Por Gustavo Rodríguez
13 Mayo 2025
El responsable de la agencia local de la Dirección General de Aduanas dio un importante paso para ordenar la caótica situación que afronta ese organismo y la Justicia Federal ante el notorio incremento de ingreso de mercadería de origen extranjero. Un primer fallo amplió el monto del aforo, pero la medida fue apelada y ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones.
Aforo es el término que marca un límite. Si una persona es descubierta con mercadería de contrabando por debajo de los $500.000, se transforma en un infractor. Las normas establecen que deben abonar una multa cuyo costo está compuesto por el valor de lo decomisado más impuestos. Por ejemplo, si a una persona se le decomisó un celular valuado en $300.000, para recuperarlo tendrá que pagar unos $750.000.
Pero si esa cifra supera los $500.000, debe ser considerado como contrabando, por lo que se debe iniciar una causa en la Justicia Federal. La cifra es exigua si se tiene en cuenta que cada bulto que se secuestra está valuado en $750.000 o el kilo de hojas de coca (otro de los productos que más se secuestra en el marco del Operativo Lapacho) tiene un aforo de $57.500.
Riesgo de colapso
La judicialización de los decomisos también genera otro trastorno. Es mucho más complicado darle un destino final a la mercadería, ya que debe superar varios procesos hasta que un juez autorice su entrega o destrucción. Pero si los productos quedan en manos de la Aduana, el trámite es mucho más sencillo y veloz, sin contar que significó una importante reducción de tarea para los funcionarios judiciales. “Hay un peligro cierto de colapasar y lo que es más grave, este tipo de causas nos quitan tiempo y recursos cuando más los necesitamos”, dijo una fuente de la Justicia Federal.
Hubo un caso con el que se intentará marcar un precedente. En un control de rutina, se descubrió que un hombre transportaba 25 kilos de hojas de coca. Al hacer la valuación correspondiente, la Aduana le informó al juez que el monto del secuestro era de más de $600.000, por lo que le abrió una causa por contrabando.
En el marco de ese expediente, el responsable local de la Aduana Osvaldo Acosta solicitó que se actualizará el valor de aforo, que fue establecido en 2017 y que pese a los procesos inflacionarios, jamás se actualizó. El fiscal federal Agustín Chit se opuso al planteo y solicitó que especialistas Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac) que terminaron rechazando el pedido.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez, después de haber analizado el caso, teniendo en cuenta los fallos dictados por colegas de otras jurisdicciones, entendió que el monto del aforo debería ser de $14,1 millones. Por esa razón, se declaró incompetente para seguir actuando en el expediente que originó el debate, ya que con la actualización de la cifra no se trata de una caso de contrabando, sino de una infracción aduanera.
El fiscal Chit resolvió apelar la resolución del magistrado. Si la Cámara le da la razón a Díaz Vélez, su fallo tendrá mayor peso como jurisprudencia y podría ser aplicada en todo el país.
Si ello llegara a suceder, la Justicia Federal deberá declararse incompetente en los miles de causas de contrabando que se abrieron en los últimos tiempos. La Aduana fijará entonces las multas y, si es que el infractor decide no pagar, las prendas de vestir, frazadas, calzados y sábanas podrán ser donadas a los sectores más carenciados.
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