Por Micaela Pinna Otero
14 Junio 2025
Tras una extensa audiencia el juez Raúl Ángel Robin Marquez dispuso que Roque “Chipi” Giménez permanezca alojado en la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz durante los próximos seis meses mientras es investigado como coautor del delito de intimidación pública y autor del delito de atentado contra el orden público.
La causa se inició luego de que el 5 de junio se viralizara el audio de una conversación telefónica que mantuvieron Giménez y el entonces intendente de Alberdi Luis “Pato” Campos en septiembre de 2024. En dicha llamada, se realizaron graves acusaciones que involucrarían a funcionarios alberdianos con irregularidades en las obras públicas de la ciudad, comercialización de estupefacientes, lavado de activos, entre otros ilícitos.
La fiscala Mónica García de Targa -en representación de la Justicia Ordinaria- lo estaba investigando por coacción agravada. Pero al haber surgido nuevos audios, ordenó su aprehensión, medida que se cumplió el 12 de junio, horas antes de la medianoche.
Antes de que se cumplieran las 48 horas de su aprehensión, el auxiliar de fiscal Bernardo Sassi formalizó la investigación en contra de “Chipi” Giménez y lo acusó provisoriamente por el delito de intimidación pública (en calidad de coautor) en concurso real con el delito de atentado contra el orden público (autor). También solicitó que la causa fuera declarada de asunto complejo y que “Chipi” fuera sometido a seis meses de preventiva.
Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, luego del 18 de septiembre de 2024 y antes del 5 de junio de 2025, Giménez mantuvo una comunicación telefónica con el entonces intendente de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi, Luis Armando Campos, en la cual se advertiría que ambos comparten interese comunes y conocimientos sobre determinados hechos delictivos.
“Con el fin de causar desórdenes y atentar contra la paz y el orden público dentro del municipio, junto con Campos y personas desconocidas hasta este momento, grabaron dicha conversación y la filtraron haciendo uso de las redes sociales para que la misma llegara a conocimiento de la sociedad. Dicha conversación refería a que debía ejercerse el poder mediante el manejo de la policía, la comercialización de la droga e incluso el control de la vida y la muerte de los habitantes del mundo municipio, logrando alterar el orden público a tal punto que la situación derivó en la necesidad de la intervención del municipio por parte del Poder Ejecutivo el pasado 9 de junio”, sostuvo Sassi.
No conforme y con la intención de causar aún más temor en la sociedad para lograr imponer sus ideas -siguiendo la acusación fiscal-, Giménez filtró nuevamente un segundo audio con las mismas características que el primero.
Explicación
El imputado negó haber sido él quien difundió los audios y afirmó que la llamada que mantuvo con Campos fue grabada sin su consentimiento. Explicó que el 18 de septiembre sufrió el robo de herramientas de trabajo que pertenecían a su empresa, Giménez Consulting Groups, y que estaban almacenadas en el galpón del ex Mercado Municipal. En consecuencia manifestó que denunció el ataque, que presentó evidencia que indicaba a José Funes como el presunto ladrón, pero jamás obtuvo respuestas.
“El 19 de septiembre acudí a la oficina de la municipalidad para pedir una audiencia con Campos. Mientras esperaba en el hall, donde había más personas aguardando, él me llamó por celular, empezó el diálogo”, declaró Giménez. “Tal cual lo dijo el intendente, se trata de un audio viejo en el cual yo reacciono y le reclamo a él de una forma mal dirigida por la impotencia y la bronca que tuve en ese momento. Le pedía que él tome acción como intendente ya que tenía las facultades para hacerlo y abrirle un sumario administrativo a los empleados municipales que estaban actuando mal”, agregó.
Su abogado defensor, Raúl Antoni, se opuso a la formulación de cargos y solicitó el sobreseimiento de su pupilo al considerar que como el audio difundido fue grabado sin voluntad de quienes intervinieron en la comunicación telefónica, no tendría validez probatoria. También objetó la medida de coerción de máxima intensidad y le requirió al juez que, en caso de no hacer lugar a su pedido, Giménez cumpla la prisión preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario, debido a que padece diabetes.
Finalmente el magistrado Robin Márquez resolvió rechazar todos los planteos expresados por el defensor y en cambio, hacer lugar a las peticiones del Ministerio Público Fiscal, ordenando que trasladaran al empresario constructor desde la Brigada de Investigaciones hacia el penal de Benjamín Paz.
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