El Tribunal Oral Federal N°2 notificará este martes por la tarde a Cristina Fernández de Kirchner sobre su prisión domiciliaria. La ex mandataria recibirá la resolución a través de una videollamada por Zoom, según confirmaron fuentes judiciales y será para evitar el desplazamiento de la ex presidenta.
Con esta medida, la actual titular del Partido Justicialista quedará formalmente detenida en su domicilio ubicado en San José al 1.100, en el barrio porteño de Constitución. De esta manera, Cristina Kirchner no podrá participar de la movilización convocada para mañana por distintos sectores del peronismo, que insisten en mantener la protesta bajo la consigna "Cristina Libre".
La decisión se da en medio de un escenario judicial decisivo. Este mismo martes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de la defensa de la expresidenta y recomendaron mantener la orden de detención. No obstante, el juez Jorge Gorini trabaja desde hace días en una resolución contraria y ya se encuentra ultimando los detalles del documento que oficializará la prisión domiciliaria en las próximas horas.
El plazo para que Cristina Kirchner se presente voluntariamente ante la Justicia vence este miércoles. Sin embargo, una vez notificada, se considerará cumplida la exigencia judicial y comenzará a regir su detención sin necesidad de traslado físico.
La medida incluye condiciones específicas: debido a la falta de dispositivos disponibles, no se le colocará tobillera electrónica, pero se establecerá una custodia permanente a cargo de fuerzas de seguridad federales.
Además, se limitará el aforo de reuniones políticas en su domicilio. Pese a ello, la exmandataria podrá comunicarse por redes sociales, conceder entrevistas y aparecer en espacios públicos visibles como el balcón de su vivienda.
Desde el oficialismo temen que un eventual traslado judicial pueda desatar protestas difíciles de contener. Por eso se optó por la notificación remota. Sin embargo, dirigentes del PJ, gremios y organizaciones sociales ratificaron su intención de movilizarse en defensa de la exmandataria, denunciando una persecución judicial y apuntando contra lo que consideran un nuevo caso de lawfare.