Por Micaela Pinna Otero
17 Junio 2025
Uno de los colaboradores del abogado Gustavo Morales fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional tras haber admitido que participó en la instigación a cometer una nueva sedición policial en febrero de 2024. Ramiro Julián Rigo estaba acusado de haber manejado las redes sociales a través de las cuales el penalista difundió videos que, según los investigadores, eran contra instituciones gubernamentales y promoviendo actividades subversivas.
La investigación de la causa, la cual fue declarada de asunto complejo debido a la magnitud de involucrados y de evidencias por recolectar y analizar, está al mando de la fiscala Mariana Rivadeneira. Todo salió a la luz el 24 de febrero de 2024, luego de que el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, presentara capturas de pantalla de cuentas y comentarios de la red social TikTok y de mensajes de un grupo de WhatsApp llamado “Sueldo Policial 2024”, advirtiendo sobre un posible levantamiento policial ante el descontento por su condición salarial.
Al iniciarse las pericias correspondientes, rápidamente quedó bajo la lupa el abogado Gustavo Morales, quien tenía una cuenta de TikTok llamada “Toda la Verdad”, a la cual subía videos aludiendo a que -según la teoría fiscal- la caída del jefe de Policía estaba próxima e incitaba a una huelga policial. Al avanzar con la pesquisa, los investigadores descubrieron que el penalista era el líder de un grupo también denominado “Toda la Verdad”, siendo Rigo su principal colaborador. Según la acusación endilgada por la titular de la Fiscalía de Delitos Complejos, Rigo “desempeñaba funciones de edición y publicación de contenido audiovisual, siendo responsable de la difusión de mensajes a través de redes sociales como TikTok y YouTube”.
Nexo y colaborador
Durante una audiencia realizada el martes 10 de junio, la auxiliar de fiscal Brenda Deroy explicó que el imputado, además de manejar las redes sociales de Morales, también mantenía comunicación con Héctor Coria (empleado policial imputado que trabajaba en el área de prensa del Ministerio de Seguridad y que fue individualizado por haber facilitado el contacto para dialogar con un abogado). Rigo le compartía los enlaces de los videos publicados, utilizándolo como nexo con el resto de los efectivos policiales que integraban el grupo de WhatsApp.
La representante del Ministerio Público Fiscal también informó que el Equipo de Investigaciones Fiscales (ECIF) pudo triangular conversaciones que Coria intercambió con un usuario de WhatsApp registrado bajo el mismo nombre de la cuenta de TikTok y vinculado a un número telefónico, cuya titular era la madre de Rigo. “A su vez, este número también era utilizado por Morales ya que hay mensajes de voz enviados por él”.
Algunos de los mensajes enviados por dicha cuenta y que extrajeron los peritos fueron: “Espero que todos los canas acompañen la publicación”; “Están a tiempo, organicen a sus familias, hagan carteles y pasacalles. Que vayan y llamen a las cámaras, que alguien hable, que representa a los familiares ya que ellos no pueden porque serán sancionados”.
También se encontró un mensaje de Coria donde refería que querían contratar los servicios de Morales. El abogado respondió ese mensaje con un audio que decía: “A disposición de todos los que necesiten mi servicio a los fines nobles y que estén injustamente relegados por una superioridad corrupta. Aquí estoy. Organicen”. Posteriormente, Rigo envió un mensaje de voz diciendo: “Deciles que si lo contratan a Morales nos contratan a todos, vamos todo el equipo”.
Luego de exponer la teoría fiscal y mencionar las evidencias recolectadas, Deroy presentó un convenio de juicio abreviado, arreglado entre el Superior Gobierno de la Provincia, representado por José María Molina, la Fiscalía y el defensor, Bruno Lisi. El mismo consistía en que Rigo asuma su responsabilidad penal, y en consecuencia cumpla una condena de dos años de ejecución condicional y una serie de reglas de conducta.
Tras mencionar los puntos del acuerdo, el imputado reconoció ser autor del delito de instigación a cometer sedición en calidad de partícipe necesario, por lo que el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió homologar el convenio.
Posible acuerdo
Morales fue privado de su libertad el pasado 28 de febrero luego de que se agravara su situación procesal al ser imputado por el delito de falso testimonio. El hombre fue trasladado al penal de Benjamín Paz, luego reubicado a Villa Urquiza y en total permaneció más de dos meses bajo preventiva hasta que sus defensores, Diego Piedrabuena y Carlos Garmendia, consiguieron que se le otorgara el arresto domiciliario.
Según informaron fuentes judiciales, el abogado podría estar dispuesto a firmar un convenio de juicio abreviado en los próximos días. Eso implicaría asumir su responsabilidad penal y en consecuencia podría recibir una pena de cumplimiento condicional. Si logra llegar a un acuerdo, Morales estaría renunciando a la posibilidad de que se desarrollase un debate oral en el cual las partes expondrían las evidencias, interrogarían a los testigos y un Tribunal determinaría su culpabilidad, o no, y la pena correspondiente.
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