Por Gustavo Rodríguez
18 Junio 2025
“La sensación es amarga, porque hemos mostrado que se están equivocando con gente inocente, una vez más”, aseguró Candela Álamo, la defensora de los tres acusados de estar vinculados con Miguel “Miguelón” Figueroa en un acto intimidatorio en contra de un funcionario judicial. Una joven a la que se le dictó la prisión preventiva, recuperó la libertad por un fallo de impugnación.
Según la investigación, el 6 de junio de 2025, a las 9:55, Leandro Guerrero se presentó a bordo de una camioneta VW Amarok registrada a nombre de su pareja, frente a un domicilio, en San Miguel de Tucumán vinculado al fiscal Carlos Sale.
El encartado tomó fotografías del inmueble en lo que se considera un acto con fines intimidatorios, presuntamente dirigido a presionar a las autoridades judiciales para lograr el traslado del interno Figueroa desde un penal de máxima seguridad hacia la provincia de Tucumán. El personal policial asignado a la custodia del lugar advirtió la situación. Al intentar identificar al ocupante del vehículo, el sospechoso se dio a la fuga.
El hecho se encuadra dentro del legajo en el que se investiga un mensaje de audio enviado previamente por Figueroa, en el que amenazaba al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez Gonzalo Ortega y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo, diciendo que “sus hijos pagarían por lo que le están haciendo”.
La pesquisa
Milagros Cano fue detenida al ser identificada como la propietaria de la camioneta, mientras que Ariel Carrizo también fue aprehendido por haber llevado el vehículo cuando se realizaba el procedimiento. Por último, Guerrero terminó entregándose a las autoridades. Los tres fueron acusados de amenazas coactivas agravadas. A la joven (que además se le abrió un expediente de narcomenudeo porque en su casa se encontraron 400 gramos de marihuana) y a su pareja le dictaron tres meses de prisión preventiva. Mientras que a Carrizo se le permitió seguir el proceso en libertad. Por ese delito están acusados Figueroa (se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz) y Marcela Noemí Díaz, la pareja del supuesto narco que fue condenado por tres homicidios.
En una audiencia de impugnación, el juez Eudoro Albo rechazó el fallo judicial y ordenó la inmediata liberación de Cano al entender que ser dueña de la camioneta no significa que haya tenido alguna participación en el supuesto ataque intimidatorio. La defensa espera que ocurra lo mismo con Guerrero, ya que en los próximos días se realizará la audiencia.
“Entiendo que existe un lineamiento de tolerancia cero frente al delito y que así debe ser, pero ello no vale de nada cuando en la marcha se llevan por delante a gente del día a día, al laburante que nada tiene que ver con el crimen. Esta causa no llegará a ningún lado más que a un trauma por lo que están viviendo esas familias”, agregó Álamo.
La defensora agregó: “la causa es el producto de una política criminal porque no soporta un análisis desde el derecho o la ley. No hay ningún delito, no hay pruebas, solo una acusación vacía y un juez que acoge todo lo que le piden. Así no se puede. Se están perdiendo derechos los ciudadanos de bien frente a una lucha contra el delito que no entiende de límites constitucionales”.
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