Por Matias Argañaraz
23 Mayo 2025
Mediante el decreto 340 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional desreguló el transporte marítimo y amplió el listado de actividades esenciales, lo que implica restricciones al ejercicio del derecho a huelga en diversos sectores. La medida generó un fuerte rechazo entre los gremios tucumanos, que cuestionaron su implementación por decreto de necesidad y urgencia, y anticiparon que acudirán a la Justicia para impugnarla.
Luis Diarte, secretario general de la CGT Regional Tucumán, comentó a LA GACETA que el decreto del gobierno es inconstitucional ya que viola el artículo 14 bis de la Carta Magna. “Es algo que venimos viendo con este gobierno que no respeta las instituciones. Nosotros, en los gobiernos democráticos y republicanos, tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Para qué tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores si lo que van a decidir ahí luego lo vetan o sacan decretos?", criticó el dirigente, al referirse que la medida de limitar las huelgas fue impulsada por un DNU y no consultada en el Congreso.
Sobre los porcentajes de garantía de servicios durante una huelga, que van del 50 al 70%, el titular de Smata señaló que van en contra de los derechos del trabajador: “¿Cómo puede ser que adoptemos una medida para luchar por los derechos del trabajador si vas a tener prácticamente el 80% trabajando adentro y el 20% afuera? Vamos a presentar recursos en la Justicia para que tome cartas en el asunto. Si la Justicia en estos momentos no actúa, entonces ya estamos al libre albedrío de todo esto, pero confío en que dará lugar a las presentaciones”.
“Contra la clase obrera”
En una protesta llevada a cabo en Casa Histórica, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (Atep) reclamó que limitar el derecho a huelga es avanzar contra la Constitución y criticaron el porcentaje de garantía que expone el decreto del Gobierno nacional. “A través de este decreto se debe garantizar un 75% de asistencia y el otro 25% en la calle para ser considerado una huelga como tal. No se respeta el espíritu del derecho establecido por la Constitución”, manifestó Nora Yenad, secretaria adjunta del gremio.
En el nivel universitario, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo al decreto al que acusa de ser un “liso y llano ataque al derecho de huelga”. “El decreto que acaba de lanzar Milei es un refrito del capítulo laboral incluido originalmente en el DNU 70, y que quedó suspendido por un fallo judicial. Ahora, forma parte del paquete de las iniciativas de ‘desregulación’ que pilotea (Federico) Sturzenegger”, señaló Anahí Rodríguez, secretaria general, a LA GACETA. En otras líneas, la docente universitaria criticó que el DNU apunta contra la clase obrera “que comienza a rebelarse contra los cepos salariales y sus gendarmes sindicales”.
“No debe generalizar”
Para los gremios de la salud, la medida cercena un derecho conquistado aunque deslizaron que el objetivo del Gobierno es ir contra algunos sindicatos en particular. “Esta medida no afectará tanto el sistema de salud, porque las guardias siempre se tienen que cumplir. Esto va más hacia el transporte y otros sectores privados. Él dice que el Estado no debe meterse, entonces a esto lo deben arreglar los empleadores y los gremios”, indicó José Gerban, secretario general de AME.
Adriana Bueno, secretaria gremial de Sitas y vicepresidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, manifestó que la medida es regresiva y no limita la protesta, más bien la prohíbe. “Es bastante fácil legislar en contra del más vulnerable, pero por qué no legisla respecto al patrón. Piden garantizar el 75%, pero hoy mismo el sistema no tiene ese porcentaje de garantía. Faltan profesionales, hay un sinnúmero de lugares donde no se pueden dar las prestaciones y la gente se tiene que trasladar”, comentó. En otras líneas, la referente criticó al presidente Javier Milei por apuntar contra los sindicatos y generalizar: “Propio de la ideología de quién gobierna, atenta contra los sindicatos que son los legítimos representantes de los trabajadores. Si el Gobierno sabe algo en contra de algunos sindicalistas que vaya contra ellos, pero no contra la figura de todo el sindicalismo. No debe generalizar”.
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