La fragilidad laboral es el combustible de la pobreza

Ricardo se baja del andamio. Fue un sábado difícil, pero con expectativas. Es día de paga de la semana. “Trabajo en varias obras, pero aún así, no llego a fin de mes. Mi señora vende macanitas por el Face. Eso ayuda”, dice a LA GACETA este obrero que roza el medio siglo de edad. Nació y creció bajo el signo de la construcción. Vivió algunos años de vacas gordas, cuando la inflación no agobiaba, pero padeció y padece los períodos de crisis y ajuste. “Ahora los precios se calmaron. Con suerte, al mes puedo reunir $ 700.000 para comer, para que mis chicos vayan a la escuela y rezar para que ninguno en la casa se enferme. ¿Vio cuánto cuestan los remedios? Una locura”, cuenta. Reniega porque la canasta básica total supera el millón de pesos y a él le falta un 25% de ese ingreso mensual para no caer en situación de pobreza; también porque trabaja en negro. En Tucumán, esa canasta fue calculada en  $ 933.597 porque los alimentos subieron. Según el reporte de la Dirección de Estadística de la Provincia, la papa aumentó un 46%, casi lo mismo que el tomate, mientras que la lechuga se reajustó un 34% en los precios de abril último.

La informalidad laboral es el combustible de la pobreza. La Argentina continúa navegando sin un rumbo claro en el mundo del trabajo. A pesar de la importancia estratégica que tiene el empleo de calidad para impulsar el crecimiento económico, el país sigue atrapado en una dinámica laboral frágil, marcada por el avance persistente de la informalidad y la falta de modernización en sus instituciones laborales, dice un reporte del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral).

De acuerdo con los últimos datos oficiales, del cuarto trimestre de 2024, el 42% de los trabajadores se encuentra en condición de informalidad, mostrando un leve incremento respecto al 41,4% del mismo período de 2023. “Aunque este fenómeno no es nuevo, la falta de un golpe de timón en materia de políticas laborales permitió que se consolidara como una característica estructural, afectando más a los jóvenes y a los trabajadores por cuenta propia”, indica el reporte del instituto que depende de la Fundación Mediterránea. Entre estos grupos, seis de cada 10 trabajadores se desempeñan en la informalidad, sin acceso a derechos laborales ni cobertura de seguridad social. Lejos de corregirse, esta tendencia se ha intensificado en la última década. Entre 2014 y 2024, el empleo total creció un 20%, incorporando 3,6 millones de trabajadores. Sin embargo, detrás de este dato se oculta una realidad preocupante, el empleo asalariado privado registrado (el segmento más sólido y protegido) se mantuvo prácticamente estancado en torno a los 6,2 millones de puestos, puntualiza Laura Caullo, investigadora responsable Área de Empleo y Política Social del Ieral.

El crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por un aumento del 40% la cantidad de monotributistas, una modalidad que, si bien ofrece cierta formalización fiscal, funciona como vínculos laborales encubiertos, y por un 18% en el empleo público. A su vez, buena parte de los nuevos ocupados se insertaron en la informalidad. Así, remarca la economista, la expansión del empleo se apoyó en formatos precarios o insostenibles, sin revertir la debilidad estructural del mercado laboral, es decir, la incapacidad de generar empleo privado formal, de calidad y a escala.

Durante la actual gestión de gobierno del presidente Javier Milei, el número de inscriptos en el monotributo social cayó un 60% debido a la reconversión del programa Potenciar Trabajo, que eliminó a los intermediarios y cambió la forma de canalizar los beneficios. Como resultado, muchos beneficiarios dejaron de estar registrados bajo esta figura.

En paralelo, la informalidad laboral no mostró mejoras. Dentro de este universo, sostiene Caullo, los asalariados no registrados representan el 63%, mientras que el resto corresponde a cuentapropistas informales. “Esta persistente informalidad no solo limita el acceso a derechos laborales básicos, sino que también debilita el financiamiento del sistema de seguridad social, comprometiendo su sostenibilidad futura”, explica la investigadora.

La otra cara

La desocupación dejó de ser una preocupación en la realidad socioeconómica argentina. En realidad, aquel flagelo se reconvirtió en un mercado que no genera puestos de calidad. La razón para que el desempleo sea bajo, aún en tiempos de crisis, es la fuerte expansión del cuentapropismo, advierte un reporte del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa). Cuando una persona no logra conseguir un empleo en una empresa formal generalmente apela a autoemplearse. Esta modalidad de inserción laboral se ve facilitada por las nuevas tecnologías. Utiliza su auto para transportar personas, su moto o bicicletas para hacer repartos o vender productos por las redes sociales. La pérdida de empleos de buena calidad (asalariados formales) se compensa con el aumento del cuentapropismo, acota.

Las plataformas digitales son una vía rápida de fuente laboral tanto para gente que se queda sin trabajo como para las que quieren entrar desde la inactividad. Pero si hubiese mejores instituciones laborales muchos podrían conseguir empleos de mejor calidad. Hasta ahora hubo avances parciales eliminando algunas de las distorsiones más severas de la legislación laboral, como la multiplicación de la indemnización por despido. Pero en lo sustancial siguen vigente las mismas regulaciones obsoletas y las malas prácticas dentro de la justicia laboral, concluye Idesa.

Una tasa del 51,4%

El trabajo no registrado en Tucumán

Asalariados sin descuentos jubilatorios. Ese es el término técnico con el que se define al trabajo no registrado. De acuerdo con los datos oficiales, al cierre del año pasado, en el aglomerado urbano del Gran Tucumán-Tafí Viejo, el 51,4% de los asalariados no fueron inscriptos por sus empleadores. En cifras, eso representa una población estimada en 149.000 personas. De esa manera, los empleados en negro se consolidan como la segunda fuerza laboral de la provincia, casi 30.000 puestos menos que los trabajadores privados formales y 20.000 empleos más que los agentes estatales de la provincia.