. Pero al menos dos años antes de este repentino interés de creación de un régimen propio, habían llegado los primeros fondos de YMAD a la UNT y ya se habían utilizado para obras además de para muchos otros fines”, explicó. Doz Costa siguió diciendo: “entonces suena por lo menos incongruente. Nos parece más que evidente que, en vez de la necesidad de avanzar con mayor agilidad y eficiencia posible, resultaba necesario justificar de algún modo lo que hasta ese momento ya se venía haciendo con los fondos de YMAD, de manera informal, discrecional, falta de planificación, falta de previsibilidad, en definitiva de manera completamente ilegal. Cuestión, que con este régimen propio, además, no hizo más que agravarse”. Y apuntó nuevamente contra un actual funcionario: “González Navarro, cuya intervención en este expediente, por supuesto no fue objeto de este debate, aunque como todas las partes sabemos podría serlo como muchos otros. El dictamen comienza haciendo un análisis de la naturaleza jurídica de YMAD para concluir alegando en resumidas cuentas que no corresponde aplicarse la ley de Obras Públicas y demás reglamentación de contrataciones del Estado”. Según ella, en la resolución del Director de Asuntos Jurídicos se advierte que “sí deben observar los principios que se derivan de la observancia de la ley de obras públicas, pero no deben observar estrictamente esos parámetros. Es una contradicción evidente. Es insalvable”, remarcó. Y resaltó: “es que los fondos de YMAD tengan la naturaleza que tengan, cuando ingresan las arcas de la UNT, son dinero público, son fondos públicos”. Y siempre hablando de la resolución de González Navarro, agregó que cuando dio testimonio en el juicio “dijo que si la administración activa estuviera vinculada por las opiniones jurídicas, entonces estaríamos desnaturalizando esto y le estaríamos atribuyendo al asesor jurídico lo que son potestades del funcionario que debe decidir”.
“Relevancia de Sacca”
Doz Costa también recordó que “este régimen fue creado al menos dos años luego de la llegada de los primeros fondos de YMAD a la UNT. Y hasta ese momento ya se habían hecho al menos una obra con esos fondos, además de haberse usado en otros gastos que no respondían a la imputación específica que marcaba la ley de YMAD como gastos de libre disponibilidad, se habían hecho innumerables gastos de caja chica, equipamientos que no necesariamente tienen que ver con infraestructura, automotores, ómnibus, camionetas, autos nuevos y usados, con autorizaciones”. “Y acá me voy a detener un instante -dijo- en Sacca y Cerisola, entre muchas otras personas que aparecen autorizando, pero principalmente Sacca y Cerisola en la parte de Automotores varios y ómnibus. Y aquí aparece de nuevo esta relevancia de Sacca en la gestión con la toma de decisiones u otorgando autorizaciones que no se entienden en el concepto digamos de su ubicación en el organigrama. Es bastante evidente cuál era la relevancia que tenía Sacca en esa gestión específica, en la de Cerisola”, remató.
Las exposiciones: retraso en el orden de los alegatos
Por razones de índole personal, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron suspender con antelación el alegato de ayer, por lo que la parte de la fiscal Lucía Doz Costa culminará hoy y le dará paso a su colega Agustín Chit quien, por lo extenso del análisis, seguramente deberá pasar parte del mismo a la audiencia del lunes. Así habrá un retraso en los planes previstos originalmente. Tras Chit será el turno del representante de la querella, Patricio Esperguín, y en días subsiguientes lo harán las defensas. El veredicto no se conocería antes de los primeros días de agosto.