La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificó la fecha en que concurrirá a los tribunales federales para quedar detenida por la causa “Vialidad”, con lo que comenzará a purgar la pena de seis años de cárcel -e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos- confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, aseguró la titular del Partido Justicialista (PJ) a través de un descargo público.
En ese texto, CFK compartió el escrito elevado a través de su abogado defensor, Carlos Alberto Beraldi, para solicitar la detención domiciliaria, luego del fallo de la CSJN que dejó firmes las nueve condenas dictadas en 2022 por el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La ex mandataria explicó que ese planteo, de 14 páginas, fue formalizado “cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular”. Y remarcó que el objetivo de ese requerimiento es cursar el arresto “en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, argumentó CFK.
Recordó en ese sentido que existen “motivos institucionales” para obtener la detención domiciliaria. “Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, indicó.
Y sumó a esta circunstancia una razón “más grave y definitoria para la resolución del Tribunal”. “El 1 de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió’, ironizó Cristina Kirchner, en alusión al hecho protagonizado por Fernando André Sabag Montiel.
Sin tobillera
En el escrito presentado ante el tribunal que preside Jorge Gorini, el abogado Beraldi remarcó que además de “la edad que registra nuestra representada” (72 años), se suman “otras condiciones que demuestran, fuera de toda posible discusión”, que corresponde el dictado de la detención domiciliaria. Así, mencionó “razones de seguridad personal”, en alusión a su pasado como máxima autoridad nacional y el ataque perpetrado por Sabag Montiel. “El alojamiento (de CFK) en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en su situación”, aseveró el defensor.
A eso se sumó que, según el letrado, Cristina “dio pruebas inequívocas de estar sometida al accionar de la Justicia”. “Es decir, nunca existió siquiera de manera remota un riesgo procesal de fuga”, añadió. Incluso, consideró que “el uso de tobillera electrónica” en este caso “deviene completamente innecesario”.
Por último, Beraldi advirtió que, en caso de negativa del TOF N°2, se hacía reserva de recurrir ante la Corte nacional o ante los tribunales internacionales para solicitar este beneficio.
De hecho, los abogados de la ex mandataria formularon una denuncia en la Corte Penal Internacional y preparan otra que elevarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir la revisión de su caso.
Un lugar “apto”
El planteo defensivo de Cristina Kirchner sobre el arresto domiciliario sigue su curso ante el Tribunal Oral Federal N°2.
En ese sentido, trascendió que el juez Gorini ya cuenta con el informe socio ambiental referido al departamento de calle San José 1.111, donde la ex presidenta solicitó afrontar la condena. El resultado de esa inspección habría determinado que el lugar es “apto” para el cumplimiento de la medida privativa de la libertad.
De todos modos, todavía resta la decisión del juez de ejecución de sentencia. Para ello, además, se requirió la opinión del Ministerio Público Fiscal (MPF), que en el caso “Vialidad” estuvo a cargo de Diego Luciani y de Sergio Mola. El plazo dispuesto por el tribunal caduca en las próximas horas, y entonces se pasaría a resolver las condiciones de la detención de Cristina Kirchner.
Mientras se avanza con este legajo, Gorini también dio instrucciones al Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich para que presente los posibles lugares donde sería factible alojar a la ex jefa de Estado.