Causa Ymad: comienza a develarse el futuro de Cerisola

A más de un años de haber comenzado las audiencias, y luego de escuchar a más de 100 testigos, los miembros del Tribunal Oral Federal de Tucumán habilitarán desde hoy el período de alegatos en la causa en la que se juzga al ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, y a los ex funcionarios Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones- en el marco del destino que se le dio a los fondos mineros que llegaron de YMAD.

Según lo dispusieron los jueces Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca, hoy comenzará el alegato del Ministerio Público Fiscal, integrado por Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, que se extenderá hasta el jueves inclusive. Allí, los acusadores desgranarán las pruebas que consideran fundamentales, obtenidas a lo largo de la investigación y del juicio, para luego pedir una pena para cada uno de los acusados.

La causa se relaciona con el manejo de unos $353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT en concepto de utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad.

Cerisola, que asumió como rector en 2006 y rigó la UNT hasta 2014, mediante tres resoluciones, organizó un plan de obras en distintas dependencias de la UNT, las comenzó a ejecutar con un régimen propio, por fuera de la Ley de Administración Financiera Nº 24.156, y acordó con YMAD, mediante acta del 2 de enero de 2008, declarar concluida la ciudad universitaria, con lo cual ese 40% de regalías que llegaran de la minería se debían repartir la mitad para las otras universidades y otra mitad para la UNT, ya de libre disponibilidad. En 2014, Florencio Aceñolaza, entonces director de la UNT ante YMAD, reveló que debido a ese cambio con el acta de 2008 la UNT había dejado de recibir $ 500 millones (unos U$S 110 millones de ese momento). Años después, en 2018, el acta de 2008 fue declarada nula por el Consejo Superior, y la UNT inició causa en la Justicia Federal en Catamarca para que se haga efectiva esa nulidad en YMAD.

En 2010 el arquitecto Ramón Eudal denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).

A lo largo del juicio declararon ex rectores, ex decanos, peritos, ex empleados y ex funcionarios, más otros que aún siguen siendo parte de la UNT. En todos los casos explicaron, a favor o en contra, lo que sabían de lo sucedido con el dinero y así, tanto los acusadores como las defensas pudieron sacar conclusiones que serán expuestas ante los miembros del TOF.

Hubo dos testimonios clave; el de los expertos Daniel Antonio Fontana, perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien concluyó que “no hubo irregularidades que nosotros pudiéramos constatar”; y el del ingeniero civil Francisco Pedro Guzmán, también perito ante la Corte, quien afirmó que “se hallaron irregularidades en cada uno de los expedientes”.

Los representantes del MPF debieron analizar cada uno de los testimonios y desde hoy brindarán sus conclusiones, para finalmente hacer el pedido de pena para cada uno de los acusados.

A partir del lunes y hasta el miércoles será el turno primero del representante de la querella, Patricio Esperguín, y luego de cada una de las defensas: Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen por Cerisola, Víctor Taleb por Sacca, Alfredo Falú por Cudmani y Pamela Tenreyro por Venturino. Se cree que para todos ellos no alcanzarán esos tres días, por lo que deberían habilitarse nuevas fechas. Teniendo en cuenta que luego habrá feria judicial, se descuenta que la sentencia se conocería recién en agosto.

La acusación

Cerisola fue acusado de administración fraudulenta contra la administración pública, (incumplimiento de deberes de funcionario público), respecto de la realización y/o refacción de las 13 obras públicas, entre las cuales tuvo mucha notoriedad la refacción de la Facultad de Derecho. También por las colocaciones financieras de los fondos provenientes de YMAD y por la disminución del porcentaje que debe recibir la UNT respecto del dinero proveniente de la minería.

Sacca fue acusado por administración fraudulenta contra la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, respecto de las colocaciones financieras del dinero proveniente de YMAD.

Cudmani fue acusada por administración fraudulenta contra la administración pública respecto de la realización y/o refacción de las 13 obras. Venturino, por administración fraudulenta contra la administración pública, en relación a una obra, la llamada 533 en el expediente, correspondiente a la Facultad de Derecho.