Por Micaela Pinna Otero
10 Junio 2025
La causa penal por la venta ilegal de la mercadería proveniente del Ministerio de Desarrollo Social quedó a un paso de cerrarse por completo. A través de un juicio abreviado, el líder de la organización, Juan Alberto López Cansillieri, admitió su culpabilidad y fue condenado a tres años de prisión efectiva y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además deberá pagar $2 millones para resarcir los daños provocados.
El polémico caso estalló a fines de del 2024, luego de que la pareja del imputado lo denunciara por violencia de género. El 25 de noviembre, personal policial allanó la vivienda de López Cansillieri, ubicada en Manantial Sur, y fue allí cuando descubrieron que el hombre tenía acopiada una gran cantidad de mercadería que estaba destinada para sectores vulnerables. Al ahondar la pesquisa hallaron documentos que indicaban que López Cansillieri, junto a otras personas, habrían desviado el destino de donación para los diferentes dispositivos alimentarios de sectores vulnerables con el fin de su comercialización en beneficio propio.
Roles y liderazgo
El hecho comenzó a ser investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos. El 29 de noviembre se formuló cargos contra López Cansillieri y su padre, Alberto Felipe López, por el delito de peculado. El 10 de diciembre se imputó a Arturo Alejandro Augier, a Malvina Soledad Décima y a Brenda Muñoz como partícipes necesarios para concretar la venta de los alimentos. Posteriormente se acusó a Mauricio Ángel Romo como partícipe secundario.
Durante los meses siguientes, la fiscal Mariana Rivadeneira analizó la documentación y las declaraciones brindadas por los testigos para definir qué rol empleó cada involucrado. Así llegó a la conclusión que López Cansillieri fue quien lideró cada movimiento de este ilícito.
Según señaló la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, de las pericias practicadas a los celulares de los implicados se extrajeron conversaciones que comprueban que López Cansillieri era quien contactaba a las personas para realizar la venta. “Les explicaba el mecanismo o cómo debía llevarse a cabo la maniobra, así como también contactaba a las otras personas involucradas en la investigación, dándole las disposiciones y organizando a este grupo -que evidentemente lo tenía a su cargo-, de acuerdo a las disposiciones de tareas que cada uno de ellos tenía. También se evidenció que los cobros se giraban hacia López Cansillieri y que era él quien manejaba los precios de la mercadería”, expuso.
Orquestador del plan
A su vez, citó la declaración de Alberto López, quien identificó a su hijo como el orquestador del plan. “Ponía a distintas personas en cabeza de organizaciones para formar un bloque y confirmó que de esta manera se acrecentaba el caudal de mercadería que recibían mensualmente y que por ende podían comercializar, generando un mayor ingreso para López Cansillieri. A cambio de este trabajo, los otros coimputados recibían vivienda y alimentos a diario”.
La Fiscalía, junto con el imputado, su defensora Natalia Borsini, y el abogado José María Molina (en representación del Gobierno de Tucumán), arribaron a un convenio de juicio abreviado. El mismo consiste en que López Cansillieri reciba una condena de tres años de prisión efectiva, una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el compromiso de pagar $2.000.000 en cuatro cuotas para resarcir los daños causados.
Tras leer los puntos del acuerdo, López Cansillieri admitió que entre 2023 y noviembre de 2024, mientras trabajaba en la Legislatura de Tucumán, retiró y acopió 66 fardos de puré de tomate, 41 fardos de aceite, 90 fardos de arroz, 118 fardos de yerba, 63 fardos de fideos, 119 fardos de harina, 101 grados de lentejas, 79 fardos de azúcar y cuatro cajas de leche en polvo mediante órdenes de entrega emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social, para luego comercializarlos, pese a que su venta estaba prohibida.
El juez Alejandro Tomas, resolvió homologar el juicio abreviado y condenar a López Cansillieri. El 15 de mayo, Alberto Felipe López y Augier fueron condenados a tres años de condicional mediante un abreviado.
El 21 de mayo, Muñoz y Décima accedieron a una probation (una salida alternativa en la cual las acusadas pueden librarse de afrontar un juicio oral y sin la necesidad de admitir su culpabilidad, siempre y cuando cumplan con lo pactado). La misma consiste en realizar trabajo comunitario durante un año, pagar una reparación económica de $100.000 y cumplir una serie de reglas de conducta.
De esta forma sólo resta que se solucione la situación procesal de Romo para poder cerrar el expediente.
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